Casi la mitad de los más de 35.000 menores tutelados por el Estado crece en centros gestionados por las comunidades autónomas o por entidades privadas financiadas con fondos públicos. El resto, otros 18.900 menores, conviven en familias, según los últimos datos del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030.

La figura del acogimiento familiar, que la ley marca que debe ser la prioritaria, continúa sin ser la principal opción, y  las organizaciones de acogida de menores denuncian que los niñas, niños y adolescentes pasan demasiado tiempo institucionalizados. En 2020, el 73% de los menores que ingresaron en el sistema de protección fueron derivados directamente a un centro, mientras solo el 27% disfrutó del acogimiento familiar.

Las consecuencias que tiene para estos menores vivir durante años en centros y sin figuras de referencia son nefastas para su desarrollo. Diversos expertos de organizaciones como Unicef y Save the Children defienden a Público la necesidad de que estos menores crezcan en ambientes en los que tengan referentes y la importancia de crecer en un entorno familiar.

Más problema con los adolescentes

En el caso de los adolescentes el problema se complica, porque se trata de centros abiertos en los que los menores entran y salen con libertad y sin la supervisión que pueden tener en un entorno familiar. 

Prueba de ello ha sido la mafia organizada que obligaba a prostituirse a diez niñas y adolescentes y que la Policía desmanteló la pasada semana. La banda explotaba sexualmente a una decena de niñas, la mayoría acogidas en centros y tuteladas por la Comunidad de Madrid. Pero no ha sido el único caso. Episodios similares han tenido lugar en otras comunidades autónomas a lo largo de los últimos años, como en Baleares, Canarias o Valencia.

Se da la circunstancia de que estos casos de abusos y explotación de menores, a pesar de estar acogidos en centros, se repiten en unas y otras comunidades sin importar el signo político del gobierno autonómico.

Ya en 2017, un informe realizado por UNICEF en nueve comunidades denunciaba que en siete de ellas "podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, quienes además las utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro". 

Datos alarmantes

"Los datos son alarmantes, pero desde entonces no ha pasado nada. Ni se han puesto en marcha protocolos, ni se ha impulsado con más decisión la figura del acogimiento en familias", afirman desde la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF), una organización que incluye a organizaciones de distintos lugares del Estado.

Estos datos chocan con la legislación actual. En el año 2015 se modificó la ley del sistema de protección de la infancia y la adolescencia. Entre las novedades incluidas, la ley establecía que el acogimiento residencial debía ser el último recurso y que en todos los casos se debía primar el acogimiento familiar. La ley estableció, además, que "no se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad, debidamente acreditada". Esta limitación a permanecer en centros se aplica también a menores de seis años que deberían, pero no se hace, pasar al acogimiento familiar lo más rápido posible.​

Más un millar de menores de seis años en centros

Así, a pesar de lo que dispone la normativa, en 2020 permanecían en centros de acogida un total de 1.177 menores de seis años (537 de entre cero y tres años, y 640 con edades entre cuatro y seis). Desde ASEAF denuncian que en los últimos cinco años, desde que se aprobó la ley, el número de menores que viven en familias de acogida se ha mantenido estable o incluso ha bajado. Así se refleja en los datos del año 2020, en el que el número de menores en acogimiento familiar era de 18.892 lo que supone un descenso del 2,2% respecto de 2019.

María Arauz de Robles, presidenta de ASEAF, afirma que en los últimos cuatro años los niños, niñas y adolescentes que entran en el sistema de protección van directos de forma mayoritaria al acogimiento en centros, en vez de con familias como marca la ley.

El acogimiento familiar como solución

Para Arauz de Robles, "no se trata de mejorar el sistema, sino de tener la valentía de acometer un cambio radical que nadie se ha atrevido a realizar". Además, la presidenta de ASEAF denuncia que, por el contrario, los datos sobre los menores tutelados se esconden. De hecho, lamenta que no haya campañas de sensibilización, ni de concienciación para impulsar el acogimiento familiar de estos menores vulnerables.

Tal como explican a Público desde ASEAF, las retirada de tutela a las familias es una medida temporal, y debería revertirse y restituir al menor a su familia biológica. Pero mientras eso no ocurre, el menor debería poder convivir con una familia, no en una institución. Sin embargo, "la realidad es muy distinta", explican.

Muchos de estos menores son tutelados por el Estado porque viven en familias desestructuradas, en las que puede haber problemas de adicciones o de salud mental. "Pero una vez retirado el niño de ese ambiente, no se trabaja con la familia biológica para ayudar a su recuperación", explica Arauz de Robles.

Menores tutelados en el limbo

De hecho, tal como revelan los datos publicados por el Ministerio de Derechos Sociales,en 2020 tan sólo once menores de cada cien retornaron a su familia de origen, un porcentaje similar a lo que ocurre año a año. "Es decir, la Administración decreta el desamparo del menor, lo mete en un centro, y la gran mayoría no sale en acogimiento familiar ni vuelve con su familia. Se quedan en un limbo", denuncia Arauz de Robles. 

El acogimiento familiar, afirma la presidenta de ASEAF, además de ser una medida de mayor protección para los menores, es económicamente eficiente. "El sistema de centros puede costar unas diez veces más que el acogimiento en familias", señala.

Según los datos que baraja la organización, cada niño que reside en un centro de acogida supone una inversión de la Administración de entre 3.000 y 6.000 euros al mes.

"A las familias se nos da una ayuda que varía dependiendo de las comunidades", asegura Arauz de Robles. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid aporta a cada familia de acogida por cada menor unos 2.500 euros al año. La Administración, sin embargo, no se hace cargo de gastos extras, como la necesidad de psicólogos, logopedas o una posible ortodoncia. Esto corre a cargo de las familias, a pesar de que estas necesidades sí se desembolsan en el caso de los menores institucionalizados.

La asociación aboga por la necesidad de acometer una reforma radical del sistema de acogida, como han hecho otros países como Irlanda, una medida que, además, sería eficiente en términos económicos y humanos. Explican que Irlanda tenía un sistema de acogida muy parecido al Español, con institucionalización de niños en macrocentros relacionados con entidades religiosas "y le dieron la vuelta. Hoy en día el 90% de los tutelados en aquel país vive en acogimiento familiar".

Arauz de Robles recuerda que ya en 2018 un informe del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidad advirtió en sus recomendaciones que España debería tomar medidas en relación al elevadísimo número de menores institucionalizados. El próximo año nuestro país volverá a pasar el examen de este organismo (se hace cada cuatro años) sin los deberes cumplidos. 

Por eso desde ASEAF exigen que se ponga en marcha una comisión de expertos que analice los fallos del sistema y que proponga una reforma en profundidad, no un cambio cosmético. "Estamos en un momento que no podemos entender. Tienen la ley, están cubiertos legalmente. Tienen una presión por parte de Naciones Unidas para acometer cambios y además tienen los fondos europeos de los que una parte está destinado a la desinstitucionalización. Lo que falta ahora es voluntad y valentía", concluye Arauz de Robles.