El Ministerio para la Transición Verde da el visto bueno a la Mina Muga –entre Navarra y Zaragoza– y otorga la concesión del proyecto a Geoalcali, una filial de la multinacional australiana Highfield Resources, que excavará la mayor explotación subterránea de España destinada a la extracción de potasa, un mineral utilizado para fabricar pesticidas y fertilizantes. Con esta decisión, el Gobierno da respaldo a un plan industrial que ha estado marcado por la polémica y la oposición ciudadana.

El complejo, 1.700 hectáreas con galerías de hasta 600 metros de profundidad, se sitúa a escasos kilómetros del embalse de Yesa, lo que incrementaría los riesgos sísmicos que ya tiene esta presa, ubicada en sobre una falla. Al menos, así lo entienden los movimientos ciudadanos y ecologistas que, durante el último lustro, se han congregado en la Plataforma No a las Minas de Potasa para pedir que no se autorice la construcción de la mina, alegando multitud de riesgos ambientales. 

"Uno de los problemas que vemos es el tema de la gestión de residuos. La mina va a utilizar los residuos que se extraigan para volver a rellenar las galerías. Creemos que esto puede generar ciertos riesgos de hundimiento si tenemos en cuenta que estamos en un entorno con altas concentraciones de sal, las cuales pueden descomponerse en periodos de lluvia y favorecer que haya movimiento de tierras", expone Eduardo Navascués, portavoz de Ecologistas en Acción. Es algo que Navarra lleva experimentando durante los últimos treinta años en la Sierra del Perdón debido las minas de salinas de la zona.

En este punto, no sólo se pueden generar hundimientos sino que los propios informes del proyecto reconocían que la mina podría generar sismicidad, es decir, que la actividad que se desarrolle bajo tierra tiene riesgos de provocar movimientos de tierras. Esto es algo que reconoció en las primeras fases del proyecto la empresa Geoalcali, aunque la compañía sostiene que el nivel de riesgo es mínimo.

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) —como del máximo organismo en cuestión minera— y el Instituto Geológico Minero Español (IGME) presentaron alegaciones a las primeras propuestas del proyecto y señalaban los riesgos de que se puedan producir seísmos naturales. No en vano, desde la CHE se abstienen de valorar el resultado del proyecto y explican a Público que si el proyecto ha terminado saliendo adelante es porque la empresa ha ajustado el proyecto a las observaciones ambientales que realizaron los organismos.

Preocupa en el sector ecologista la cercanía del enclave minero y el embalse de Yesa. Las montañas que rodean este pantano llevan cerca de ocho años moviéndose por la presión de una falla. Además, el lugar está en fase de recrecimiento, lo cual supone un incremento de la presión sobre las laderas, que soportarán más de mil millones de litros de agua. Si la ampliación del embalse ya contaba con detractores por los riesgos de rotura, la construcción de una mina a escasos kilómetros podría aumentar la tensión a la que se somete este enclave hidrográfico, según denuncian los ecologistas y algunos geólogos profesionales.

El viejo argumento del empleo

"En unos momentos en donde es especialmente apremiante la reactivación económica, las aportaciones de Muga, en completa sintonía con el respeto al medio ambiente, además por su propia naturaleza de ubicarse donde se encuentra el mineral, abordan decisivamente la problemática de la despoblación rural". De esta forma ha celebrado la concesión del proyecto, Ignacio Salazar, CEO de Geoalcali. La mina generará cerca de 800 puestos de trabajo, según las estimaciones de la empresa.

Frente al papel empleador de este proyecto, Antonio Aretxabala, geólogo y exprofesor de la Universidad de Navarra, sostiene que la vida útil de este tipo de proyectos ronda los 15 y 20 años, por lo que no se trata de puestos de trabajo estables.

Marta López, portavoz de la Plataforma No a las Minas de Potasa, considera que las cifras de empleo están "sobredimensionadas" y considera que se tratan de puestos de trabajo que "realmente son a muy corto plazo".

Para Aretxabala, más allá de los impactos ambientales que pueda traer la mina, el mayor problema es la inviabilidad del proyecto. "La empresa quiere oír los argumentos de que si el proyecto contamina o si podría provocar inestabilidad en la zona, porque ellos lo rebaten con puestos de trabajo. Pero cuando les tocas la parte económica, cuando tú les dices que este proyecto no tiene futuro porque es inviable en el nuevo contexto energético, se quedan sin argumentos", dice el geólogo, que autor del informe La minería en Navarra ante la Transición Energética y Global.

La posible inviabilidad económica del proyecto tiene que ver con la contradicción que tiene el modelo de negocio con la situación energética mundial. "La potasa se utiliza como fertilizante en un ciclo que tiene que ver con las grandes granjas de Brasil y con la deforestación, es decir, va todo contra los objetivos de desarrollo sostenible y contra la Agenda 2030 de la que España forma parte. A ello hay que sumar que la mayor parte de los minerales extraídos deben ser transportados a Brasil y otras zonas, todo en un contexto en el que los transportes de larga distancia tienden a reducirse cada vez más. Si no vas a poder exportar los recursos, entonces, ¿a quién le vas a vender la potasa? ¿Se va a quedar toda en Navarra?", se pregunta el experto, que considera que detrás del proyecto hay cierta burbuja económica.

López también señala al carácter especulativo del proyecto y considera que el anuncio de la concesión realizado por Geoalcali tiene más que ver con las ganas de subir en la bolsa que con comenzar a iniciar las obras. "Cuando echas las cuentas, ves que es inviable económicamente y que les va a salir más caro transportar los minerales y la sal a América que extraerlos. Es importante poner el foco en el carácter especulativo que hay detrás del proyecto. En los últimos cinco años han pasado numerosos directivos por aquí y todos han dicho que creían en el proyecto, pero al final todos han terminado cogiendo el dinero y marchándose", dice la portavoz de la plataforma ciudadana.

La concesión del Ministerio para la Transición Ecológica supone un paso más en el desenlace final de este proyecto. Sin embargo, desde las plataformas ciudadanas piden "cautela" y señalan que todavía queda conocer las decisiones de las Administraciones autonómicas de Aragón y Navarra.