Ecologistas en Acción, Greenpeace y Oxfam Itermón han anunciado este martes que inician un litigio contra el Gobierno por supuesta inacción ante la crisis climática. Las organizaciones medioambientalistas consideran que el Ejecutivo de coalición no están haciendo lo suficiente para frenar el calentamiento global, pese a que ha sido el único en tramitar una Ley de Cambio Climático y tramitar medidas para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, los grupos verdes explican que la demanda no va únicamente contra este Ejecutivo, sino contra la inacción global de los anteriores gobiernos. No en vano, señalan que las medidas presentadas desde la Vicepresidencia para la Transición Ecológica, pese a las buenas intenciones, podrían suponer una vulneración de los compromisos internacionales que España ha adquirido para luchar contra la crisis climática. Estás son algunas de las claves de la demanda histórica presentada por los colectivos medioambientalistas. 

¿Mal y tarde?

En cierta medida el Gobierno paga la inacción de los anteriores Ejecutivos, que dieron la espalda al problema ecológico. Esta dejadez ha llevado a que los planes de acción climática presentados por la Vicepresidencia de Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, hayan llegado demasiado tarde desde el punto de vista jurídico. Tanto es así, que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia a Largo Plazo (ELP) se tuvieron que haber presentado de manera definitiva el pasado mes de diciembre de 2019, según el reglamento europeo. El Gobierno mandó un borrador en mayo de 2019, pero el definitivo, que actualmente está siendo evaluado por Bruselas, no llegó hasta enero de 2020. En ese sentido, los ecologistas piensan que no se cumplieron los plazos, mientras que el Gobierno asegura que sí se están respetando los tiempos marcados desde Europa.

No obstante, más allá de la tardanza –que se podría explicar por la inestabilidad política española de los últimos años y la sucesión de convocatorias electorales–, las ong ponen el foco en los contenidos de estos planes, que incumplirían con los compromisos adquiridos por España en el Acuerdo de París y las demandas de los científicos de la ONU (IPCC). Así, mientras el tratado climático y la ciencia hablan de una reducción de las emisiones globales del 55% para el año 2030, el Ejecutivo plasma en el borrador del PNIEC una disminución del 23% para finales de la década. Además, el objetivo de neutralidad de emisiones planteado por el Gobierno está ubicado en el año 2050, una década más tarde de lo que plantean los ecologistas en su denuncia.

En declaraciones a este medio, la vicepresidenta del Gobierno para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, informa que los pazos para presentar el PNIEC se cumplieron y recuerda que la Ley de Cambio Climático ya es un Proyecto de Ley. Respecto a la demanda, la ministra socialista considera "normal que los ciudadanos pidan más acciones en materia de clima", puesto que los gobiernos son los máximos "responsables a la hora de facilitar el cambio". 

Qué supone esta demanda

La demanda tiene que ser admitida a trámite por el Tribunal Supremo y, en el caso de que los tiempos judiciales terminen dando la razón a los grupos ecologistas, no hay garantías de que el Gobierno termine ejecutando la sentencia, tal y como reconoce la abogada ecologista Lorena Ruiz-Huerta.

"Es probable que, si nos dan la razón, el Supremo no se moje en el porcentaje de reducción de emisiones, pero sí que hay posibilidades de que les diga que hace falta una mayor ambición climática o que les pida que rehagan el PNIEC", comenta la jurista.

¿Medidas cautelares como en Madrid Central?

Los ecologistas consiguieron paralizar la idea de Martínez-Almeida de desmantelar Madrid Central gracias a medidas cautelares. En esta ocasión, sin embargo, las organizaciones implicadas no tienen contemplado reclamar medidas de este tipo, puesto que para una reducción cautelar de emisiones a nivel estatal haría falta paralizar múltiples actividades, que van desde el tráfico, hasta la producción energética, pasando por el propio sistema agroalimentario. En este caso, disminuir la contaminación requiere de una estrategia específica y ambiciosa que no podría ejecutarse de manera cautelar, tal y como entienden los ecologistas.

Cuando habrá una sentencia

No hay fecha a la vista. En Holanda, la organización Urgenda inició un procedimiento similar contra el Gobierno en el año 2013 y la sentencia del Tribunal Supremo no llegó hasta diciembre de 2019. Se trata de una demanda muy compleja, lo que dilatará en el tiempo la llegada de una sentencia definitiva. 

¿Hay precedentes?

El caso de España no es el único en el mundo. En Holanda, la organización Urgenda consiguió una sentencia favorable en una demanda contra el Gobierno en relación a las altas emisiones contaminantes registradas en el país en el año 1995. La Justicia de los Países Bajos obligó así al Estado a aplicar medidas efectivas antes de que termine 2020 para reducir la contaminación en un 25%.

También existen otros ejemplo de denuncias a gobiernos por inacción en materia medioambiental. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Bélgica, India o Nueva Zelanda son algunos de los 39 países donde se han iniciado litigios climáticos, bien contra el Estado o contra grandes compañías, cuya actividad económica genera una ingente cantidad de emisiones de CO2. El Acuerdo de París se ha convertido en una herramienta eficaz para los colectivos ecologistas, ya que les permite medir en qué grado están cumpliendo los Estados sus compromisos en la mitigación del cambio climático y acudir a los tribunales en caso de que sea necesario.