@e_bayona

ZARAGOZA .- Las laderas del pantano de Yesa, un embalse del río Aragón a caballo entre Huesca, Zaragoza y Navarra cuya capacidad quiere recrecer el Gobierno de 440 a más de mil hectómetros cúbicos –será el mayor del Pirineo-, llevan años moviéndose. Desde diciembre de 2012 en el caso de la pared derecha, mientras que la izquierda registró una sacudida en 2006.

Los riesgos derivados de esa inestabilidad geológica, descubierta tras el inicio de las obras de ampliación en 2003, llevan años provocando protestas y quejas de los municipios situados aguas abajo y de entidades sociales, una polémica que se ha recrudecido tras conocerse el último informe de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que confirma que los movimientos, aunque calificados de “extremadamente lentos”, continúan.

El documento, fechado a finales de noviembre, confirma la existencia de movimientos en 47 de los 63 puntos de control de la ladera derecha, en las inmediaciones de la zona en la que se apoyará la nueva presa. Seis meses antes los sensores detectaron actividad en 35 y en noviembre de 2015, en 39.

“La pared ya no se comporta como una roca”

“El informe viene a decir que la ladera derecha se sigue moviendo lo mismo que antes, un milímetro cada mes, en torno a un centímetro al año”, señala el profesor de geología de la Universidad de Zaragoza Antonio Casas, que destaca que “la pared ya no se comporta como una roca, sino como un suelo sin cohesión. Se mueven zonas que antes no se movían, y hay actividad en varios estratos, a diez, treinta y noventa metros de profundidad”.

Para Casas existe un riesgo evidente, ya que “no parece que haya forma de detener el deslizamiento, que además está situado justo encima de la presa”, que recomienda abandonar el proyecto de recrecimiento por sus riesgos.

Un estudio pronostica que una rotura de la presa recrecida generaría tal catástrofe que localidades de la ribera del Aragón como la navarra Sangüesa prácticamente desaparecerían anegadas mientras, a más de cien kilómetros y ya en el Ebro, barrios de Zaragoza como el Actur o La Almozara quedarían sumergidos por una lámina de agua de hasta siete metros de altura.

“No ha habido ningún cambio de tendencia”

“Deberíamos empezar a pensar en un plan B, porque no está nada claro que Yesa vaya a poder almacenar todo el agua prevista”, asegura Luis Solana

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) rechazan que los movimientos geológicos pongan en riesgo la seguridad de la presa. “El número de puntos en los que se registra actividad y su ubicación dependen de las maniobras de desembalse que se realizan en cada temporada, hay puntos en los que no hay movimiento y el de las zonas críticas es extremadamente lento”, señalan, al tiempo que destacan el elevado nivel de monitorización del área tras el primer deslizamiento, que hizo que el organismo de cuenca tuviera que acometer una operación de estabilización y debiera desalojar y expropiar, en una operación que costó veinte millones de euros, dos urbanizaciones situadas junto al pantano.

“No ha habido ningún cambio de tendencia –señalan-, lo que ha habido es un nuevo informe que la propia CHE ha difundido”. La Confederación de Ebro remitió también el documento a los gobiernos de Aragón y Navarra, los ayuntamientos de la zona y distintos colectivos implicados en el seguimiento de la obra.

Por el contrario, para Luis Solana, alcalde de Artieda, “la CHE actúa como si no pasara nada. Que siga adelante con la obra con esa inestabilidad en las laderas la deja en evidencia”.

En su opinión, “deberíamos empezar a pensar en un plan B, porque no está nada claro que Yesa vaya a poder almacenar todo el agua prevista”. “Seguir adelante con la obra es una insensatez”, apunta, ya que “el hecho de que no cesen los movimientos implican que el equilibrio de la ladera va cambiando, y puede producirse un acelerón y un colapso. La seguridad debería estar por encima de todo”.

La Audiencia confirma la sentencia de ‘Los 8 de Yesa’

El proyecto de recrecimiento de Yesa, diseñado para consolidar los riegos de Bardenas, mejorar la laminación de las crecidas del Aragón y trasvasar agua de boca a Zaragoza y su cinturón, ha costado ya, antes de que empiece a subir la represa, más de 340 millones de euros, el triple de los 113 por los que fue adjudicado en 2003 a una UTE formada por ACS, Ferrovial y FCC.

Desde su inicio ha sido objeto de protestas, una de las cuales dio lugar al proceso de Los Ocho de Yesa, un grupo de activistas acusado de enfrentarse a la Guardia Civil en una movilización contra las expropiaciones en 2010.

Los 36 años de prisión a los que se enfrentaban los activistas –entre ellos el juez de paz de Artieda, Miguel Palacín, y el miembro de Equo y actual diputado oscense de Unidos Podemos Jorge Luis quedaron reducidos a multas por 16.600 euros tras un juicio en el que sus defensas, a cargo de José Luis Lafarga y Gema Garreta, probaron que varios de los guardias civiles que les acusaban les atribuían lesiones que nada tenían que ver con el incidente. No obstante, deberán indemnizar a algunos agentes.

Sin embargo, la Audiencia de Zaragoza ha rechazado el recurso en el que reclamaban la absolución.

La Audiencia de Zaragoza acaba de confirmar las multas y la ausencia de penas de prisión para ‘Los 8 de Yesa”.

“Un forcejeo entre ambos bandos”

La Audiencia señala que cometieron sendos delitos de resistencia, pero no de atentado, ya que “no se precisa en la sentencia otra intención de los condenados que la de resistirse al desalojo de la carretera” y “tampoco podemos omitir que no existe prueba suficiente” para “entender que concurre esa situación de gravedad o el nivel de intensidad que el atentado, por encima de la resistencia típica, requiere”.

El tribunal, que rechaza valorar “las motivaciones de los acusados para acudir a la manifestación”, anota que “los agentes trataron de desalojar a los concentrados utilizando la fuerza mínima imprescindible, iniciándose un forcejeo entre ambos bandos, al término del cual presentaban lesiones varios de los manifestantes, así como agentes de la Guardia Civil”.

“Fue la existencia de una concentración no comunicada, ni autorizada (…) lo que hizo necesaria la intervención de la Guardia Civil”, indica la sentencia, que añade que “si los concentrados hubieran obedecido la orden” de despejar la carretera “y no se hubiesen resistido de forma activa a la actuación policial, llegando a golpear a los agentes, no hubiese sido necesario el empleo de la fuerza mínima imprescindible” por parte de los antidisturbios.

“Hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza” policial, concluye, al tiempo que anota que “las lesiones leves que sufrieron alguno de los manifestantes son la consecuencia derivada de su propia resistencia y desobediencia y que debe ser soportada por haber participado en una situación generadora de riesgo”.