Malta es el país de la Unión Europea donde los derechos de personas homosexuales cuentan con mejor salud. Polonia es el Estado miembro más restrictivo. Y España, en la cuarta posición, es la que más ha mejorado en el último año. Son algunas de las conclusiones que se desprenden del índice que la organización ILGA-Europa realiza cada año analizando la situación política, legislativa y social del Viejo Continente en términos de igualdad.

En la UE el reconocimiento del matrimonio de parejas del mismo sexo es muy dispar. Solo la mitad de sus Estados miembros lo reconocen: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal y Suecia.

Estonia ha sido el último y se convertía esta semana en la primera república exsoviética en legalizar el matrimonio homosexual. Un paso que para muchos allana el camino para el resto de los estados bálticos y es una señal contra el hostigamiento de Rusia contra el colectivo. "Estonia ha legalizado la igualdad en el matrimonio. Es una decisión histórica. Estoy orgullosa de mi país. Estamos construyendo sociedades donde los derechos de todo el mundo son respetados y las personas se pueden querer de forma libre", ha celebrado su primera ministra Kaja Kallas.

España, el que más avanza

Tras conducir un estudio internacional, la consultora LLYC ha revelado que el discurso del odio contra el colectivo gay ha aumentado un 130% en España en los últimos años. A comienzos de este mes, un joven arremetía con insultos y golpes contra una mujer trans que viajaba en el metro de Barcelona. La puesta en marcha de legislaciones avanzadas como la ley trans ha ido acompañada de mensajes reaccionarios que han derivado en un mayor rechazo a personas lesbianas, gais, bisexuales, intersexuales y trans. Un informe previo de ILGA-Europe, la mayor organización europea en defensa de los derechos LGTBI+, advertía de que las personas homosexuales en Europa están sufriendo una ola de retórica y odio creciente "más tóxica y violenta" que ha dado lugar a un aumento de suicidios entre las personas de este colectivo.

"El aumento de la retórica anti-LGTBI+ por parte de fuerzas antidemocráticas, que están instrumentalizando las narrativas anti-trans, está siendo contestada por políticos valientes en Europa que defienden los derechos humanos y la igualdad. Pedimos que siga siendo así en un momento en el que la democracia y los derechos humanos en Europa están siendo amenazados por la extrema derecha", afirma Evelyne Parasia, directora ejecutiva de ILGA-Europe.

El caso español se extrapola a lo que está ocurriendo en el continente. "Los derechos trans e intersex están a la vanguardia del cambio positivo para las personas LGBTI en Europa. Pero el discurso público se está volviendo más polarizado y violento, particularmente contra las personas trans"”, concluye la investigación.

El informe de ILGA revela que España ha escalado seis puestos en un año, siendo el país que más ha progresado en esta materia. Lo achaca en buena medida a la aprobación de la ley trans y al fallo histórico en el que el Tribunal Constitucional reconocía que toda discriminación contra las personas trans es ilegal. Así, España ocupa en estos momentos el puesto 4 de 49 países europeos en protección del colectivo LGTBI+ solo por detrás de Malta, Bélgica y Dinamarca.

Pero ello podría tener los días contados si la ultraderecha continúa su ascenso imponiendo su ideario negacionista y homófobo. "No entendemos que haya un colectivo LGTBI+, hay españoles", señaló en una ocasión Santiago Abascal, líder de la formación verde, que niega los derechos de las personas gay al igual que rechaza proteger a las mujeres negando la violencia de género.

Vox y el PP han llegado recientemente a un acuerdo en la localidad valenciana de Náquera para retirar las banderas LGTBI+ de los edificios oficiales. El programa de la formación de extrema derecha es derogar los últimos avances en base a lo que consideran "ideología" de género y "lobby homosexual". Es decir, replicar la receta de Polonia y Hungría, que pasa por restringir los derechos del colectivo y evitar pedagogía en colegios y campañas de concienciación.

"Nadie podrá decir que no sabía qué país quieren la derecha y la extrema derecha. Han empezado por prohibir la diversidad y negar la violencia machista. Quieren volver a una España en blanco y negro. De nosotras depende que no lo consigan. El 23 de julio nos lo jugamos todo", advierten desde Unidas Podemos en el Parlamento Europeo.

Polonia, el peor

El país que dirige el partido Ley y Justicia (PiS) -aliado de Vox en la Eurocámara- repite por cuarto año consecutivo como el peor de los Veintisiete. Mientras Malta aglutina 89 puntos sobre 100; Polonia tan solo acumula el 15%. Hungría tiene el 30%. En el grueso del continente, los peor posicionados son Azerbaiyán, Turquía, Rusia y Armenia.

Hungría y Polonia, el tándem iliberal de la UE, han hecho de la lucha contra el discurso de la homosexualidad una de sus banderas. El Gobierno de Víktor Orbán aprobó una legislación que prohíbe hablar de ello en los espacios públicos y colegios con el argumento de que son discursos que corrompen a los jóvenes y van en contra de su agenda identitaria de tradición y familia. Y con esta base han hecho lo propio para limitar los derechos del colectivo a la hora de, por ejemplo, adoptar a niños. Este es el marco en el que se mira Vox, que ya ha intentado replicar políticas de estos países como el hecho de obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes de abortar. Una normativa que cocinó la Hungría de Víktor Orbán.

Las ONG advierten de que esta tendencia podría redoblarse en los próximos meses. Varsovia vive unas elecciones claves en octubre, que podrían poner fin a la hegemonía del PiS. Se espera que el lenguaje de endurezca para seducir a su electorado más conservador y que el discurso de campaña se pivote en el en el choque con Bruselas, en culpabilizar a los migrantes y refugiados y en atacar a lo que definen como "ideología LGTBI+" e "ideología de género". "Los niños no deberían ser sujetos a dinámicas que les dañan y derivan en cambios negativos psicológicos", afirmó recientemente el líder del PiS Jaroslaw Kaczynski.

El gran punto de inflexión en la cruzada polaca lo marcó la denominación de más de 100 municipios del país como zonas libres de LGTBI+. La UE se movilizó ante un retroceso que no conocía parangón. El Parlamento Europeo, en una resolución simbólico, respondió declarando a la UE como lugar de libertad LGTBI+. La Comisión Europea, por su parte, amenazó con bloquear con partidas de cohesión. Ante este temor, algunos de ellos dieron marcha atrás, pero las consecuencias ya habían calado aumentando la desprotección e inseguridad de miles de personas que habitaban en ellas.

La deriva en el Estado de Derecho y contra los valores europeos fundamentales es una contienda que enfrenta a Bruselas con Varsovia y Budapest –las dos únicas capitales bajo el Artículo 7 de los Tratados por sus ataques a los principios fundacionales- desde hace años. La Comisión anterior comandada por Jean-Claude Juncker ya fue criticada por tener una mano demasiado laxa. Y el equipo de su sucesora, Ursula Von der Leyen, ha continuado esta tendencia tibia absorbida por las crisis del coronavirus y de la guerra en Ucrania.