Las familias de los 20.000 ancianos fallecidos en las residencias durante la primavera de 2020 se han reunido con el Fiscal General del Estado esta mañana para reclamar una investigación exhaustiva sobre la tragedia ocurrida en la pandemia "que garantice justicia y reparación a las víctimas". Tras ocho meses de espera, los familiares han logrado encontrarse con Álvaro García Ortiz, pero las sensaciones tras el cara a cara no han sido positivas.

El 3 de junio de 2022 las organizaciones de familiares enviaron la primera carta a la Fiscalía General del Estado, a su titular entonces Dolores Delgado. El 22 de julio se envió la segunda carta, ya con Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía. Y aún tuvieron que hacer un nuevo recordatorio en el pasado mes de noviembre. En las tres misivas se hacía hincapié en la intención de las organizaciones de familiares y usuarias de solicitar una reunión con la cabeza visible del Ministerio Público para que conociera de primera mano lo que piensan las usuarias de las residencias y sus familiares sobre "la no acción de la justicia para esclarecer y dar luz a la tragedia acontecida".

"Hemos ido con ilusión, pero hemos salido decepcionados. Se les han presentado hasta siete hojas con propuestas y peticiones, pero la Fiscalía no garantiza que todos los casos se puedan llevar a juicio. Se basan en que hay poco personal para abarcar el elevado número de contiendas", explica a Público Mercedes Huertas, miembro de Marea de Residencias. En el encuentro han participado Marea de Residencias, la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias y la Federación REDE. Las plataformas han hecho entrega de 209.000 firmas, junto a dos memorias USB y documentos acreditativos con información de los casos de los fallecidos.

Las asociaciones consideran que se trata de "la violación más grave de derechos humanos que ha ocurrido en los últimos años, al afectar al derecho a la vida, a una muerte digna, a la salud (personas desnutridas, deshidratadas,
encerradas durante semanas en sus habitaciones), a la no discriminación (protocolos sanitarios) y a la vida privada y familiar (régimen de visitas, entre otros asuntos)".

Piden a la Fiscalía tomar riendas sobre el asunto y adoptar una actitud proactiva, así como centrar las investigaciones en Madrid, Catalunya, Castilla y León y Castilla-La Mancha, donde se produjeron el 75% de las víctimas mortales. Recriminan que todos los procesos abiertos han sido a raíz de iniciativas particulares y que durante los juicios "ni siquiera se está llamando a declarar a los familiares".

"No comprendemos la falta de empatía e interés por parte de los tribunales. Ya hay 33 querellas archivadas y otras 106 que no sabemos si van a progresar. Nos sentimos solos y abandonados", lamenta Huertas. "Con todo, vamos a seguir peleando por un servicio digno en las residencias de mayores", concluye. Huertas no se limita a reivindicar justicia por los fallecidos durante el periodo más duro de la covid, sino que pone el foco en la calidad asistencial de los centros en el día a día. Demanda aumentar el presupuesto e incorporar más profesionales para garantizar una atención "decente".