Se llamaba Alicia. Y poco más se sabe de ella, salvo que falleció el pasado lunes. Saltó desde el quinto piso del edificio situado en la calle Ramiro II, número 1. Allí residía desde hace cuatro años en régimen de alquiler. Hasta el lunes, cuando una comisión judicial, acompañada de la Policía Municipal, llegó a la vivienda para ejecutar su desahucio por impago del alquiler. Cuando los agentes tocaron a la puerta sólo encontraron silencio. Poco después eran alertados por el portero del edificio. Una mujer yacía tendida en la calle. Era Alicia, la mujer que no quiso abrir la puerta al desahucio. Eligió abrir la ventana y saltar desde el balcón del apartamento que le costaba unos 500 euros al mes. Nadie puedo reanimarla.

El suicidio de Alicia, de 65 años, divorciada y con un hijo, según varios medios, es el segundo del que se tiene constancia este año en España debido a un proceso de desahucio. El primero fue el de Jordi R.F., un hombre, de unos 50 años que también decidió acabar con su vida saltando desde el décimo piso del bloque del que iba a ser desahuciado en Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat). Ocurrió el pasado junio, también cuando la comitiva judicial llegaba al edificio para ejecutar su desahucio por impago del alquiler, la nueva plaga de desahucios tras la crisis de las hipotecas.

“Ha fallado todo el país, es un desastre. No funcionó nada de la cadena para proteger a los desahuciados”, lamenta Mercedes Revuelta, activista por el derecho a la vivienda y miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid. Mercedes, antes que nada, hace autocrítica. “Fallamos las plataformas antidesahucios, que no hemos sabido llegar a las Alicias del mundo. Ella no sabía que la PAH estaba ahí para acompañarla y pelear por una alternativa”, asegura.

Revuelta sabe perfectamente cómo son los momentos previos a un desahucio. Ha estado en cientos de viviendas con cientos de personas la noche previa al desalojo para intentar pararlo, aplazarlo, denunciarlo y “sobre todo, acompañando”, apunta. “La noche antes de un desahucio es una noche terrorífica, es muy normal que el afectado piense en el suicidio esa noche, lo he visto muchas veces. Si estás apoyada por un colectivo, por 50 o 60 personas que han ido a tu puerta ayudarte a mantener tu vivienda, se pasa de otra manera. Alicia estaba sola, esperando a que la echaran de su casa”, describe Revuelta, que advierte de la “gran cantidad de suicidios silenciosos que hay por este motivo y de los que no nos enteramos”.

Varios activistas colocan flores en la puerta del edificio donde Alicia se suicidó el pasado lunes.- PAH MADRID

No estaba empadronada

Alicia llevaba cuatro años viviendo en el apartamento desde el que saltó al vacío. Lo alquiló a través de Apartamentos Galileo, una empresa que ofrece estudios y pisos en Madrid, según su página web. La compañía no lo confirma ni lo desmiente, aunque dependiendo de la hora a la que preguntes la respuesta varía desde el "no sabemos nada" al "creo que sí, que lo alquilamos nosotros".

Tampoco se conoce la situación económica de la víctima, aunque percibía una pensión que, al parecer, no era suficiente para hacer frente a la renta. “Mucha gente va pagando como puede hasta que se queda sin los ahorros que tenga. Entonces empiezan los impagos y el desahucio por alquiler llega rápidamente”, explica Revuelta.

Ante su situación, Alicia acudió en mayo a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para pedir información y ayudas municipales. Según ha podido saber este diario, Alicia recurrió a los servicios sociales cuando acumulaba ya tres meses de impago, aunque entonces no tenía ninguna orden de lanzamiento. No se sabe cuándo el juez ordenó el desalojo de Alicia, aunque como máximo fue hace seis meses.

Había acudido antes, en 2011, a solicitar información, aunque no tenía ningún expediente abierto ni ningún seguimiento por parte de servicios sociales. La última vez que acudió a ellos no pudieron ayudarla porque no estaba empadronada en Madrid. En la Junta Municipal de Chamberí le recomendaron que se empadronase en su domicilio actual para poder acceder a las ayudas municipales, pero no volvieron a tener noticias suyas. Hasta el pasado lunes. 

Fuentes del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de Madrid explican que no pueden facilitar datos del expediente de Alicia ni confirman que solicitara ayudas municipales o información en Servicios Sociales. Tampoco ha querido hacer declaraciones a este medio Ester López, la concejala del distrito de Chamberí, donde se produjo la tragedia. 

Ayudas municipales para situaciones de desahucio

Fuentes del Área de derechos Sociales del Ayuntamiento recuerdan que hay un servicio municipal para estos casos, el servicio de asesoramiento a la emergencia residencial. Es público y gratuito y está formado por expertos en intermediación con Entidades Financieras y sobreendeudamiento familiar y está destinado a familias o personas que puedan verse afectadas por ejecuciones hipotecarias o de alquiler sin más recursos de vivienda o económicos.

Son los Ayuntamientos lo que tienen competencia para buscar una solución, siempre temporal, en caso de emergencia o vulnerabilidad en materia de vivienda. “Cuando nos avisan, los Servicios Sociales, el SAMUR Social, estudian cada caso en concreto, realizan informes y tratan buscar una solución para el corto plazo, ya sean albergues o costear alojamientos temporales. Pero para eso hay que solicitar las ayudas y estar empadronado”, apuntan desde el Ayuntamiento.

Sin notificación del juzgado

Aunque el primer fallo de todo, apuntan fuentes municipales, es la comunicación. En diciembre de 2017, el Ayuntamiento de Madrid anunció la aprobación del convenio de protección a personas vulnerables en proceso de desahucio, un convenio con el Colegio de Procuradores de Madrid para facilitar al consistorio información de las personas o familias en situación comprometida. La idea es que el Ayuntamiento pueda actuar con antelación y prestar asistencia a las personas o familias afectadas o susceptibles de verse afectadas por un desahucio, ofreciendo alternativas habitacionales o ayudas de emergencia, orientación y asesoramiento.

“El Ayuntamiento actúa a veces antes de que se produzca una desahucio para buscar soluciones, ofrecer alternativas e, incluso, media para conseguir un aplazamiento de ese desahucio mientras se encuentra una solución, pero para eso tiene que avisarnos un juez, y casi nunca lo hace”, afirman fuentes municipales. Las mismas fuentes añaden que el Ayuntamiento está costeando suministros energéticos, parte de alquileres y fianzas y otros gastos de familias desahuciadas en la capital.

Precisamente de eso se ha quejado la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "Ojalá los juzgados nos hicieran caso cuando les pedimos que, antes de desahuciar, avisen a los recursos sociales", ha dicho la alcaldesa durante el pleno municipal del martes, poco antes de comprometerse a hacer "todo lo posible" porque esto se convierta en un modo de proceder habitual. "Si a esta persona, en el mismo momento del desahucio, se le hubiese dicho que (...) el Ayuntamiento no deja a nadie en la calle, probablemente esta persona estuviera viva", lamentó la alcaldesa.

Para Mercedes Revuelta, éste un problema fundamental. “Hay algunos jueces que dejan por escrito en la orden que se le notifique a los servicios sociales, pero en la inmensa mayoría de casos no se hace. O, si se hace, no se comunica nada. Es importante que se sepa porque, antes de que se produzca un desahucio, el SAMUR Social llega a la casa, evalúa la situación y realiza informes y recomendaciones que son determinantes para encontrar una alternativa”, sostiene la activista. En al caso de Alicia, nadie notificó nada.

Inacción de la Comunidad de Madrid

Desde el consistorio madrileño explican que también es fundamental el papel de la Comunidad de Madrid en casos de desahucio sin alternativa habitacional. “Son ellos los que tienen la competencia para un realojo. Nosotros sólo podemos ofrecer alternativas temporales y nuestros servicios sociales pueden orientar y realizar seguimientos e informes para que se les conceda una vivienda social por especial necesidad, que son las que tiene el antiguo IVIMA”, ahora llamado Agencia de Vivienda Social, explican.

El Ayuntamiento también dispone de su propia empresa pública de vivienda, la EMVS, aunque precisan que estos recursos, “mucho más limitados que los autonómicos”, son para personas vulnerables, en riesgo de exclusión social, y que ya hay una “larga de lista de espera para acceder a una de sus casas”. Según los últimos datos que facilitó a Público la EMVS el pasado julio, cerca de 23.000 personas habían solicitado una vivienda social en la ciudad hasta abril. “Hay coordinación entre Ayuntamiento y Comunidad en este tema, pero las plataformas antidesahucios se quejan de que la Comunidad no está respondido adecuadamente”.

Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Madrid han criticado repetidamente a “inacción” de la Agencia de Vivienda Social, cuyas anterior cúpula se encuentra en un proceso penal por la venta de casi 3.000 viviendas sociales a fondos buitre en 2013. Según datos de la empresa pública regional de vivienda, unas 3.700 familias figuran en la lista lista de personas de especial necesidad sin que se les haya otorgado una vivienda, a pesar de que, según denuncia el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid, dispone de alrededor de 500 casas vacías desde hace años.

Pero no solo eso. La Comunidad de Madrid ha reconocido que sólo utilizó el 34% del presupuesto para ayudas al alquiler de 2017, unos fondo que pertenecen al Plan Estatal de Viviendas, según publicó recientemente la Cadena Ser. De los 22,6 millones presupuestados sólo se repartieron 7,9. Casi 15 millones de euros sin aprovechar en una de las ciudades donde más se ha disparado el precio del alquiler. 

La ley de vivienda de la PAH, paralizada en el Congreso

Por otra parte, sostiene Revuelta, uno de los mayores fallos en materia de vivienda es la falta de una regulación que mire por las personas y no por los intereses económicos de bancos, empresarios y especuladores. “La vivienda es un derecho fundamental recogido en la Constitución pero nadie hace nada para garantizarlo”, critica la activista, que recuerda que hace más de dos meses, el Congreso aprobó dar curso a la proposición de ley en materia de vivienda elaborada por la PAH y presentada por Unidos Podemos, la llamada “Ley de emergencia habitacional”.

La iniciativa logró mayoría simple para ser admitida a trámite aunque contó con los votos en contra del PP y Ciudadanos y la abstención del PNV. Ahora se encuentra en periodo de enmiendas, sin fecha para su votación final. “Los partidos no dejan de echarse porquería unos a otros pero tienen cero coordinación en departamentos clave como la vivienda. Hace falta un pacto nacional para defender este derecho”, reclamara Revuelta, que recuerda que, con esta ley, se reformaría la Ley de Arrendamientos Urbanos para proteger al inquilino y se garantizarían los suministros básicos de familias vulnerables”.