El juzgado de lo Penal número 23 de Madrid ha condenado a María Sevilla, expresidenta de la organización Infancia Libre, a más de dos años de cárcel y a otros cuatro de retirada de la patria potestad por un delito de sustracción de menores. El Juzgado la condena, además, a pagar las costas del juicio e indemnizar por daños morales a su expareja con 5.000 euros. 

María Sevilla fue detenida en la madrugada del 30 de marzo de 2019 por un operativo de la Unidad de la Policía adscrita a los Juzgados. En ese momento llevaba casi dos años en paradero desconocido sin haber acatado la resolución judicial de entregar a su hijo a su expareja, tal como había decretado un tribunal en diciembre de 2017. En el juicio, que se celebró el pasado 1 de octubre, María Sevilla y su abogado argumentaron que ella nunca conoció esa sentencia ni se le había comunicado hasta el día de su detención. Por ello su defensa pidió la libre absolución por considerar que su actuación no constituía un delito de sustracción, sino de desobediencia".

El juez no lo entendió así. La condena va en línea con lo que pedían las acusaciones, aunque finalmente las condenas son algo más bajas. En su escrito de acusación, al Fiscalía pedía tres años y medio de cárcel y cinco de retirada de la patria potestad. La acusación particular, ejercida por su expareja, había pedido cuatro años y medio de cárcel (cuatro por sustracción y seis meses por abandono familiar) y que la retirada de la patria potestad fuera por un período de seis años. También pedía una indemnización de 18.000 euros.

La sentencia descarta el argumento de la defensa en el sentido de que Sevilla no pudo cometer sustracción porque en el momento de desaparecer con su hijo no era conocedora del auto daba la custodia al padre y que dicha notificación no la recibió hasta el día de su detención en abril de 2019. Y tampoco entiende el juez que la actuación de Sevilla se ajuste a la eximente de "estado de necesidad" para apartar a su hijo de un delito, como alegó el abogado se Sevilla en su defensa. El juez también hace un repaso de los distintos documentos que a lo largo de los años acreditan la posible existencia de los abusos. Y a pesar de que afirma que hay más cantidad de ellos que dan a entender que el abuso ha existido que los que lo desmienten, da mayor credibilidad al elaborado por los servicios psicosociales del juzgado, uno de los pocos que niegan los hechos.

Por otro lado, el juez descarta el delito de abandono familiar al no considerar acreditado que el menor no estuviera escolarizado "aunque fuese en un régimen especial, adaptativo y con prolongados períodos de estudio en casa". Sobre la falta de asistencia al pediatra, también la descarta asegurando que tal vez no fueron todo lo frecuentes, pero "no hay evidencia de enfermedad alguna en el menor que haya dejado de ser tratada". También desecha el supuesto aislamiento que el hijo de Sevilla y su hermana menor (hija de su actual pareja) basado en las declaraciones policiales, que fueron contradictorias en durante el juicio. Según dos de los policías los niños "estaban pálidos y que ante su presencia olisqueaban como lo haría un perro", mientras que una tercera agente afirmó que estaban en estad normal.

La sentencia la condena a dos años y cuatro meses de prisión, por lo que, aunque el juez rebaja la condena sobre lo pedido por las acusaciones, al ser ésta superior a dos años podría suponer su ingreso en prisión aunque no tenga antecedentes. El juez también acuerda el mantenimiento de las medidas cautelares impuestas tras su detención, que suponen la obligación de alejamiento de su hijo. 

De la detención al juicio: el caso de Infancia Libre

En la madrugada del 30 de marzo de 2019, un numeroso grupo de policías pertenecientes a la Unidad Adscrita al Juzgado de Plaza de Castilla irrumpió en la casa donde residían María Sevilla, su hijo, su pareja actual y otra hija en común, a las afueras de Cuenca, cumpliendo una orden judicial. En ese momento el menor, que entonces tenía once años, fue entregado al padre y Sevilla quedó en libertad con cargos a las pocas horas y con una orden de alejamiento de su hijo. Para entonces, Sevilla llevaba casi dos años en paradero desconocido.

La detención de María Sevilla, altamente mediática, fue la primera de una serie de actuaciones de la Policía Judicial que se desarrollaron en cascada en los dos meses siguientes y que tuvieron gran impacto en los medios en tiempo real, según se detenían a otras madres. Todas ellas ligadas de una u otra forma a la organización Infancia Libre. Y todas presentadas por los medios de comunicación como madres secuestradoras, a pesar de que sus casos no eran similares y algunas no estaban en paradero desconocido ni habían incumplido órdenes judiciales en relación a visitas.

En el momento en que desapareció, María Sevilla era la presidenta de la asociación Infancia Libre, una organización que según sus estatutos se había creado para dar apoyo de familias que denunciaban abusos sexuales hacia los hijos y que abogaba por cambios legales para proteger a niños de estos delitos.

A raíz de estas detenciones, la Unidad de la Policía Adscrita a los Juzgados elaboró un informe en el que acusaba a Infancia Libre de ser una organización criminal. Para ello entrevistó a diversos padres que afirmaban ser víctimas de las mismas prácticas. El informe llegó a contener el nombre de unas 20 mujeres a las que se acusaba de interponer denuncias falsas y de seguir el mismo modus operandi . El informe se entregó a la Fiscalía para que valorara abrir una investigación penal.

El informe, que aún permanece secreto pero del que se han ido desvelando algunos datos, acusaba a la asociación presidida por Sevilla de ser una organización criminal, cuyo objetivo consistía en que un grupo de madres se habrían conchabado para presentar denuncias falsas acusando a sus exparejas de abusar sexualmente de sus hijos con el fin de quietarles la custodia. Según el informe, tres profesionales de la sanidad pública y al menos una abogada formaban parte de esta banda.

Tras varios meses de intensa investigación, la Fiscalía archivó el informe policial afirmando que no existía ningún "dato objetivo" que llevara a asegurar que la organización funcionaba como una trama ilícita. Es más, el escrito afirma que no consta dato alguno de que se haya incoado "un posible delito de denuncia falsa", por parte de la asociación o de sus miembros.

De hecho, ninguna de las detenidas relacionadas con lo que se dio en llamar el caso Infancia Libre, ha sido acusada de presentar denuncias falsas ni se han detectado casos de estas falsedades en ninguna de la veintena de mujeres incluidas en el informe e investigadas por la Fiscalía. De todas las detenida o investigada, la única que tiene pendiente juicio por posible sustracción de menores el Patricia González, aunque aún no hay fecha fijada.