Una puerta que se cierra. Un viaje que se esfuma. La subida, obligada, al avión que te devolverá al punto de partida. En los últimos 15 años, 134.880 personas fueron "inadmitidas" por las autoridades españolas al tratar de entrar a España, fundamentalmente en aeropuertos. En muchas ocasiones, todo ocurre con escaso tiempo para que un abogado pueda recurrirlo y, así, evitar que todo vuele, literalmente, por los aires.

La cifra de "inadmitidos" figura en el documento remitido por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien había consultado sobre los procesos de este tipo que se registran anualmente en España. "Buscaba datos y claridad sobre una realidad oculta: lo que ocurre en las zonas restringidas de los aeropuertos", afirma a Público el representante de la coalición soberanista vasca. Sin embargo, no lo logró del todo: "El Gobierno –lamenta Iñarritu– es transparente de manera parcial".

En la respuesta al diputado abertzale se ofrece el número de inadmisiones registradas cada año entre 2004 –fecha desde la que constan tales datos, según el Ejecutivo– y 2019 inclusive. Según ese informe, el año pasado se produjeron 8.531 casos, lo que implica un aumento respecto a 2018, cuando se habían registrado 7.086. De hecho, en 2019 se alcanzó la cifra más alta desde 2009, año en el que se habían producido 10.002 inadmisiones. El año más álgido del periodo analizado fue 2007, con 20.133 casos.

En su pregunta, Iñarritu pedía información acerca de la "nacionalidad y género" de las personas inadmitidas, así como "el motivo de la inadmisión de cada una de ellas". Esos datos fueron omitidos por el Gobierno en su escueta respuesta.

De hecho, el Ejecutivo señala que estas "inadmisiones" –rechaza por completo catalogarlas de "expulsiones"– se practican siguiendo "los códigos que establece el Código de Fronteras Schengen", entre los que se encuentran motivos como "carecer de documentos de viaje valido", tener un "documento de viaje falso", "carecer de visado o permiso de residencia válido", no acreditar "medios de subsistencia y de regreso a su país de origen", "figurar como no admisible" o también "considerarse peligros para el orden público, salud pública, etc…".

El Gobierno tampoco aclara cuántas personas son encerradas en la denominada "sala de inadmitidos" de los aeropuertos. Según el Ejecutivo, "un procedimiento de denegación de entrada no implica automáticamente el ingreso en una sala de inadmitidos, toda vez que en ocasiones, el tiempo que se invierte en el trámite de notificación, lectura de derechos, etcétera, es suficiente para su retorno, por lo que no es internado en la sala de inadmitidos". "De esta forma –continúa–, no hay datos que disgreguen entre retornados que hayan pasado por sala de inadmitidos y retornados que no hayan pasado por la misma".

"Indefensión"

Eduardo Gómez, abogado e integrante de Red Jurídica, ha trabajado en varios casos de personas que son llevadas a esa sala, donde aguardan los trámites que, normalmente, acaban con su regreso al país desde el que vinieron. Hay posibilidad legal de presentar alegaciones, pero los tiempos de la justicia no coinciden siempre con los de las autoridades migratorias.

"Se genera mucha indefensión, porque a los abogados prácticamente no nos da tiempo para nada. Las alegaciones tardan en tramitarse, y si a la persona que intentas defender la expulsan al día siguiente, hay un indefensión bastante evidente", afirma Gómez.

Este abogado destaca que se han registrado casos en los que personas que venían en busca de refugio se vieron atrapadas por el procedimiento de las inadmisiones, lo que genera aún más dificultades. De hecho, Iñarritu había preguntado por dos casos de este tipo que se registraron a finales de 2018 en el aeropuerto de Barcelona. Se trataba de dos mujeres, una saharaui y otra argelina, que llegaron en busca de asilo. En ambos casos fueron inadmitidas, aunque la ciudadana saharaui logró, tras la presentación de recursos, su admisión como asilada. Por su parte, la mujer argelina fue inadmitida y devuelta a un avión tras el "reexamen" de su solicitud.

Una hora de luz natural

La realidad que se esconde dentro de las salas de inadmitidos ha sido motivo de análisis por parte del Defensor del Pueblo, que ha formulado varias recomendaciones al respecto. Según consta en el informe elaborado tras la visita realizada "sin aviso previo" en marzo de 2019, esta institución planteó, entre otros aspectos, que no existía "separación por sexo en las habitaciones", por lo que sugería "dar instrucciones para que las habitaciones de la sala de personas inadmitidas sean ocupadas exclusivamente por personas del mismo sexo, con la única excepción de que se trate de familias nucleares". Esta recomendación fue rechazada por el Gobierno.

El Defensor del Pueblo también observó –entre otras cuestiones– que "en la sala de personas inadmitidas no se permite el acceso a los instrumentos de comunicación personales". Sobre esta cuestión, el Ejecutivo respondió que "el uso de teléfonos móviles puede comprometer el derecho a la intimidad, el honor y la propia imagen del resto de internos". Argumentó además que "existen motivos de seguridad que justifican la limitación de su uso, como el riesgo de que se produzcan hurtos y robos". "También deben considerarse los posibles altercados producidos si no se respeta el derecho al descanso de los demás ocupantes, por realizar llamadas a altas horas de la madrugada", aseguró.

En ese contexto, el Gobierno aceptó "parcialmente" la recomendación relativa a que "al menos durante una hora al día, todos los días, la salida al exterior de las personas que se encuentren en la sala de solicitantes de protección internacional". En su respuesta, la administración señaló que "la sala de inadmitidos solamente dispone de una zona con luz natural, sin espacios al aire libre, al que se suele conducir a las personas rechazadas una hora al día".