"Estoy desesperada, por favor, que alguien haga algo. Hace ocho meses que no puedo ver mi bebé. La situación es insostenible", explica Sara Murillo por teléfono. Sara es hondureña y su hijo, Diego, de solo 17 meses, nacido en València, es boliviano, igual que el padre. Ahora hace un año que viajaron a Bolivia para que la abuela pudiera conocer su nieto.

"Antes de marchar fui a la comisaría de Zapadores —donde se gestionan todos los trámites de extranjería— para preguntar que necesitaba para viajar y me dijeron que no había problema, que con el certificado de nacimiento y el libro de familia era suficiente", continúa Murillo.

Pero sí que tuvo problemas. Cuando en abril quiso volver a España se encontró que las autoridades bolivianas le exigían un visado de entrada para que el pequeño Diego pudiera subir el avión. Ellos no lo sabían, pero el padre, Fran Gonzales, tenía la tarjeta de residente extinguida. La había obtenido tras casarse con una ciudadana comunitaria, pero tras el divorcio caducó sin que él lo supiera. Eso provocó que la petición de residencia de Diego fuera rechazada mientras la familia ya se encontraba en Bolivia.

"Obviamente, si lo hubiéramos sabido habríamos registrado al bebé con mi nombre, porque yo sí tengo la residencia. Y lo peor de todo es que intentamos hacerlo todo bien, incluso contratamos una abogada, pero nadie se dio cuenta. Ni tan siquiera la aduana en el Aeropuerto de Barajas, que dejó entrar a mi marido sin problemas cuando regresó de Bolivia", continua Murillo. Este percance burocrático relativamente menor fue solo el principio de su pesadilla.

La embajada española en Bolivia se negó a tramitar el visado, ya que Diego no era un turista, sino que pretendía quedarse a vivir en València. "La situación cada vez era más insostenible —continúa Murillo—, mi marido ya había vuelto porque empezaba a trabajar y a mí me había caducado el visado para quedarme en Bolivia. Al final, la única opción fue dejar mi hijo con la abuela y volver sola. Un lactante que en aquel momento solo tomaba pecho. Fue una decisión durísima".

Una vez en València, la madre pidió el reagrupamiento familiar, pero aquí vino una nueva decepción. El pasado 27 de diciembre, la Oficina de Extranjeros de la Delegación del Gobierno le denegaba la petición. ¿El motivo? La demandante "no acredita unos ingresos mensuales del 200 por ciento del IPREM", el índice que determina la renta vital mínima.

Hasta aquí se podría decir que la normativa es la que es, pero hay otro problema. La Oficina de Extranjeros de València pidió a Murillo la declaración de la Renta del 2020. Murillo, que trabaja en la restauración, sufrió, como todo el sector, los cierres forzados por la pandemia y estuvo varios meses en paro, por lo que la declaración del IRPF de aquel año es netamente inferior a sus ingresos actuales.

Desde la Delegación del Gobierno insisten que la declaración de la Renta es el documento habitual que se pide en estos procedimientos y aconsejan a Murillo a volver a presentar la solicitud a partir de abril, cuando ya haya hecho la declaración del año 2021. Un trámite que puede retrasar todavía muchos meses la vuelta a casa de Diego, que justo ahora empieza a decir las primeras palabras.

Inclusión contradice  la versión de Delegación de Gobierno

En realidad, la Ley de Extranjería exige certificar la situación económica, pero no especifica con qué documentación. Además, una orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones contradice la versión de la Delegación del Gobierno. Con fecha del 8 de junio del 2020 se expidieron las "instrucciones DGM 4/2020 sobre la flexibilización del requisito de medios suficientes en la tramitación de autorizaciones de residencia por reagrupamiento familiar".

Este documento establece que la petición de reagrupamiento será valorada "teniendo en cuenta la evolución de los medios del reagrupante en los seis meses previos a la fecha de presentación de la solicitud". O sea, que si a Murillo le hubieran pedido sus últimas seis nóminas, habría podido acreditar unos recursos suficientes para poder traer a su hijo de vuelta. Ahora mismo, tanto ella como su marido trabajan con contrato y, entre los dos, suman unos ingresos mensuales de 2.500 euros, más del doble de la cantidad exigida para la reagrupación.

La instrucción, además, ordena "flexibilizar la interpretación del artículo 54 del Reglamento", teniendo en cuenta "las circunstancias del caso concreto, y en particular, la relación del extranjero con el menor, la edad, el desarrollo físico y emocional", una descripción que casi parece redactada para un niño menor de dos años. También recuerda que se pueden "flexibilizar, de acuerdo con el apartado 3, para disminuir las cuantías exigidas", siempre ateniéndose a "el interés superior del menor", que según el documento oficial "implica favorecer la reagrupación de este con los padres o representantes, con independencia de los recursos económicos de estos".

"No tiene sentido el rechazo de la petición de Murillo"

Sara Murillo está asesorada por el Centre d’Atenció a Immigrants, una ONG que ofrece apoyo jurídico en casos de extranjería. Desde este centro reconocen que "no pueden explicar por qué se rechazó la petición. No tiene sentido".

Paco Solans, abogado experto con cuestiones de extranjería, reconoce que el caso "no le sorprende", puesto que conoce "experiencias muy similares". Para Solans, la Oficina de Extranjeros de València "cumple estrictamente cuando las instrucciones son restrictivas, pero las incumple cuando son más laxas", incluso inventándose la presentación de documentos como la declaración de la Renta. "Porque una cosa es ser rigurosos y la otra es exigir requisitos de más", dice.

De hecho, Solans advierte que la petición de documentos no se flexibiliza, como ordena el Ministerio, sino todo lo contrario: "En su día eran seis nóminas, luego pasaron a pedir la declaración de IRPF y a valorar un año, y después terminaron valorando todo el año de la declaración, más el tiempo anterior del año en curso". Al aumentar el período de valoración crecen las probabilidades que la media mensual de renta baje y la familia demandante no consiga llegar al mínimo. Y más aún en tiempos de covid, con numerosos cierres y ERTEs. Una situación, la de la pandemia, que la instrucción ministerial también pide tener en cuenta.

En este sentido, no sería la primera vez que hay denuncias sobre el trato a personas migrantes en las comisarías valencianas. En noviembre del 2020, dos mujeres colombianas denunciaron haber sido multadas y haber recibido un expediente de expulsión tras acudir a la comisaría de Paterna (València) para hacer el DNI a sus hijos. Poco después, en diciembre del mismo año, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) denunció que la comisaría de Zapadores impedía a demandantes de asilo acceder al procedimiento y, en cambio, les habría un procedimiento de expulsión.

Mientras tanto, Sara Murillo y su marido continúan sin poder abrazar su hijo. "Mi suegra es muy mayor y está enferma, no se puede hacer cargo. Nosotros tenemos que contratar las cuidadoras por videoconferencia. Y todo esto nos genera una gran angustia e inseguridad. Diego tiene la piel atópica y el otro día la cuidadora se equivocó de jabón y se le puso toda la piel roja e hinchada, era horroroso. Solo pido que alguien que lo pueda resolver tenga un poco de corazón", lamenta.