Nuevas organizaciones sociales se suman al litigio climático contra el Gobierno. Este jueves el colectivo Juventud por el Clima-Fridays For Future y la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (CONGD) han anunciado que se unen a la demanda interpuesta en septiembre de 2020 por Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Intermón contra el Ejecutivo español por inacción ante la crisis climática.

Se trata de una demanda histórica, el primer litigio en España contra un Gobierno por cuestiones ambientales, que sigue la estela de otros países europeos como Holanda, Alemania, Francia o Irlanda, regiones donde ya se han dado las primeras sentencias condenatorias a gobiernos por incumplir los objetivos de reducción de emisiones de CO2 plasmados en el Acuerdo de París.

Las organizaciones españolas consideran que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) presentado por el Gobierno de coalición no está a la altura de los acuerdos internacionales que España ha firmado en las últimas cumbres climáticas y acusan al Ejecutivo de una falta de ambición. En ese sentido, los ecologistas reclaman en los tribunales una mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los próximos años.

En septiembre de 2020, las organizaciones ecologistas llevaron al Gobierno ante el Supremo por la tardanza a la hora de presentar el PNIEC, documento que debería haber sido aprobado de manera definitiva en diciembre de 2019, de cara a la Cumbre del Clima de Madrid (COP 25). Ahora, con la estrategia presentada, los colectivos sociales consideran que los objetivos fijados son incompletos y no se alinean ni con la ciencia ni con lo acordado en la histórica cumbre de París de 2015. España se fija una reducción de las emisiones de CO2 del 23% para 2030, mientras que las recomendaciones del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de la ONU establece un porcentaje del 55% para finales de década.

Es por ello que este jueves han decidido acudir de nuevo a la Justicia–ahora con dos organizaciones ecologistas más respaldando la demanda– llevando ante el Supremo el PNIEC por la presunta incoherencia de los porcentajes de descenso de emisiones contaminantes respecto a los acuerdos internacionales firmados por España.

La importancia de los porcentajes de este documento es crucial, según apuntan las organizaciones implicadas en el litigio, pues de ellos depende mantener las temperaturas del planeta estables e impedir un incremento del termómetro global. El IPCC considera que sólo con una recorte del 55% para 2030 se podría evitar que la temperatura suba más de 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales. La propia Unión Europea ha actualizado sus objetivos en el año 2020 y ha establecido ese porcentaje del 55% para finales de década.

Isabel Iparraguirre, representante de la CONGD, ha pedido "más responsabilidad" al Gobierno y ha apuntado a las empresas "que no para de aumentar sus compromisos para reducir sus emisiones en España" mientras son responsables de "deforestación" y la "acaparamiento de recursos" en otras partes del planeta. La portavoz de Fridays For Future, por su parte, ha señalado frente a la fachada del Supremo que "está en juego el futuro" de las nuevas generaciones. "Estamos dispuestas a llevar la lucha frente a la crisis climática donde haga falta, sean las calles o los tribunales".

Lorena Ruiz-Huerta, una de las abogadas del litigio, ha puesto el foco en las sentencias de los tribunales franceses y alemanes contra los Gobiernos, casos que, a su juicio, sirven de "aviso" para que Ejecutivo actúe. "Mientras siga sin reducir las emisiones de CO2 de acuerdo con las recomendaciones científicas seguiremos acudiendo a los tribunales", ha dicho. Jaime Doreste, el otro letrado del caso, ha sido igual de tajante: "Cuando ni las demandas científicas, ni el activismo ecologista, ni la participación en procedimientos reglados se plasman en unos objetivos climáticos suficientes, es la hora de los tribunales".