El sistema de tutelas de menores en España tiene serios problemas. El último caso conocido recientemente en Madrid, en el que se detuvo a una red de 37 personas que utilizaban a una decena de menores procedentes de estos centros de acogida para la venta de drogas y a las que explotaban sexualmente, ha hecho saltar todas las alarmas. Pero no se trata de un caso único ni aislado. A lo largo de los últimos años otros casos similares que involucran a un alto número de niñas se han conocido en Mallorca, Canarias o Valencia. Diversos expertos consultados por este diario afirman que existe una falta de recursos y de voluntad política para proteger a estas menores y que el sistema de acogida adolece de problemas largamente desoídos. 

Un informe de UNICEF publicado en 2017 y en el que entrevistaban a más de 300 responsables, educadores y menores alertaba de que existían casos de explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autónomas analizadas. Aunque no especificaba en cuáles, advertía de que "en algunos casos podría haber indicios de que son captados por redes de trata de seres humanos, que además les utilizan para conseguir contactar con otros menores del centro".

"Si bien se han producido avances legislativos en los últimos años, como la Ley Orgánica de protección jurídica del menor de 2015 que supuso una transformación del sistema de protección, ésta no llevó aparejada una dotación presupuestaria y hemos visto cómo a lo largo de los últimos años este sistema ha ido funcionando por inercia. El hecho de que existan serios problemas de financiación y de recursos en el sistema de protección a la infancia a lo largo de los últimos años muestra hasta que punto este asunto no ha sido una prioridad política", afirma a Público Cristina Junqueras, responsable de políticas de Infancia de UNICEF.

Otros expertos van aún más lejos y hablan de una desinversión de recursos en algunas comunidades autónomas, como Madrid. Es el caso de Miguel Ángel Martín que durante 11 años fue director de dos centros de atención a la Infancia de la Capital. Denuncia que desde hace más de una década se han destruido servicios clave para la protección de menores, como los educadores de calle o los programas de vida independientes, que llegó a tener 100 plazas y que era una alternativa para chavales que rechazaban la institucionalización y vivían a cargo de monitores especializados en pisos y albergues. 

"Los programas para la vida autónoma no están, no existen. Se han ido cerrando o paralizando y habría que preguntarse cómo se trabaja la emancipación", explica Martín a Público. Este experto relata cómo a lo largo de las últimas dos décadas el modelo, al menos en la Comunidad de Madrid, ha potenciado los "macrocentros tardo-franquistas", en donde el número de niños tutelados es muy alto (algunos llegan a tener 70 o 90 plazas) y en los cuales realizar una intervención individualizada de los menores es prácticamente imposible. "Hemos retrocedido en estos últimos años de forma brutal y lo que padecemos en la última década es una situación de abandono", añade.

La situación no es homogénea. Si bien la Administración central tiene una labor de supervisión y de asegurar la coherencia de estos servicios, las competencias están transferidas a las distintas comunidades autónomas y los modelos y recursos varían entre unas y otras. Otro problema de esta descentralización es la dificultad para recopilar y analizar datos globales. Tal como han manifestado todos los consultados para este reportaje, conocer la realidad de los menores tutelados y las carencias en las distintas regiones es una tarea titánica.

Se calcula que en nuestro país existen unos 50.000 menores tutelados, de los que el 55% están institucionalizados (conviven en centros), frente al 45% que viven acogimientos familiares, una figura que según las leyes y las recomendaciones de los organismos internacionales debería ser la prioritaria. Nuestro país está aún muy lejos aún de alcanzar la recomendación de la acogida en familias y es uno de los países europeos que más niños, niñas y adolescentes mantiene en centros de acogida. Esta gran cantidad de menores viviendo en centros de acogimiento, muchos de ellos con más plazas de las deseables, tiene como consecuencia la dificultad para hacer un seguimiento individualizado de los casos y poder prevenir riesgos de violencia.

Estos centros, además, suelen ser de régimen abierto, por lo cual los adolescentes a partir de los 12 o 13 años pueden entrar y salir del mismo sin supervisión. Todos estos elementos hacen del sistema de custodia y tutela un polvorín e incluso una auténtica cantera para mafias relacionadas con la droga y la prostitución, denuncian los consultados. 

"La explotación sexual de menores tuteladas es una realidad en España y en el resto de Europa. Lo que ocurre, y esto está ampliamente estudiado no sólo en España, sino también en países de nuestro entorno, es que estos niños y niñas que están en centros residenciales de protección vienen con experiencias de malos tratos y violencias muy graves en sus familias, y esto no lo podemos olvidar. En la mayoría de los casos, las niñas y niños explotados vienen con abusos sexuales previos por parte de las personas de las que dependían, de sus cuidadores principales (el padre, la madre, los tíos o abuelos). Nos encontramos con niños altamente vulnerables que requieren de un vínculo seguro con un adulto, que el sistema de protección en centros no ofrece. Este es el principal factor de riesgo, porque un niño no puede crecer en un centro, donde no puede haber (por mucho que algunos educadores se esfuercen), que pueda ser referente como un padre o una madre", explica a este diario Noemí Pereda, directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona y coordinadora del grupo de investigadores nombrado por el IMAS de Baleares para investigar el abuso sexual de niñas tuteladas en dicha comunidad.

Esta experta explica que las menores que entran en los centros son muy vulnerables, que en general vienen muy dañadas y se encuentran absolutamente desamparadas a nivel emocional en un centro. A esto se suma que hay una serie de mafias que conocen muy bien estas necesidades de pertenencia de los menores. El dinero, afirma, no es lo más importante para ellas. "Es verdad que a veces estas mafias les dan recompensas, les regalan móviles..., pero lo más importante es el vínculo emocional, y esto es complejo y es donde realmente tenemos un problema porque no queremos escuchar".

Afirma que durante la exhaustiva investigación que el equipo llevó a cabo en Mallorca, los explotadores sexuales se hacían llamar papis; los clientes, tíos; y las niñas explotadas eran hermanas. "Esto es el modelo de familia que estas niñas están deseando tener. Lo que hacen las mafias es una perversidad, pero fíjate cuánto conocimiento tienen para captarlas", añade Pereda.

En general no se encuentra una niña sola involucrada con estas mafias, sino varias de ellas, incluso decenas. En la última actuación policial en Madrid se detectaron diez niñas explotadas. "Lo que ocurre es que si una de estas niñas del centro se va con estas mafias suele captar a otras y esto se convierte en una red. Por eso, una de las soluciones es que las niñas víctimas de abusos previos o de explotación sexual tienen que estar siempre en centros especializados. Centros que no existen en general. Son niñas y niños de alto riesgo, expuestos en un entorno que es un centro que no proteger de este riesgo y nos encontramos con mafias que saben perfectamente cómo captarlas.

Así lo defiende también Rocío Mora, directora de APRAM, que posee uno de los únicos centros especializados en abusos sexuales a menores y que trabaja en la Comunidad de Madrid. Afirman que anualmente rescatan de las redes de la prostitución a unas 1.600 mujeres, casi el 60% de las cuales comenzaron siendo explotadas cuando eran niñas. "Se necesitan centros especializados y con profesionales formados que conozcan los indicadores de violencia sexual y que puedan hacer un seguimiento individualizado de estas menores. Que también controlen sus salidas para evitar que caigan una y otra vez en estas mafias", añade Mora, advirtiendo que este modelo ha sido criticado, pero es efectivo. A su parecer, no se podrá avanzar en la protección de estas menores sin un compromiso estatal de lucha contra la trata y la explotación sexual y exige cuanto antes una ley. "Cuando haya una política pública contra la trata, avanzaremos. De lo contrario estos casos seguirán siendo una noticia del día", afirma. 

Opacidad y lucha política

La noticia de las niñas explotadas sexualmente en Mallorca abrió una tormenta política de un nivel nunca antes visto. Fuerzas como Vox o el Partido Popular cargaron y siguen haciéndolo contra el gobierno progresista como un arma política. Un debate que ha dejado en segundo plano el interés superior de las menores. 

"Mallorca ha sido la primera región que ha afrontado este tema de cara. Se creó una comisión de investigación cuyos resultados están transformando el sistema de acogida de la isla". Así lo asegura Pereda. Pero advierte de que la opacidad y la falta de información sobre este asunto en las distintas comunidades es prácticamente total. 

"Durante el informe que hicimos con la Universidad de Barcelona solicitamos como comisión de expertos a las distintas autonomías que comunicaran si en sus centros había casos de explotación y si tenían protocolos para prevenirla. Ninguna comunidad, excepto Madrid e Ibiza, respondió. Y estas últimas en el sentido de que estaban trabajando en un documento. Es un tema tabú, es un tema secreto que las comunidades quieren tapar a toda costa. Y esto supone un problema grave que tiene como consecuencia que no se pongan los recursos necesarios para prevenirlo", advierte Pereda.

Parte de ese oscurantismo se vio en la Comunidad de Madrid hace unos días. Cuando el 3 de diciembre saltó la noticia de se había detenido a una red de narcotraficantes que explotaban sexualmente a diez niñas tuteladas, la Comunidad de Madrid salió inmediatamente a desmentirlo y afirmó que era totalmente falso que las menores estuvieran tuteladas. Tampoco admitió que estuvieran acogidas en ningún centro de menores antes de la redada policial. Este diario desveló sólo unas horas después que al menos cinco de ellas estaban acogidas en centros de la comunidad de Madrid: cuatro en el de Picón de Jarama y otra en el centro de primera acogida de Hortaleza. 

Dos días más tarde, el gobierno de Díaz Ayuso reconocía que sólo tres de ellas estaban en centros de menores e inició una guerra contra la Delegada del Gobierno, asegurando que le había trasmitido información falsa. Un extremo que la delegación del Gobierno desmintió a este diario. 

La realidad es que estas trifulcas políticas acaban por engullir al conocido como interés superior del menor y sirve para echar tierra sobre un problema estructural que afecta a miles o decenas de miles de niños (sobre todo niñas) que están acogidos o tutelados en centros oficiales en España.

Mientras tanto, de las niñas liberadas por la mafia en Madrid poco se sabe. Después de que la consejería que dirige la popular Concepción Dancausa reconociera que varias de las menores sí estaban tuteladas en centros de menores de la Comunidad de Madrid, diversas fuentes policiales han afirmado a Público que una de ellas fue entregada a su familia, otra había cumplido la mayoría de edad y que el resto fueron devueltas a centros de menores, principalmente al de Picón de Jarama, donde residían varias de ellas. Es decir, a los mismos centros que las desprotegieron y que, tal como afirmas diversos expertos consultados por este periódico, no tienen los medios ni los conocimientos para tratar las serias violencias y secuelas que han sufrido.

Tal como afirman los diversos expertos consultados, los niños tienen que crecer en familia, no en instituciones, y esto representa un desafío que tendría que hacer repensar todo el sistema de acogida y tutela. No es sencillo. Tal como afirma Pereda, España tiene muy poco acogimiento familiar, entre otras cosas por un problema cultural, de familias cerradas que no favorece este tipo de cuidados: "Estos casos que conocemos deberían interpelar a toda la sociedad, porque nos echamos las manos a la cabeza con estos casos, pero luego no investigamos qué pasó con las menores". Afirma que es imprescindible ir a un modelo de acogimiento familiar y mirar a otros países, como los nórdicos, en donde se ha implantado un sistema por el que existen familias profesionales, a las que se les paga un sueldo, no una ayuda, para que se dediquen a crear y se les apoya y orienta en la tarea. 

"Lo principal es que se abra la luz y que exijamos recursos específicos. Este no es un problema de una comunidad autónoma. Existe desde hace años, pero no se han puesto los recursos encima de la mesa. No es una vergüenza que surjan casos en una región. La vergüenza es taparlo y no poner soluciones. Eso podemos hacerlo. ¿Qué vamos a hacer con las niñas de Madrid, y las de Canarias? ¿Quién las está reparando?", acaba Pereda.