En Canarias hay 2.819 menores no acompañados y dicen que ya no cabe ninguno más. ¿Han tenido que dejar ya alguno en comisaría, como advirtieron?

La situación es límite. Hemos aguantado sin tener que dejar a los chicos en comisaría tras las 72 horas de custodia policial porque esta semana se han resuelto 60 decretos de mayoría de edad y se han liberado esas plazas. Pero es cuestión de días o semanas que volvamos a estar igual. Y no es lo que queremos.

Han puesto en marcha casi 50 alojamientos de emergencia para estos menores, ¿cómo se vive en una emergencia constante?

Ganando tiempo. Ponemos parches para una situación que requiere una cirugía profunda. Ayer, por ejemplo, solicitamos al delegado del Gobierno en Canarias que nos devuelva un centro que se les facilitó desde la Consejería de Educación de Canarias con el que ganaríamos otras 60 plazas. Cuando llegamos al Gobierno teníamos 500 plazas concertadas con los cabildos insulares. Esas son nuestras plazas estabilizadas. Nunca habían llegado tantos niños no acompañados en el flujo migratoria hacia Canarias. Además, el Gobierno anterior cerró los recursos de emergencia que había, como si Canarias hubiera dejado de ser frontera sur de España y de Europa.

No parece que las regiones españolas se estén mostrando muy solidaras. Solo se han derivado a la Península a 208 chavales.

Hemos encontrado cierta solidaridad en algunas comunidades autónomas, sobre todo de Catalunya, pero es claramente insuficiente ante los más de 3.000 chicos que han llegado en dos años. No es cuestión de solidaridad, es una cuestión de corresponsabilidad. Hay comunidades que no han acogido a ninguno y otras que podría hacer un esfuerzo mucho mayor, pero solo hacen un gesto de cara a la galería. Madrid, por ejemplo, se ofrece a acoger cinco menores, una región con el PIB más alto y muchos más recursos. El Estado tiene que jugar un papel fundamental en el reparto de estos niños y no mirar para otro lado.

¿A qué ministerios está pidiendo que tome cartas en el asunto del reparto?

Nos hemos reunido con Delegación del Gobierno en Canarias y hemos pedido reuniones al Ministerio de Interior, al de Migraciones y al de Derechos Sociales. Solo nos ha recibido la ministra de Derechos Sociales, el pasado 31 de enero.

Es Derechos Sociales quien debe impulsar el protocolo de reparto de menores no acompañados. Pero Enrique Santiago, secretario de Estado para la Agenda 2030, ya dijo este verano que era imposible obligar a las regiones a aceptar el reparto. ¿Ione Belarra ha mostrado otra línea de actuación?

Nos trasmitió que trabajan en el protocolo de reparto y que lo quieren llevar al próximo Consejo Interterritorial. Pero son conscientes de que es difícil que las regiones que ponen reticencias voten a favor de este protocolo. Se puede atascar. El Ministerio solo tiene la función de hacer la propuesta, pero la decisión última es de las comunidades autónomas. El reparto es lo más adecuado y es el debate de fondo, pero también es lo más difícil.

¿No se va ya demasiado tarde con este protocolo?

Por supuesto. La ministra anterior, María Luisa Carcedo, ya nos dijo que se trabajaba él.

¿Y por qué cree que Belarra no lo ha impulsado antes?

Porque no quieren llevar un documento que sea rechazado. Se trabaja en un acuerdo que pueda ser satisfactorio y de consenso para que salga adelante. Pero es difícil. Con la crisis de Ceuta ya se intentó y el resultado no fue el adecuado por las reticencias de varias comunidades autónomas.

¿Qué comunidades son reticentes?

Las que no son receptoras, las que no son frontera, a las que no les afecta. Se lavan manos y no son conscientes de que los niños no llegan a Canarias, sino que llegan a España y todos somos responsables.

Sus llamadas de auxilio llevan dos años siendo totalmente ignoradas. ¿Qué van a hacer si nada cambia?

Agotaremos todas las vías políticas para dar solución al problema, pero si no nos queda otra tendremos que acudir a la Justicia para que delimite las competencias. En dos años hemos encontrado muchas palmadas en la espalda y pocas respuestas y alternativas a lo que estamos viviendo.

Hemos reflexionado mucho y examinado el marco legal y competencial. Vemos que hay dudas razonables sobre cuándo y quién tiene las competencias en determinados contextos. Se da por hecho que es la comunidad autónoma la responsable, pero no hay una legislación estatal que lo diga literalmente.

¿Están seguros de que eso es posible?

No es nuestra lucha. Antes queremos sentarnos con el Estado y buscar soluciones. Mientras podamos tutelarlos con garantías nos haremos cargo sin problemas, pero en esta situación no podemos garantizar que los chicos estén en condiciones adecuadas. Contamos con informes jurídicos que llevaremos a la próxima comisión bilateral entre Canarias y el Estado a finales de mes. Sustentamos jurídicamente que la comunidad autónoma no es siempre la competente para hacerse cargo de los menores extranjeros no acompañados. Al menos con los que no está todavía decretado si son mayores o menores.

Decretar la mayoría o minoría de edad depende de la Fiscalía, ¿qué les han dicho?

Parte corresponde a Fiscalía y otra parte, como la custodia de documentación, a Interior. A nuestra comunidad, en materia de Sanidad, le corresponde hacerse cargo de las pruebas oseométricas de determinación de la edad. Teníamos mucho atasco en esto y pusimos un equipo para agilizar las pruebas a pesar de la covid. Pero no hubo la misma respuesta de Fiscalía ni de Interior. Delegación del Gobierno se ha comprometido a resolver esto y espero que sea así.

¿Cómo se resuelve este problema sin un reparto entre comunidades?

Hay opciones más sencillas, rápidas y efectivas. Hay serias dudas de la minoría de edad de gran parte de las personas que estamos acogiendo. Creemos que alrededor de 1.300 personas serán consideradas adultas, según la proporción de los casos ya resueltas hasta ahora. Tenemos un caso de una persona de 46 años que fue declarada menor y trasladado a un centro de menores, con los riesgos que eso conlleva. No se prima el interés superior del menor en esto. Por ley, en 90 días tiene que estar listo el decreto de mayoría o minoría de edad, pero se está tardando un año o año y medio a veces. Si funcionara bien supondría un alivio enorme.

¿Los fondos estatales recibidos estos dos años cubren el gasto que esto genera al presupuesto de su departamento?

Esto genera unos costes importantes. El año pasado fueron alrededor de 60 millones de euros. Salvo diez millones que nos ha transferido el Ministerio de Derechos Sociales, todo el gasto lo hemos afrontado en solitario.

¿Qué le piden al Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social?

Hemos pedido tres reuniones con Inclusión, pero no hemos tenido respuesta todavía. Cuando hemos recurrido a Europa para pedir fondos FAMI (Fondo de Asilo, Migración e Integración) nos han dicho que no podemos solicitarlos como comunidad autónoma. Por escrito nos han respondido que esos fondos ya han sido transferidos al Ministerio de Inclusión y que parte de ellos están destinados a población migrante menor de edad. Parte de ese dinero que ha recibido Inclusión debería llegarnos a nosotros.

Sobre el nuevo reglamento de extranjería para menores tutelados, ¿han podido comenzar a tramitar documentación con este colapso?

Con el nuevo reglamento podemos empezar el proceso de documentación más fácilmente, pero con el volumen de llegadas que tenemos se nos hace muy difícil. Hemos aumentado el número de menores que hemos documentado, pero se hace muy cuesta arriba.