Emasesa, la empresa municipal del agua de Sevilla, ya genera casi el 90% de la energía que consume (más de 42.000 megawatios anuales) a base de minicentrales hidráulicas, placas solares y cogeneración con biogás, parte de ella producida a partir de las naranjas amargas que crecen en el arbolado público de la ciudad.

Emaya, que gestiona el agua de boca, la residual y las basuras de Palma y que lleva más de una década produciendo electricidad verde, está tramitando su entrada en el negocio de la comercialización, en el que prevé desarrollar acciones para atajar la pobreza energética. Y la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que aglutina a 41 municipios navarros, opera con tres minicentrales hidroeléctricas y una planta de biogás por la que pasará el 100% de los lodos que ahora gestiona.

Las empresas públicas de gestión de agua, que a menudo también se encargan de la recogida y el tratamiento de los residuos sólidos, comienzan a adentrarse en el campo de la energía con el despliegue de las renovables, algo que abre las puertas a un cambio de paradigma en materia de soberanías energéticas locales mediante la creación de comunidades lideradas por estas entidades.

Las comunidades energéticas son entidades cooperativas integradas por personas, pymes y administraciones, y también por otras de menor escala, cuyo objetivo es obtener energía para cubrir sus necesidades o suministrársela a terceros.

"Los operadores públicos de agua y saneamiento tienen que contribuir a la creación de ciudades más sostenibles reduciendo la huella de carbono y podrían beneficiarse y posicionarse como un operador energético ofreciendo parte de estos servicios de manera innovadora", señala la convocatoria de webinar que el 1 de julio reunirá a responsables de varias de esas empresas para tratar el tema.

El empoderamiento local a través de la energía

No obstante, mientras la puesta en marcha de las comunidades energéticas y el lanzamiento del Clean Energy Package, el paquete legislativo de energías limpias que establece aspectos como la agregación de demanda y el almacenamiento de energía, abren para estas iniciativas una puerta, esa misma cancela se atranca al mismo tiempo por la incertidumbre que genera la lentitud de los sucesivos gobiernos españoles para trasponer esa normativa.

"Tenemos experiencia en la generación de energía mediante placas solares y centrales hidráulicas, y la Ley del Cambio Climático abre un marco legal que apoya el biogás", explica Luis Babiano, gerente de Aeopas (Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento), que señala a esas empresas como "entes articuladores de lo local".

El plan consiste en superar la etapa actual en la que, salvo contadas excepciones, la generación se destina al autoconsumo de las empresas, para crear comunidades energéticas en torno a ellas y a partir de ahí, redes, en un modelo que ya se va extendiendo por Europa.

"Con energía y agua puedes desarrollar la agricultura y la industria que quieras", señala Domingo Jiménez Beltrán, presidente de la Fundación Renovables y uno de los principales expertos del país en energía y sostenibilidad, que alerta de cómo con el despliegue de las renovables "estamos replicando el esquema actual de zonas de generación y consumo" en lugar de "dotar a cada territorio de energía, que es la mejor forma de empoderamiento".

El proyecto de Aigües del Prat

Aigües del Prat, la empresa municipal de que gestiona el abastecimiento y el saneamiento en El Prat de Llobregat (Barcelona, 64.000 vecinos), está poniendo en marcha ese proceso para, tras descartar actuar como comercializadora, centrarse en las áreas de autoconsumo solar fotovoltaico, eficiencia energética, vehículo eléctrico, almacenamiento y agregación de la demanda, "todo ello con la idea de formar comunidades energéticas en un futuro", señala un estudio encargado por el ayuntamiento.

El plan, dividido en tres fases, prevé que la empresa comience este año a operar como instalador de placas fotovoltaicas y, posiblemente, también a prestar servicios de eficiencia energética, lo que incluiría la gestión de la demanda y la electrificación de consumos, y de instalación de cargadores para vehículos eléctricos.

A partir de 2023 "se plantea añadir nuevos servicios como el almacenamiento y la agregación de la demanda y la formación de comunidades ciudadanas de energía" para, desde 2026, tratar de consolidar las comunidades energéticas con la integración de todos los servicios.

"Las comunidades energéticas no son una oportunidad de negocio, sino más bien la entidad jurídica mediante la cual se pueden ofrecer todos los servicios descritos anteriormente de una manera integral", anota el documento.

“La transición energética pasa por las ciudades”

"La clave está en cómo producir energía y en quién se beneficia de ella", señala Babiano, que destaca "la necesidad de una agenda local. La transición energética pasa por que las ciudades produzcan su energía", con flancos como "la posibilidad de influir en el desarrollo de la ciudad con los puntos de carga para el coche eléctrico, que van a determinar el uso de muchos espacios" y, en todo caso, con procesos de participación abiertos a los usuarios.

Los fondos europeos aparecen como una de las claves del proceso, "Deberían de servir para construir estas comunidades y potenciar la alianza entre empresas públicas de diferentes ciudades", indica el gerente de Aeopas, que apunta que "Emaya y Emasesa trabajan para un proyecto común en ese sentido".

Coincide con Jiménez Beltrán, que considera que "en España estamos en un momento crítico, porque va a haber dinero", aunque no tiene tan claro que se le vaya a dar el uso adecuado: "Sabemos qué hay que hacer pero no sabemos cómo organizarnos. No es un problema de recursos sino de gestión de recursos".

En este sentido, destaca las diferencias en el abordaje de la transición energética entre "un norte que planifica y un sur donde se gestiona el cortoplacismo", algo que con frecuencia deja "el futuro en manos de las empresas, que lo imponen como está pasando con el hidrógeno".

“Algo que debería ser accesible y popular se ha convertido en un producto financiero”

Jiménez Beltrán llama la atención sobre aspectos como que en Alemania haya "ocho veces más energía fotovoltaica, y llego a diez, con un 40% de la radiación solar que hay aquí", o cómo "en Dinamarca no se concibe que pueda instalarse un parque de renovables sin que participe el municipio", mientras en España se opta por un modelo de grandes parques que, además de generar conflictos locales y pérdidas ambientales, replica el actual, tal y como indican estudios como los de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia).

"Se trata de generar territorios en red en los que la energía actúe como un factor tractor para crear una economía diversificada, resiliente y sostenible. La energía es un medio de empoderamiento para lo local", añade.

Sin embargo, el vertiginoso proceso de despliegue de la energía verde ha ido por otros derroteros, con un perfil a menudo más burbujeante que industrial y más invasivo que sostenible.

"Algo que debería ser accesible y popular", anota, en referencia al acceso a la generación energética, "se ha convertido en un producto financiero con el que la especulación es total, con unos procesos en los que los costes se disparan, o se hinchan, y que no dejan ningún beneficio en el territorio".