"Ojiplática, con mal cuerpo y muy preocupada". Así resume la sensación que le produjo a Ludmila González Dalmau leer la convocatoria de la Administración Pública aragonesa que obvia a las personas con discapacidad en la provisión de 83 plazas administrativas. Por el contrario, el concurso reserva plazas para dos víctimas de violencia de género y para dos personas transgénero.

"Es la primera vez que veo unas oposiciones con provisión de plazas específica y que ninguna sea para este colectivo [el de la discapacidad]. Estas provisiones han sido un gran avance para garantizar la equidad que es dar a todas las personas los medios necesarios para que puedan alcanzar la igualdad de oportunidades. Si no se proveen plazas específicas para discapacidad, se condena a un sector importante de la población al ostracismo y la otredad, se dificultan tanto sus posibilidades que, en la práctica, se dejan relegados a un segundo plano. Me parece tan grave que aún no me lo creo", comenta.

Pero la perplejidad de esta funcionaria que denunció la situación en su perfil de Twitter, no acaba aquí. Que haya dos plazas para personas transgénero, que no transexuales, le resulta más que preocupante.

"La segunda gravedad está en lo que se pide para acreditar la condición de transexual. En el BOA al que nos referimos, en el punto 2.1 apartado h) figura que para acreditar la condición de transexual se podrá acreditar mediante declaración jurada ante notario de pertenencia a un género diferente al asignado al nacer. Están hablando de transgénero, no de transexuales. Eso deja una cantidad tremenda de flecos legales sueltos, y abre la puerta al fraude. Es decir, se está otorgando esa consideración a personas solo bajo su palabra, dice.

González cree que este proceder por parte de una administración pública "es especialmente grave, porque ellos son los responsables de facilitar y asegurar la integración de todos los colectivos vulnerables, y en este caso concreto se han antepuesto a personas transgénero por delante de personas con discapacidad, que han sido barridas de un plumazo".

Una situación que como explica la jurista aragonesa Altamira Gonzalo, es impugnable por discriminatoria e incumple una ley autonómica y otra estatal.

Altamira Gonzalo explica que, en primer lugar, la convocatoria "incumple la propia normativa aragonesa porque reserva dos plazas para personas transexuales cuando la norma autonómica, art. 27.3 de la Ley 4/2018 de 19 de abril, dispone que será el 1% y siendo 83 las plazas convocadas, la reserva debe ser de 1 plaza, es decir, la mitad. En segundo lugar, entiendo que incumple la Ley 1/2013 de 29 de noviembre, General de derechos de las personas con discapacidad, que obliga a reservar el 2% de las plazas a personas con capacidades diversas y hay cero plazas reservadas".

Nueva discriminación para las mujeres

Además, dicha experta considera que  "dar el mismo trato de acción positiva en el acceso al empleo a las mujeres víctimas de violencia de género que a las personas transgénero, supone introducir una nueva discriminación para las mujeres a sumar a las ya soportadas. Lo que es tanto como conculcar la prohibición constitucional y la jurisprudencia consolidada nacional e internacional que prohíbe cualquier tratamiento discriminatorio por razón de sexo, por no decir que supone también desconocer el mandato del art. 9.2 de la CE, que obliga a todos los poderes públicos a remover todos los obstáculos que impidan la igualdad efectiva".

Y es que tal y como añade esta jurista, "las personas transexuales son un colectivo que no puede equipararse numéricamente a las mujeres víctimas de violencia de género ya que la violencia de género la sufrimos la mayor parte de las mujeres a lo largo de nuestra vida. Y si nos ceñimos solo a la violencia en la pareja y solo a las mujeres que se atreven a denunciar, nos encontramos que cada año, según cifras del Consejo General del Poder Judicial, aproximadamente 165.000 mujeres dan el paso de denunciar en el Juzgado. Al hacer esto se está infravalorando a estas últimas y se está poniendo en valor a un colectivo como es el trans, que es digno de atención y que las feministas siempre hemos luchado por sus derechos, pero creo que es injusto que, una vez que los han conseguido, los utilicen en detrimento de los derechos de todas las mujeres".

Así mismo otro aspecto que Gonzalo considera denunciable de esta convocatorio es que a las mujeres víctimas de violencia de género se les exige acreditar "que son víctimas de violencia de género mediante la Orden de Protección o la sentencia condenatoria. Mientras que para las personas transexuales les vale su propia manifestación hecha ante notario quien solo da fe de lo que la persona le dice, no tiene que comprobar nada más. Conclusión: la palabra del o al transexual vale. La de la mujer maltratada, no vale. Tiene que decirlo un juez. Que cada cual saque sus consecuencias”, comenta.

La 'palmadita en la espalda'

Por su parte la periodista y activista de los derechos de las personas con discapacidad, Vicky Bendito, habla del postureo y del marketing que hay en muchas administraciones al respecto. "En esta convocatoria se olvida por completo, de aplicar la Ley de Derechos y Garantías de Personas con Discapacidad, aprobada el año pasado. Una ley que, si no recuerdo mal, fue muy aplaudida".

La comunicadora también se pregunta "de qué sirve si a la hora de convocar unas oposiciones, como en este caso, el mismo Gobierno que impulsó la ley se olvida de aplicarla. Tengo la sensación de que las personas con discapacidad somos un gran reclamo cada cuatro años, pero, después, pretenden que nos conformemos con la palmadita en la espalda. A mis estas cosas me enfadan muchísimo. Que se nos ignore así, y más aún desde la propia administración pública, es indignante".

La solución que esta reconocida activista da a dicha situación pasa por que las personas con discapacidad  "sean cada vez más proactivas, conozcan la ley, conozcan sus derechos y alcen sus voces. Esperar a que sean otros lo que denuncien, es lo cómodo. El movimiento asociativo de la discapacidad hace un gran trabajo de incidencia política, de red de apoyo, qué duda cabe, y así debe seguir siendo. Sin el compromiso del movimiento asociativo habría sido muy difícil avanzar en nuestros derechos, pero también es necesario que cada vez más personas con discapacidad den un paso adelante para apoyar la lucha de la defensa de esos derechos”.

La respuesta de la Administración

Público se ha puesto en contacto con el Gobierno de Aragón para tener su punto de vista. Fuentes oficiales del mismo nos han contestado que "las personas con discapacidad tienen una convocatoria aparte sin distinción de género. Hay reservas de plazas para personas que estén en esa situación, y se diferencia entre discapacidad física e intelectual (estas para las plazas de estabilización desde 2019). Esta convocatoria aún no se ha hecho efectiva porque se están negociando con los sindicatos las bases que regirán las pruebas. No obstante, las plazas de estabilización para personas con discapacidad son 89, de las que 25 son para administrativos. La discapacidad no es homogénea y por eso se trata de tener en cuenta las posibles situaciones para trazar criterios y modelos de puntuación justos".

Además, añaden que "hay personas con discapacidad, generalmente por debajo del 33%, que optan por presentarse al turno general de las pruebas. En ese caso, las bases de la convocatoria tienen en cuenta estas circunstancias únicamente para poder adaptar el tiempo y los medios, pero no hay una reserva específica porque hay un turno que se habilita expresamente para personas con este tipo de dificultades. Es decir, en esta convocatoria de turno general se podrá otorgar más tiempo a una persona para completar su examen o se le podrá presentar en un formato mayor, si, por ejemplo, tienen un problema de capacidad visual, pero solo adaptación de tiempos y medios".

En cuanto a la reserva de plazas para supervivientes de violencia de género y trans responden que "las mismas en cada convocatoria están marcadas por la ley" y que "no hay una protección de un colectivo en detrimento de otro. Lo que se intenta es posibilitar que las plazas que se ofertan a colectivos específicos puedan cubrirse y no tengan que pasar a engrosar el turno libre".

Según el Gobierno de Aragón, el porcentaje que se obtiene en cada convocatoria se distribuye "por categorías en la negociación con los sindicatos, atendiendo a la mayor probabilidad de cubrir las plazas que se ofertan. De esta manera, en una determinada categoría puede haber menos plazas para personas víctimas de violencia de género y en otra ser la categoría con más reserva de plazas, por ejemplo y lo mismo con personas transgénero, cuyos derechos se garantizan con una ley que favorecer la igualdad y la no discriminación en el ámbito del empleo".

Una explicación que para Altamira Gonzalo no es satisfactoria. "En la convocatoria no dicen que harán otra reserva posterior. La resolución es clara, solo hacen dos reservas: para víctimas de violencia de género y para trans”, finaliza.