Todo el arte prerrománico asturiano, inmatriculado de forma unilateral por la Iglesia católica, ha recibido la tutela patrimonial del Estado y una inversión multimillonaria constante desde, como mínimo, principios del siglo XIX. Fue la Comisión de Monumentos de Oviedo, creada en 1844 para gestionar los bienes desamortizados, quien protegió y documentó el valioso patrimonio prerrománico, en avanzado estado de ruina por entonces.

Así lo constata el Libro Blanco del Arte Prerrománico de Asturias, editado por el Gobierno autonómico el pasado año. "Los bienes del prerrománico han sido objeto de atención preferente de las administraciones desde, al menos, la creación de las comisiones provinciales", señala el documento. La primera restauración acreditada se produjo en 1846 en San Miguel de Lillo bajo las directrices del académico ilustrado José Caveda y Nava.

Algunos de los edificios más relevantes fueron catalogados en el inventario de los Monumentos Arquitectónicos de España (1852-1881), el colosal proyecto impulsado por la Real Academia de Bellas Artes y patrocinado por el Ministerio de Fomento. Santa Cristina de Lena, San Miguel de Lillo, Santa María del Naranco, la Cámara Santa, San Salvador de Valdediós y San Salvador de Priesca fueron estudiadas metódicamente en 1877 por el erudito José Amador de los Ríos en aquel registro oficial del Estado.

La acción más decisiva de protección, no obstante, fue la declaración de Monumento Nacional desde 1885 de todos ellos. La orden emitida por el Gobierno, previo informe de la Real Academia de la Historia, ponía los edificios "bajo la inspección de la Comisión de Monumentos de Oviedo" y alertaba de forma taxativa sobre su crítica situación: "...la declaración de Monumento Nacional como único medio de salvar a la ermita del deplorable estado en que se halla". Se refiere, en este caso, a Santa Cristina de Lena. Los monumentos de San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco también recibieron la máxima figura de protección estatal ese mismo año.

Entre 1846 y final de siglo todas las joyas del prerrománico fueron sometidas a diversas actuaciones de rehabilitación, generalmente con cargo a fondos estatales. La intervención de la Iglesia católica, en menor medida, también ha contribuido al mantenimiento de todo este formidable patrimonio altomedieval. "Si lo ponemos en la balanza, la ayuda estatal supera con creces a la de la Iglesia", puntualiza Lorenzo Arias, uno de los mayores expertos en arte prerrománico asturiano. Es prácticamente imposible cifrar la cuantía invertida por la administración pública a lo largo del siglo XIX y XX. Las partidas son muy fragmentarias y no figuran en un registro centralizado. A todo ello, hay que sumar los recursos humanos y técnicos dispuestos por el Estado y articulados ya de forma sistemática con el nombramiento de los arquitectos conservadores de zona a finales del XIX.

Uno de los primeros arquitectos mandatados por la Dirección General de Instrucción Pública para rehabilitar el prerrománico fue Ricardo Velázquez Bosco, conservador también de la Mezquita de Córdoba, inmatriculada por la Iglesia en el año 2006. Según figura en un decreto de junio de 1887, Velázquez Bosco dirigió un proyecto de rehabilitación de Santa Cristina de Lena presupuestado en 15.335 pesetas de entonces a cargo de un crédito consignado para "construcciones civiles" del Ministerio de Fomento.

Pero el arquitecto que más intervenciones protagonizó en el prerrománico asturiano fue Luis Menéndez Pidal. En el primer tercio del siglo XX desarrolló una importante labor restauradora y en 1941 fue nombrado arquitecto conservador de monumentos del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional. En su Guía del Prerrománico Asturiano, Lorenzo Arias reseña innumerables actuaciones de Menéndez Pidal en San Julián de Prados, Santa María del Naranco, San Salvador de Priesca o la Cámara Santa hasta los años sesenta, todas financiadas con fondos públicos.

Con la transferencia de las competencias de cultura en 1983, la tutela del patrimonio histórico pasó a manos del Gobierno de Asturias. Desde entonces, las inversiones en la protección del prerrománico han sido constantes. Solo en los ocho monumentos más destacados, la comunidad autónoma ha empleado 3,4 millones de euros en innumerables actuaciones, según especifica el Libro Blanco. El templo que más dinero ha recibido ha sido San Salvador de Valdediós (862.609 euros), seguido de San Miguel de Lillo (795.753 euros) y Santa María del Naranco (621.176 euros).

Al menos, tres de los monumentos más relevantes han sido inmatriculados por la Iglesia, a través de mecanismos "opacos, arbitrarios y sin publicidad", según denuncian las organizaciones patrimonialistas. En opinión de Recuperando, la coordinadora que agrupa a una veintena de colectivos, se trata de bienes de dominio público porque pertenecen al legado cultural de todos, han prestado un servicio de uso común en un país de culto oficial católico hasta 1978 y han sido construidos, mantenidos y restaurados con la aportación de los municipios, los contribuyentes y el Estado, a través de sus diversas administraciones.

"Es un ejemplo más de la apropiación de nuestro dominio público histórico", lamenta el portavoz de Recuperando, Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba, para quien la inscripción unilateral por parte de la Iglesia católica sin informar a la administración pública es un "acto de deslealtad institucional y un expolio de nuestro patrimonio cultural".