Los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid están bajo el punto de mira de varios colectivos de la ciudad. Con la pobreza avanzando tras cada ola de la pandemia, el Consistorio se muestra incapaz de atender la creciente demanda de dos derechos básicos: techo y comida.

No es sólo un problema de falta de medios, sino también de gestión, sobre todo en materia de vivienda, denuncian diferentes asociaciones. En ese sentido, este próximo viernes la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS) y la Coordinadora de Vivienda de Madrid han convocado una concentración delante de la sede del Ayuntamiento para protestar por la situación de miles de familias desahuciadas que corren el riesgo de quedarse en la calle por la errática política social de los responsables municipales. La reivindicación no termina ahí: también se protestará contra el cierre de espacios vecinales y sociales que actúan como bancos de alimentos y comedores sociales.

En realidad, como explica una de las organizadoras de la convocatoria, Angelines Díaz, de la PAVPS, la concentración será una censura general a la política de "un Ayuntamiento que está quitando todo lo social".

La concentración tendrá lugar sólo dos días después de que Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, y el delegado del área social del Ayuntamiento de Madrid, Pepe Aniorte, anunciaran este pasado miércoles la contratación para 2021 de 112 nuevos trabajadores sociales y el refuerzo de otros 201 de promoción interna. "Un refuerzo histórico" de los Servicios Sociales, aseguraron. "Madrid vive una gravísima crisis social a la que estamos dando una respuesta sin precedentes volcándonos en el refuerzo de los servicios sociales", afirmó Villacís durante la presentación de la medida.

Sin embargo, Mercedes Revuelta, miembro de la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) y activista de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, sostiene, al igual que su compañera de la PAVPS, que el problema no es sólo de recursos y señala las contradicciones de una política social claramente insuficiente en una situación que empeora día a día.

Como contrapunto a lo afirmado por Villacís, Revuelta explica la principal reivindicación, aunque no la única, de los colectivos que se concentrarán este viernes ante el Ayuntamiento: "Esta acción se hace porque el Ayuntamiento está buscando soluciones habitacionales para familias desahuciadas que no son recursos válidos porque son recursos temporales, algo por lo que la propia ONU ya le ha sacado los colores a España. El Ayuntamiento está cediendo viviendas públicas a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a organizaciones sociales como Cruz Roja o Provivieenda que las gestionan de una forma un tanto peculiar: son viviendas para un período limitado de tiempo, y además funcionan como pisos tutelados, con lo cual las familias reubicadas no tienen autonomía ni intimidad: los trabajadores de estas organizaciones sociales entran y salen del piso cuando quieren; las familias no pueden decidir qué jabón comprar, por ejemplo, o meter sus propios muebles, ni tan siquiera pueden tener una mascota; si tienes perro no lo puedes meter en la casa. Además, de ser temporal, puede ocurrir que dos familias tengan que compartir un mismo piso. No es la situación ideal, pero esta es la solución que está dando ahora el Ayuntamiento, cuando la da".

Unas 4.000 familias en la ciudad de Madrid podrían estar viviendo en estos alojamientos de emergencia "temporales", arrastrando la incertidumbre de lo que será de ellas cuando tengan que abandonar el piso o se les acabe el "contrato" que firmaron con las organizaciones que gestionan la vivienda.

Revuelta relata el caso de el caso de unas 26 familias viviendo en pisos del Ayuntamiento en el Polígono Marconi, una zona humilde en el sur de la ciudad, "a las que Cruz Roja ya está avisando de que tendrán que abandonar el piso". Cruz Roja les ofrece una ayuda, entre 3.000 y 4.000 euros, para que puedan buscarse otra cosa, pero eso parece más bien un parche: "Las familias no quieren dinero, lo que quieren es que les den una solución real", afirman desde la PAVPS.

Mientras tanto, el Ayuntamiento se inhibe. Díaz y Revuelta reclaman que el consistorio tome cartas en el asunto: "El Ayuntamiento, que es el dueño de todas esas viviendas, debería estudiar los casos de estas familias y regularizar su situación para que puedan estar en una vivienda pública sin más trámites de los necesarios".

Revuelta cuenta que la EMVS dispone de unas 14.000 viviendas, la mayoría de ellas gestionadas por el Ayuntamiento. En el caso de que sea el Ayuntamiento el que gestione la vivienda, la familia alojada deja a un lado la incertidumbre: mientras pague un alquiler asequible podrá seguir viviendo en ese piso. Eso es precisamente lo que reclaman las organizaciones convocantes de la concentración, que "el Ayuntamiento de Madrid se haga responsable de lo que está ocurriendo en estos recursos y se den soluciones reales de habitabilidad digna y adecuada a las familias vulnerables".

"Están jugando con las familias"

Pero no será esa la única reivindicación. Angelines Díaz, una de las organizadoras de la concentración, asegura a Público que también se denunciará política social del Ayuntamiento madrileño. "Están jugando con las familias y con la gente. Están cerrando los espacios sociales y vecinales y eso también hay que denunciarlo", asevera Díaz, quien pone el acento en la poca implicación del Ayuntamiento en los repartos de comida a través de los bancos de alimentos y las llamadas despensas solidarias que desde el mismo inicio de la pandemia surgieron por toda la ciudad gracias a la implicación de las asociaciones vecinales, fundamentalmente.

A la concentración acudirá Carmen. Su caso es el ejemplo perfecto de la contradicciones en los que a veces cae el Ayuntamiento dirigido por José Luis Martínez-Almeida. Ella y su familia tuvieron que abandonar su vivienda en junio tras entrar su marido en un ERTE. También tuvieron que acudir a los Servicios Sociales del Ayuntamiento para pedir ayuda, y estos la derivaron a la despensa solidaria de Chamberí. Durante estos meses Carmen ha acudido cada dos sábados a recoger comida, pero a partir del 24 de marzo ya no podrá hacerlo más: el concejal del distrito de Chamberí, Javier Ramírez, del PP, ha decidido cerrar la Casa de la Cultura de Chamberí, un espacio social gestionado por 24 asociaciones del barrio en el que (aún) tiene la sede la despensa solidaria de Chamberí. Carmen ha acudido de nuevo a los Servicios Sociales del Ayuntamiento pero allí de momento no le dan ninguna alternativa.

También Angelines Díaz cuenta su experiencia: se ofreció como voluntaria para repartir comida desde el primer día del confinamiento en el comedor social organizado por la asociación de vecinos del barrio de Orcasitas, otro barrio obrero del sur de Madrid. Ella misma también ha recibido comida en estos repartos solidarios. "Al principio era el Ayuntamiento el que buscaba los proveedores para traernos la comida, pero en cuanto pasó el verano se quitó de en medio. La empresa de catering que había contratado el Ayuntamiento siguió colaborando un par de meses más sin cobrar. Ahora es un restaurante de San Blas el que trae los menús del día. También colaboran Bomberos en Acción, Metro o la Empresa Municipal de Transporte, pero no el Ayuntamiento".

Estos son dos casos, pero otros similares se repiten a lo largo y ancho de la ciudad. "Al Ayuntamiento le estamos solucionando la papeleta nosotros. Ni está, ni se le espera", explicaba hace un mes a Público un portavoz de la Asociación de Vecinos de Aluche (AVA), que también organiza desde el pasado mes de mayo un reparto de comida entre los vecinos más necesitados del barrio.

"Tú hablas con las despensas solidarias y con los bancos de alimentos y muchos te dicen que el Ayuntamiento les está cerrando los locales", apuntilla Mercedes Revuelta.

Cuando habló a la prensa de la situación en Madrid, Villacís trasladó la idea de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento estaban al límite. Algo que Revuelta tambien señala como una contradicción: "Estarán al límite, pero eso no explica, por ejemplo, que nada más entrar en el Ayuntamiento cerraran el programa de refuerzo del barrio de Usera que llevaba Provivienda con ocho viviendas de emergencia para familias desahuciadas. Hubo más casos, además. Por no hablar de la Tarjeta Familia, que ha sido un desastre: iban a repartir 28.000 y hasta diciembre no tuvieron lista la aplicación informática y no se han dado ni 4.000".

Villacís también reconoció el miércoles que "la demanda es cada vez mayor y de nuevos perfiles, que se encuentran ante puertas muchas veces cerradas".

Unas puertas que a veces cuesta abrir.