El Gobierno ha vuelto a dar un portazo a la publicación de los casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. En una respuesta por escrito dirigida al senador por Compromis Carles Mulet el pasado 17 de marzo, el Ejecutivo elude nuevamente hacer pública la relación de fincas inscritas y ni siquiera responde a la razón que se esconde detrás de su negativa.

El listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en virtud del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 fue solicitado en sede parlamentaria por la coordinadora Recuperando en febrero de 2017. Dos meses después, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría una proposición no de ley, formulada por el PSOE, para reclamar el voluminoso inventario de fincas, que incluye la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, así como cementerios, plazas públicas, huertos, viviendas y hasta un frontón.

El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ordenó en octubre de 2017 al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborara la relación de inscripciones de la Iglesia católica y un año después, tras la moción de censura, Pedro Sánchez se comprometió a hacer público el listado.

Han pasado casi dos años y el Gobierno no solo no ha divulgado el inventario sino que ha pleiteado con el Consejo de Transparencia, que en una resolución de septiembre pasado reclamó la difusión del documento por tratarse de "información pública".

En la pregunta formulada el 27 de enero de 2020, el senador valenciano expone con profusión de detalles la cronología de los hechos y la sorprendente negativa del Ejecutivo de Sánchez, pese a su compromiso programático refrendado en su discurso de investidura de enero. Mulet termina dirigiendo una pregunta concreta: "¿Por qué no hace público este listado?".

En su respuesta, el Gobierno esquiva la cuestión y se limita a aducir textualmente que "está elaborando el informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sobre la base de los listados solicitados a los registradores de la propiedad a través del Colegio de Registradores".

La contestación oficial y por escrito del Ejecutivo contrasta con la resolución del Consejo de Transparencia, donde subrayaba que el listado facilitado por los registradores y ya en poder del Ministerio de Justicia no era en modo alguno una relación provisional sino definitiva de las inscripciones eclesiásticas realizadas a partir de 1998.

La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos patrimonialistas, cree, sin embargo, que el listado de las casi 35.000 fincas puede estar aún incompleto, eleva a 100.000 los registros desde 1978 y teme que la negativa del Gobierno a hacerlo público obedezca a algún acuerdo opaco con la Iglesia católica que incluya contraprestaciones de distinto signo.

En su escueta nota de respuesta, el Gobierno recuerda que la "inscripción en el registro no constituye el título de adquisición de la propiedad, sino que tiene valor declarativo, generando la presunción de que el bien pertenece a su titular registral". Es significativo que el propio Ejecutivo ponga en duda la titularidad de estos bienes pese a figurar en el registro como propiedad de la Iglesia. Los colectivos patrimonialistas, que consideran estos asientos registrales nulos de pleno derecho por inconstitucionales, han insistido precisamente en que las inmatriculaciones de la Iglesia producían una "presunción de propiedad" que no se correspondía con la realidad material.

No es la primera vez que el senador Carles Mulet reclama al Gobierno por escrito información relativa a los bienes inmatriculados por la Iglesia. Ya en 2016 dirigió una pregunta por el procedimiento reglado y el Ejecutivo sostuvo entonces que el Ministerio de Justicia no disponía de "dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia católica", porque se trataba de una "cuestión ajena al ámbito de sus competencias".

Cuatro años después, los hechos han demostrado todo lo contrario.