El listado de las inmatriculaciones de la Iglesia católica en Asturias, que incluye la práctica totalidad del tesoro arquitectónico prerrománico, va camino de convertirse en un embrollo monumental. El decano del Colegio de Registradores, Enrique Español, acaba de revelar a Público que entregó en febrero de 2019 al Gobierno regional un catálogo completo de bienes eclesiásticos inmatriculados. El anuncio añade un elemento más de confusión a la ya desconcertante gestión de las inscripciones de la Iglesia y compromete no solo la actuación del Ejecutivo asturiano sino también la de la propia institución registral.

La consejera de Cultura, Berta Piñán, afirmó hace apenas un mes en el Parlamento asturiano que "no había evidencias" de la inmatriculación de los bienes del prerrománico y enarboló en la tribuna un listado con solo 26 fincas de un exiguo documento elaborado por el Colegio de Registradores en agosto de 2018.

En esa relación, en efecto, no aparecía ninguno de los Monumentos Nacionales pertenecientes al prerrománico. Días después, sin embargo, Público reveló en sus páginas las notas registrales de, al menos, tres joyas arquitectónicas reconocidas, además, como Patrimonio Mundial por la Unesco: Santa Cristina de Lena, San Miguel de Lillo y San Julián de los Prados.

En el momento de la comparecencia de la consejera de Cultura, y conforme a las declaraciones del decano del Colegio de Registradores, el listado "actualizado y completo" de las inmatriculaciones eclesiásticas de Asturias dormía en alguno de los cajones de la Consejería de Justicia. Por razones no aclaradas, Berta Piñán no hizo mención a ese inventario en su respuesta al requerimiento de Podemos. Por el contrario, y de forma sorprendente, anunció en sede parlamentaria que iba a pedir al Colegio de Registradores las inmatriculaciones de todos los monumentos del arte prerrománico, cuando, presuntamente, ya habían sido entregadas y obran en poder de su colega del Consejo de Gobierno.

El propio decano aseguró haberse sentido contrariado cuando leyó en la prensa que la consejera se remitía nuevamente en la Cámara regional al listado de 2018 y no al confeccionado un año después. "Cuando vi la noticia, yo también dije: ¿pero qué me están diciendo? Si yo soy registrador de Siero, he mandado los siete [bienes inmatriculados] de aquí y no aparecen en el listado". "No la hacen pública por alguna razón", argumentó. "La estarán depurando o algo. Pero la lista la tiene tanto el Principado de Asturias como el Gobierno central", señaló Enrique Español, en un nuevo e inesperado giro de la controvertida cuestión de las inmatriculaciones.

Fuentes de la Consejería de Cultura justificaron que Berta Piñán acudió al Parlamento a principios de marzo con la información de que disponía en ese momento. Una vez que recopile todas las notas registrales, añadieron, "procederá a estudiar jurídicamente la cuestión".

La Dirección General de Cultura y Patrimonio del Principado ya fue informada en enero pasado por el Grupo de Inmatriculaciones sobre la certeza de que los monumentos del prerrománico habrían sido inscritos a su nombre por la Iglesia católica en virtud del privilegio episcopal del ya derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Su director, Pablo León, constató de primera mano en aquella reunión la existencia de, al menos, la inmatriculación de Santa Cristina de Lena. Semanas después, sin embargo, la consejera ni siquiera aludió a esa prueba documental en el Parlamento.

El Grupo de Inmatriculaciones de Asturias, integrado en la coordinadora estatal Recuperando, trabaja intensamente desde hace años para esclarecer la maraña de inmatriculaciones de la Iglesia. Su objetivo es lograr la nulidad de todas las inscripciones por supuesta inconstitucionalidad y restituir aquellas que puedan pertenecer al dominio público, como podría ser el caso del arte prerrománico. Ante el pobre inventario de bienes enviado al Gobierno autonómico en agosto de 2018 por el Colegio de Registradores, el colectivo patrimonialista elevó una nueva queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento y le instaba a cursar otra solicitud que corrigiera la "burla" del documento anterior, que calificaban de "información no veraz" y carente de rigor en la descripción de los inmuebles inventariados. La Comisión de Peticiones formalizó la propuesta el 28 de febrero de 2019.

Esa es la misma fecha que indica el decano en la que se mandó al Gobierno asturiano el inventario modificado de bienes eclesiásticos. Siete meses después de enviar el primero y luego de las airadas protestas de los grupos parlamentarios y el colectivo patrimonialista. Enrique Español asegura que el primer inventario era "provisional" y se presentó "por error" al Principado de Asturias. "La secretaria mandó una parte de lo que se estaba haciendo y cuando nos dimos cuenta de que habíamos mandado la lista completa al Gobierno central, la enviamos también a la comunidad autónoma. No había nada que ocultar. Se mandó en dos partes, por así decirlo".

El decano de los registradores no cuantificó el número de bienes que este segundo inventario contiene.  "Bastantes más que el primero", señaló. Por lo pronto, el registro de Siero ya certificó la existencia de siete inscripciones eclesiásticas no incluidas en aquel catálogo. Y los registros de Oviedo también hicieron públicos, al menos, una decena de inmatriculaciones que tampoco estaban recogidas sorprendentemente en ese documento.

Preguntado por los monumentos del prerrománico, Enrique Español dijo recordar que Santa Cristina de Lena sí aparecía en el listado. "Quizás estén puliendo el archivo por distinguir los bienes que puedan ser claramente públicos y otros que no. Unos que puedan ser objeto de recuperación y otros que no". En este sentido, Recuperando ha mostrado sistemáticamente su rechazo al hecho de que los bienes de dominio público hayan accedido al registro de la propiedad privada sin un mínimo control de garantías.

El parlamentario de Podemos que formuló la pregunta a la consejera de Cultura se mostró crítico con el incompleto listado que entregó el Colegio de Registradores al Parlamento en agosto de 2018. "No cumplió con sus obligaciones. Por desidia o por falta de interés. O porque estará al servicio de otros intereses. La respuesta al Parlamento asturiano fue una burla", protestó Rafael Palacios, en declaraciones a Público poco antes de que el decano de los registradores revelara la existencia de una segunda relación de inmatriculaciones.

El diputado asturiano elogió el trabajo protagonizado por el Grupo de Inmatriculaciones en "defensa del patrimonio público" y centró sus críticas en la inscripción masiva de bienes por parte de la Iglesia, particularmente los pertenecientes al arte prerrománico, cuyo mantenimiento y conservación, recordó, se financia con cargo a los fondos públicos. "Que los devuelva a la propiedad del pueblo asturiano, que es donde deben estar", subrayó.