"La UE manda un mensaje político claro: la violencia contra la mujer es un crimen y la UE se posiciona claramente del lado de las mujeres", señalaba esta semana Helena Dalli, comisaria de Igualdad, en un acto en el que celebraba la ratificación de la UE al Convenio de Estambul.

Pocos días antes, el PP y Vox llegaban a un acuerdo de Gobierno en el País Valencià que eliminaba cualquier referencia a la violencia machista y retomaba el concepto de "violencia intrafamiliar", un juego dialéctico que utilizan países negacionistas como Hungría, Polonia o Turquía. Y que amenaza con socavar la imagen de España en la arena internacional si estos pactos con la extrema derecha continúan extendiendo sus garras por la geografía nacional.

"La negación de la violencia de género es un camino que empieza con trifulcas, pero puede acabar equiparando a nuestro país con Hungría o Turquía. Más vale que nos parezcamos a Dinamarca, Alemania o Francia", advierte Joaquim Bosch, magistrado y portavoz territorial de Juezas y Jueces para la Democracia, a través de un tuit.

"Mientras la UE avanza erradicando las violencias machistas, en España el PP vuelve a la barbarie. Feijóo no es homologable en Europa. Su liderazgo nos hace daño como país y nos deja sin futuro", coincide María Eugenia Rodríguez Palop, eurodiputada de Unidas Podemos. España se encuentra a la vanguardia de Europa en la lucha por la igualdad. Una lucha por los derechos que le ha valido reconocimiento internacional y que ha generado amplio consenso social. Pero la agitada campaña electoral y el hecho de que Vox empuje para marcar el paso al PP en este espacio amenaza con un retroceso.

Castilla y León se erigió como la pirmera comunidad con presencia gubernamental de la extrema derecha en España. Uno de los puntos del acuerdo pasaba por sustituir la ley de violencia de género por una de violencia intrafamiliar. Meses antes, Alberto Núñez-Feijóo, en calidad de presidente de Galicia, llegó a rechazar que la violencia vicaria es un tipo de violencia machista. En 2004, España adoptó su primera ley específica contra la violencia de género.

Una década después ratificó el Convenio de Estambul. Cuenta con cifras oficiales. En 2017, el Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que ya está en riesgo a merced de lo que ocurra el 23 de julio. Y en 2022, el país puso en marcha la ley del solo sí es sí. "Hay que dejarlo claro: el sexo sin consentimiento es una violación. Y la violación es un delito y es un trauma", aseguró hace dos años Vera Jourová, comisaria de Justicia y Valores.

 La extrema derecha polaca, aliada de Vox

A diferencia de España, la inmensa mayoría de países europeos exige evidencias más allá del consentimiento, como pruebas físicas, para juzgar una violación. En paralelo, países como Polonia, gobernados por el ultraconservador Partido Ley y Justicia (PiS), aliado de Vox en la Eurocámara, han sufrido una involución en términos de libertades y derechos fundamentales. Desde 2020, abortar en Polonia es de facto ilegal. Una restricción que se ha llevado por delante la vida de al menos seis personas. A ello se suma la desconfianza de las mujeres hacia un sistema judicial y político sesgado y ultracatólico que niega la violencia machista y prefiere hablar de "crimen pasional" o de "violencia doméstica".

Hungría es uno de los países europeos que no ha ratificado el Convenio. El gobierno que lidera el ultra Víktor Orbán ha cargado con dureza en los últimos años contra "la locura de género impuesta por la mayoría". Y ha legislado para prohibir estudios de género en las universidades magiares y charlas sobre homosexualidad en los colegios. La extrema derecha europea anula cualquier referencia a la violencia de género, una estrategia para invisibilizar esta lacra histórica y estructural, reduciendo el debate a una "dictadura radical" de "feministas y liberales".

Turquía abandona el tratado contra la violencia machista

En 2021, Turquía pasó de ser el país anfitrión del Convenio de Estambul a abandonar el mayor tratado internacional contra la violencia machista. El cada vez más conservador Recep Tayyip Erdogan alegó que se trata de un instrumento que atenta contra los valores tradicionales y de familia. Polonia planea retirarse y sustituirlo por una nueva ley de 'derechos familiares' que restringe la igualdad de género y los derechos LGBTI. "La falta de protección adecuada a las víctimas de violencia, al unirse a unas leyes obsoletas y una cultura de impunidad y de culpar a la víctima, forman una mezcla explosiva en el país", advierte Monica Costa Riba, directora de campañas sobre Derechos de la Mujer en Europa.

Sanciones por homofobia

PP y Vox han llegado a un acuerdo en la localidad valenciana de Nàquera para prohibir las banderas LGTBI. Pretenden poner fin a las manifestaciones contra la violencia machista y crear consejerías de caza y familia. Gabriel Le Senne, el nuevo presidente del parlamento balear, llegó a señalar que "las mujeres son más beligerantes porque no tienen pene". Y el líder de Vox en País Valencià, Carlos Flores, fue condenado por violencia de género en 2002. Unas agresiones ocasionadas por un "divorcio difícil" según Feijóo.

Todo ello ha ocurrido en los últimos días y en Bruselas no han sido ajenos al huracán que se avecina en el sur. "Qué vergüenza. Esto es lo que sucede cuando el PPE y la extrema derecha se alían. El Parlamento Europeo lo dejó claro en 2021: Europa es una zona LGTB. Silenciar la violencia machista es deleznable y retrata lo que son. Ni un paso atrás", asegura Iratxe García Pérez, líder socialdemócrata en la Eurocámara.

Preguntado por todo ello, la Comisión Europea se ha limitado a señalar que el Ejecutivo comunitario cuenta con estándares claros sobre la igualdad LGTBI y sobre la violencia contra las mujeres. "Las manifestaciones pacíficas son un derecho fundamental en todos los países democráticos", advierte Christian Wigand, portavoz encargado de Justicia.

"¿Quizá ha llegado el momento de que los europeos dejen de obsesionarse con Trump y miren su propio ombligo en términos de polarización?", se pregunta el portal Politico, que recuerda que la Comisión Europea ha congelado fondos de cohesión social a Polonia después de que el país introdujese zonas y urbes libres de colectivo LGTBi. Una de las primeras medidas nacionales de Giorgia Melonia en Italia ha sido bloquear la adopción y el registro de niños con padres homosexuales.

En la UE, los países con gobiernos populistas y ultraderechistas han sufrido numerosas penalizaciones financieras, judiciales y políticas. Italia tiene el tercer tramo de los fondos europeos post-pandemia congelado. Este mismo jueves, el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha condenado a Hungría por expulsar a migrantes en sus fronteras. Y hace unos días, la corte de Luxemburgo declaró ilegal la reforma del sistema judicial polaco.

Todas estas afrentas al Estado de Derecho, al acervo comunitario ya los valores y derechos europeos fundamentales no salen gratis y en no pocas ocasiones derivan –tras procesos generalmente lentos y farragosos- en cuantiosas multas o en la congelación de fondos europeos.