El rocambolesco periplo que ha atravesado el listado de bienes inmatriculados en Asturias evidencia las resistencias de toda índole que afronta el esclarecimiento del inmenso patrimonio inscrito a su nombre por los obispos en toda España.

Hasta las administraciones del Estado, por negligencia o por mala fe, han colaborado en el ocultamiento de información de reconocido interés público.

Estas son las claves de un lío monumental

¿Qué son las inmatriculaciones de la Iglesia?

Lo primero que hay que saber es que inmatricular es inscribir un bien por primera vez en el registro de la propiedad privada. Cualquier ciudadano puede registrar una finca o un inmueble siempre que acredite documentalmente que es de su propiedad. En el caso de que no posea pruebas fehacientes, debe someterse a un expediente de dominio especialmente garantista.

El legislador habilitó, sin embargo, una vía de inscripción rápida para que el Estado pudiera registrar bienes supuestamente públicos de los que se careciera de título escrito de dominio. En esa prerrogativa excepcional incluyó también a los obispos.

¿Por qué? Porque la ley se aprobó en 1946, en plena dictadura franquista, y entonces la católica era la religión oficial del Estado y la Iglesia gozaba de un estatus asimilable a la autoridad pública. Con la mera autocertificación eclesiástica, los prelados inscribieron decenas de miles de inmuebles y fincas en toda España. Muchos de los bienes serán suyos con toda probabilidad pero otros tantos, tal como se ha demostrado reiteradamente, pertenecen a terceros o son de dominio público.

¿Quién pidió el listado de las inmatriculaciones y por qué?

Fue el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias (GIA), que forma parte de la coordinadora estatal Recuperando, quien solicitó en septiembre de 2017 el listado de los bienes inmatriculados. Formuló la reclamación ante la Junta General del Principado y la dirigió a la Comisión de Peticiones y Derechos Humanos, para que, a su vez, solicitara el inventario al Colegio de Registradores de Asturias.

¿Para qué pedir el listado de bienes? Las asociaciones patrimonialistas cifran en más de 100.000 los inmuebles y fincas registrados en toda España por la Iglesia católica a través de este mecanismo que consideran inconstitucional. Lo primero, por lo tanto, es conocer la magnitud del patrimonio inmobiliario inscrito y qué tipo de edificios incluye. Por lo que se sabe ya, la Iglesia ha inmatriculado monumentos, tierras comunales, casas parroquiales, huertas, viviendas, templos, cementerios, ermitas, plazas públicas y hasta frontones.

¿Qué pasó con el inventario?

En agosto de 2018, el Colegio de Registradores envió a la Junta General el inventario de bienes. La sorpresa fue mayúscula cuando se comprobó que el listado apenas incluía 26 inmuebles para toda la comunidad autónoma y, además, sin datos identificadores de las fincas.

Para entender la poco creíble cifra facilitada por los registradores, baste indicar que solo Navarra cuenta con más de 2.500 inmatriculaciones y Aragón más de 2.000. ¿Qué sucedió? Es imposible saber a ciencia cierta la razón por la cual los registradores asturianos elaboraron un listado tan irrisorio. Meses después, el decano aseguró que la lista era “provisional” y que se había enviado por “error”. El caso es que, ante lo que algunos grupos parlamentarios y el GIA calificaron como una “burla”, en noviembre de 2018 la Comisión de Peticiones del Parlamento volvió a solicitar un nuevo listado completo al Colegio de Registradores.

En abril de 2019, ese inventario actualizado llegó a la Consejería de Justicia de Asturias, hoy integrada en el departamento de Presidencia. El nuevo listado, que contenía 553 bienes inmatriculados, fue guardado en el cajón de un despacho y ahí se quedó escondido durante más de un año. ¿Por qué razón? Nadie ha dado hasta ahora una explicación verosímil. Solo hay dos interpretaciones posibles: negligencia administrativa o voluntad de ocultamiento.

¿La consejera de Cultura conocía la existencia del listado?

Esa es una de las cuestiones más chocantes de todo el laberinto. Berta Piñán compareció en marzo pasado ante el Parlamento a petición de Podemos para aclarar si los monumentos de arte prerrománico habían sido inmatriculados por la Iglesia. La consejera se subió a la tribuna con el viejo listado de 26 inmuebles inmatriculados. Y dijo que “no había evidencias” de la inmatriculación por la Iglesia de los monumentos del prerrománico.

En el instante en que enarboló el antiguo catálogo, el listado completo de bienes llevaba ya más de un año en un cajón de la Consejería de Presidencia. ¿No lo sabía? ¿Su colega de departamento no la avisó? ¿Nadie del Gobierno asturiano se enteró de que Berta Piñán había sido interpelada por las inmatriculaciones? ¿Ningún asesor ni responsable público leyó al día siguiente en la prensa la noticia?

Lo cierto es que Público reveló días después que, al menos, tres monumentos del prerrománico habían sido inmatriculados por la Iglesia a través del mecanismo de autocertificación eclesiástica. Y dos meses más tarde volvió a publicar una revelación sorprendente: el listado completo de inmatriculaciones dormía en un cajón del Gobierno asturiano desde hacía más de un año. Y aún ignoramos por qué la Consejería de Presidencia no cumplió con su deber de entregar el listado al Parlamento regional. La consejera de Cultura afirmó el miércoles pasado 27 de mayo en sede parlamentaria que desconocía la existencia del segundo catálogo de inmatriculaciones.

¿Qué son los monumentos del arte prerrománico y por qué son relevantes?

El conjunto monumental del conocido como arte prerrománico asturiano se encuentra diseminado por Asturias. La mayor parte son pequeñas iglesias construidas entre los siglos VIII y X por los reyes astures como manifestación propagandística de su poder. Son, por tanto, edificios reales.

Ese hecho histórico, verificado por los expertos, neutraliza el argumento esgrimido sistemáticamente por la Iglesia según el cual todos los edificios de uso católico le pertenecen. Los colectivos patrimonialistas y numerosos expertos sostienen que el uso no determina la propiedad. Y que gran parte de todos estos templos históricos fueron edificados a lo largo del tiempo por la Corona o por los pueblos con fondos procedentes de los tributos.

El caso del prerrománico asturiano es paradigmático. Sin ir más lejos, el monumento más emblemático de todos ellos fue el palacio fundacional de Ramiro I, más tarde reconvertido en iglesia de Santa María del Naranco.

¿Figuran los monumentos del prerrománico en el inventario?

Hasta ahora, de los ocho monumentos más relevantes del arte prerrománico, en solo tres se ha podido verificar su inmatriculación por la Iglesia. Y gracias a que diario Público ha logrado las notas registrales de los tres (Santa Cristina de Lena, San Miguel de Lillo y San Julián de los Prados), después del trabajo persistente del Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.

De estos tres, solo Santa Cristina de Lena figura en el inventario de los registradores. Ni San Miguel de Lillo ni San Julián de los Prados están recogidos en el listado. La razón es bien sencilla: los dos monumentos fueron inscritos por la Iglesia antes de 1998.

Ninguno de los otros cinco restantes, incluido el Palacio de Ramiro I, ha podido ser identificado en el inventario. Bien porque no aparecen o bien porque no están correctamente identificados en el listado. La consejera de Cultura se comprometió en el Parlamento a pedir las notas registrales de todos ellos, por lo que teóricamente en las próximas semanas se deberá saber con claridad si están inmatriculados.

¿Están todos los bienes inmatriculados en el listado?

No. Por razones inexplicables, los inventarios que se están solicitando al registro de la propiedad, tanto en Asturias como en el Gobierno central, incluyen los bienes inscritos desde el año 1998.

¿Por qué el 98? Porque esa es la fecha de la reforma hipotecaria de Aznar, cuando permitió, por primera vez en la historia, la entrada en el registro de la propiedad privada de los templos de culto. Hasta ese momento no accedían. ¿Y por qué no podían ser inscritos? Según la Iglesia católica y algunos juristas, porque eran notoriamente propiedad de la institución religiosa. Según los colectivos patrimonialistas y muchos otros juristas, porque eran bienes comunes o de dominio público que estaban fuera del comercio.

Es decir: en el nuevo listado de bienes inmatriculados de Asturias solo figuran aquellos inscritos entre 1998 y 2015, que es cuando fue derogado el polémico artículo 206. No están, por lo tanto, los cientos de inmuebles registrados por la Iglesia entre 1946 y 1998. ¿Cuántos? Imposible saberlo, pero si en 17 años se inscribieron 553 bienes, ¿cuántos se han podido inmatricular en 52 años? Los colectivos patrimonialistas exigen conocer los bienes inscritos desde 1946 o, al menos, desde 1978, cuando la Constitución entró en vigor y el artículo 206 de la Ley Hipotecaria que privilegiaba a los obispos quedó automáticamente fuera de la Carta Magna.

¿Por qué Sánchez no publica el listado de inmatriculaciones?

Esa es la pregunta del millón. Fue el PSOE quien pidió en abril de 2017 en el Congreso de los Diputados, a instancias de Recuperando, el listado completo de inmatriculaciones al entonces Gobierno de Mariano Rajoy. En su programa electoral incluye desde hace cinco años la nulidad de las inmatriculaciones y, en la investidura de enero pasado, el ya presidente Sánchez se comprometió a recuperar las inscripciones eclesiásticas. El caso es que el Gobierno central tiene en su poder el listado desde febrero de 2018. Y, no solo no lo ha hecho público, tal como se comprometió, sino que ha pleiteado con el Consejo de Transparencia para evitar divulgar una información clasificada de “interés general”.

¿Por qué la oculta? Es difícil saberlo. Recuperando cree que la negativa esconde un “pacto inconfesable” con la Iglesia. Lo veremos en los próximos meses.