"Amnistía Internacional documentó cinco violaciones de derechos humanos cometidas contra las personas mayores residentes y nadie ha rendido cuentas por ello". Con esas palabras, Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España, denuncia el maltrato que han sufrido las víctimas de la covid-19 en las residencias de mayores.

A través de un comunicado, la organización en defensa de los derechos humanos apunta al abandono a su suerte por parte de la Justicia, que no ha dado ningún tipo de reparación los familiares de los fallecidos. "Es necesaria la reapertura de los casos archivados por la Fiscalía y que las autoridades reconozcan públicamente lo sucedido con un acto en el que se comprometan a buscar la verdad y garantizar la justicia y la reparación para todas las víctimas", aseguran en un comunicado. 

Amnistía apunta que los 35.000 fallecidos durante las primeras olas de la covid-19 en España llevan tres años abandonados. "Seis instituciones del Estado han abandonado a las familias de las víctimas perpetuando la impunidad —aseguran —. Ni Gobierno central ni autonómico, ni Congreso de los Diputados, ni la Fiscalía General del Estado ni Defensoría del Pueblo ni el Consejo General del Poder Judicial han hecho los deberes para modificar esta situación y resarcir a las víctimas cuyos derechos han sido violados". 

De hecho, la nota de prensa desvela que la Fiscalía de Madrid ha archivado el 86% de los casos. "Pese a la extrema gravedad de lo ocurrido en las residencias, el Defensor del Pueblo no ha tenido un papel activo investigando lo sucedido", apunta el escrito. 

Carlos Vila, abogado que atiende más de 300 denuncias tras lo ocurrido en las residencias de mayores de Madrid, no dudó en afirmar en una entrevista para Público que "los protocolos de Ayuso propiciaron homicidios imprudentes".

Los estudios publicados en torno a los muertos en las residencias de mayores apuntan que, al menos en el caso de Madrid, hubo un 15% más de fallecidos por covid en las residencias de gestión privada. La mortalidad en las residencias de gestión indirecta fue de un 21,9% en los meses de marzo y abril de 2020 por el 7,4% de las de gestión totalmente pública.