"Lo que ocurrió con el caso de Infancia Libre sigue un patrón similar a lo que ocurre con el mito de la existencia de las denuncias falsas de violencia de género. Algo que no se sostiene empíricamente, pero que a base de repetirlo y decirlo muchas veces y muy alto, genera en el imaginario social un prejuicio y acaban creándose verdaderas teorías conspirativas de algo que no tiene una base real", afirma la magistrada Gloria Poyatos.

A lo que hace alusión esta magistrada es al tremendo impacto mediático y judicial que ha tenido el caso de Infancia Libre, que hace ahora un año comenzó con la detención en cascada de tres madres y la comparecencia de una cuarta ante los juzgados, a las que se acusó de haber secuestrado a sus hijos, incluso de mantenerlos en condiciones lamentables. Posteriormente el asunto derivó en un desconcertante informe policial elaborado por la unidad de este cuerpo adscrita a los juzgados, que acusaba a una veintena de mujeres de Madrid y Granada de formar parte de una trama criminal. Dicho informe, realizado tan sólo con los testimonios de varios hombres, según relatan algunas pocas personas que han tenido acceso a él (el informe sigue bajo secreto) ligaba a la supuesta trama, además, a una abogada que habría llevado varios de estos casos sobre abusos sexuales a menores y al menos a tres trabajadores de la sanidad pública (un psiquiatra, una pediatra y una psicóloga). 

Todos, según el informe, se habrían compinchado para interponer denuncias falsas de abusos sexuales de los padres hacia sus hijos, con el fin de apartarlos de su lado para que las madres consiguieran la custodia de los menores. A pesar de que el informe policial fue descartado por la fiscalía en enero pasado por no encontrar "dato alguno" de un posible delito de "denuncia falsa" por parte de la asociación o de sus miembros, medios de comunicación, algunos jueces y fiscales y gran parte de la sociedad sigue contemplando este caso como un entramado de mujeres perversas.

La realidad es que las historias de las cuatro mujeres ligada a la organización no guardan mucha relación entre sí. Todas habían interpuesto denuncias por abusos sexuales mucho antes de que se creara la asociación y a la mayoría se las habían archivado provisionalmente por falta de pruebas. María Sevilla, la presidenta y primera de las detenidas, nunca interpuso una denuncia por abusos sexuales, sino que lo hizo de oficio un juzgado. Ella perdió la custodia de su hijo por sentencia en 2017, que se la otorgó a su expareja, momento en el que decidió huir para no entregar a su hijo para protegerlo, según su testimonio.

Patricia G. también estaba en paradero desconocido cuando fue detenida, pero a diferencia de Sevilla, ella sí tenia la custodia de su hija. Ana B. no estaba ni desaparecida ni había incumplido órdenes de visita. Fue detenida a la llegada a su trabajo (en el Hospital de la Paz donde es enfermera). En ese momento su expareja tenía una orden de alejamiento de su hija por violencia de género, pero igualmente fue metida en el saco de madre secuestradora.

Por último Rocío de la Osa, vicepresidenta de la organización, tampoco estaba en ningún escondite. Su domicilio en Granada era conocido y, al igual que María B. tenía la custodia de su hija por sentencia judicial y no había impuesta medidas de visita por parte del padre. No fue detenida (como afirmaron muchos medios), sino citada al juzgado en donde un juez decidió en ese mismos acto el cambio de custodia de la niña a una tía paterna. Una decisión que fue revocada por la Audiencia de Granada poco tiempo después, afirmando que el juez no tenía potestad para realizar el cambio de custodia ni de la Osa podía haber secuestrado a su hija puesto que ella tenía concedida la custodia de la menor.

Entonces ¿por qué este mensaje monolítico de mujeres malvadas y secuestradoras entra con tanta fuerza y es aparentemente aceptado sin cuestionamientos por parte de amplios sectores sociales y de los medios de comunicación? ¿Por qué un grupo de mujeres que son desconocidas para la opinión pública se convierten durante meses en el centro de un huracán mediático en medio de una sorprendente trama criminal que apenas tiene elementos de sostén? ¿Cómo se justifica que desde hace meses un grupo de profesionales sanitarios estén involucrados en este torbellino acusados de colaborar con un extraño entramado de denuncias falsas, incluso después de que sus colegios profesionales hayan salido en su defensa?

Un campo abonado de mitos y prejuicios

Para diversos expertos de la psicología, la psiquiatría, defensoras de los derechos de las mujeres e incluso del propio estamento judicial, existen elementos previos que facilitan que muchos de estos mensajes se abran paso de forma incuestionada en la sociedad. Y estos elementos preestablecidos se llaman prejuicios y mitos.

"El impacto social y mediático tan virulento, radical y exagerado que ha tenido este asunto tiene que ver con la devaluación de las mujeres. No de una, de dos o de tres... sino de todas las mujeres. Y esto forma parte de la perpetuación de los roles sexistas como es el de la inferioridad moral de las mujeres. Este es uno de los mitos del estereotipo puntales que establecen las diferencias entre hombres y mujeres. La forma en la que se enfocó este tema afecta de forma directa en la falta de credibilidad de las mujeres y esto tiene un impacto claro en los procesos de familia", explica Gloria Poyatos.

"En el caso de Infancia Libre tenemos un ejemplo muy claro, muy actual y casi único en el mundo, de como el dispositivo de dominación masculina puede instrumentar diversos elementos sociales para sostener el prejuicio contra las mujeres y sostener la estructura patriarcal", afirma el psiquiatra defensor de los derechos humanos y de las mujeres Enrique Stola. Este experto explica que nuestras sociedades tienen una característica en relación a la mujer y es que ésta está siempre en el campo de la sospecha. "Sospecha de ser maligna, de que cuando es mala puede hacer cosas terribles. Y en base a estas creencias, cuando las mujeres se ven involucradas en las instituciones del Estado, como el sistema judicial, esa sospecha se agiganta. Porque la creencia que subyace es que siempre quieren perjudicar al hombre. Y sobre esas creencia y ese prejuicio jueces y juezas machistas, pero también peritos y otros profesionales que actúan dentro del poder judicial, elaboran sus hipótesis", afirma.

Para Stola bastó una historia bien armada y contada para, con la ayuda de los medios de comunicación, hacer una tormenta perfecta que reavivara todos estos prejuicios y calara en un sustrato social y cultural ya bien abonado.

"Lo que pasa con infancia libre no es nuevo ni novedoso, es un proceso de años y que están sufriendo miles de madres", afirma Ester Ruiz, presidenta de la Plataforma Luna contra la violencia en la infancia. Para esta activista se trata un backlash (una reacción) a los avances en los derechos de las mujeres que viene gestándose desde se aprobó la ley contra la violencia de género en 2004. Una reacción que ha utilizado durante años el mito de las denuncias falsas, la idea de que la mujer y los niños no son creíble y que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años. 

"Esta es la ideología que ha ido absorbiendo la sociedad para poder tragarse una historia como la de Infancia Libre. La sociedad ya había mamado desde el nacimiento que la mujer es manipuladora. Desde Eva somos así, responsables de todo lo maligno, lo que ha creado un campo convenientemente abonado para que crezca esta mala hierba de que las mujeres somos capaces de estar manipulando e implantando falsos recuerdos a nuestros hijos aunque éstos sean tan dolorosos como pueden ser los abusos sexuales. Esta reacción de los lobbies machistas ha traído consigo la custodia compartida impuesta, pero también el inexistente síndrome de alienación parental (SAP), que funciona como muro de contención de todas las denuncias porque destruye la credibilidad de las mujeres y que justifica la supuesta manipulación que ejercemos sobre nuestros hijos", denuncia Ruiz.

Para Stola, lograr que la historia de Infancia Libre impactara como lo hizo tiene dos elementos fundamentales. "Por un lado un sustrato social y cultural preparado durante años y por el otro la creación de un discurso bien elaborado que construyera sobre lo sembrado. Esto con la ayuda de algunos periodista televisivos y de historias bien contadas en donde los varones son víctimas de mujeres terribles que ocultan a sus hijos y acusan a los hombres para destruimos" hizo el resto.

Hay que escuchar y oír a los menores

Las estadísticas y estimaciones sobre el alcance de los abusos sexuales en la infancia son abrumadoras. Diversas fuentes y organismos estiman que entre un 15% y un 20% de la población infantil sufre este tipo de abusos. Sin embargo el índice de denuncias es ínfimo (apenas el 15%) y los recursos que llegan a ser juzgados, insignificantes. 

En la mayoría de los casos sólo se cuenta con el testimonio del niño o la niña, que no consiguen romper la barrera de la presunción de inocencia. Esto ocurrió en todos los casos de Infancia Libre: no hubo carga probatoria suficiente para determinar la culpabilidad. 

"Cuando se archiva provisionalmente una causa por abuso sexual es porque no hay unos indico claros para seguir adelante, pero no significa que sea una sentencia absolutoria. Es decir, el juez ha entendido que no hay indicios suficientes o los que hay a primera vista no son suficientes y se hace un sobreseimiento. Peor con esto no puede entenderse que la madre esté mintiendo o que lo hace es para obstaculizar el régimen de visitas, que es lo que en muchos casos se está aduciendo. Es decir, no se puede aplicar un SAP", afirma Cira García, magistrada del juzgado único de violencia sobre la mujer de Albacete.

"Que un abuso no se haya podido demostrar no significa que no haya ocurrido y lo que no se puede hacer, como sucede demasiado a menudo, es determinar un cambio del régimen de custodia sin ninguna prueba que demuestre que la madre esté acusada de haber realizado una denuncia falsa", refuerza esta magistrada.

Para esta experta en violencia de género "aquí el principal problema es la protección de los menores y acabar con el mito de que las mujeres mienten para evitar las visitas de los padres, porque esto supone una desprotección de la infancia".

"Es importante cómo escuchar a los menores. No existen protocolos desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de cómo hacerlo. Y en el caso de abusos sexuales es fundamental cómo se realicen esas exploraciones a nivel judicial, con garantías y en un clima bueno para el menor, porque lo único que en muchos casos existe para la denuncia es su testimonio, si este no se recoge correctamente lo que va a dictar un juez es el archivo provisional".

Para ello, esta magistrada reclama más medios y mucha más formación de los equipos psicosociales responsables de realizar dicha escucha. "Lo que no puede pasar es las denuncias por posibles abusos sexuales sobre sus hijos realizados por la madre, se vuelva contra ella y produzca un cambio de guardia y custodia tachándolas de madres alienadoras. Sigue habiendo mucha estructura patriarcal", concluye García.