En 2013, el Gobierno del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (hoy en libertad con cargos) decidió que al parque público de vivienda de la región, gestionado por el IVIMA, le sobraban 2.935 pisos, así que los sacó a subasta. La empresa Encasa Cibeles, del fondo buitre estadounidense Azora, controlado por Goldman Sachs, las compró con inquilinos dentro por 208 millones de euros.

El proceso de venta estuvo lleno de irregularidades, según varias sentencias judiciales que han ido fallando a favor de los afectados a los largo de estos siete años.

Sin embargo, las viviendas siguen en manos de este fondo buitre, que ha ido subiendo los precios de los alquileres a los inquilinos de estas viviendas de primera necesidad. Muchos no han podido hacer frente al aumento, ya que son familias con bajos recursos que disfrutaban de alquileres sociales. Cientos de vecinos han sido desahuciados, otros esperan el desalojo y otros, a pesar de que no han dejado de pagar la renta, serán desahuciados tras la negativa de la empresa a renovarles el contrato de alquiler.

Ante esta situación, un grupo de 140 vecinos se han organizado para registrar este jueves una solicitud formal de revisión de oficio ante la Comunidad de Madrid. En ella exigen al Gobierno Ángel Garrido, el que fuera número de dos de Cristina Cifuentes, que revierta la venta y devuelva las viviendas al patrimonio público para que no tengan que irse de sus casas.

Varias decenas de afectados se han concentrado esta mañana frente a la sede del Gobierno, en la Puerta del Sol, para protestar contra esta “venta ilegal” antes de registrar la solicitud. Javier Rubio, abogado del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), que trabaja con los afectados, ha explicado que se trata de una petición previa a recurrir a los tribuales. “Le damos al Gobierno de Madrid la oportunidad de revertir un proceso plagado de irregularidades. Si acepta la petición, que tiene que decidirlo en seis meses, se iniciaría un procedimiento que debe dar parte al Consejo de Estado. Si su resolución es favorable, se podría revertir la venta y la gente podría quedarse o volver a sus casas. Si Garrido se niega, presentaremos otra demanda en los tribunales, que ya han empezado a dar la razón a los afectados”.

Este letrado recuerda que durante estos años han ido apareciendo todo tipo de irregularidades en el procedimiento de venta, que se hizo “sin autorización preceptiva, sin justificación ninguna y en el momento más duro de la crisis económica, cuando los madrileños más necesitaban estas casas”, critica. De hecho, dos exdirectores generales del IVIMA, Ana Gomendio y Juan Van-Halen, están imputados en una causa penal por malversación de fondos públicos y prevaricación a raíz de esta venta. “Hay razones suficientes para dar marcha atrás”, afirma Rubio.

Detrás de las sentencias, vecinos desahuciados

Pero detrás de las sentencias —la última ganada por un vecino de Navalcarnero— y las irregularidades lo único que hay son personas que se están quedando sin una vivienda legalmente otorgada en régimen de alquiler social por una empresa pública.

Personas como María González, de 66 años. Vive en uno de estos bloques en Vallecas con su marido, de 79 años y una minusvalía del 70%, describe. “De la noche a la maña nos dijeron que tenía que pagar el alquiler a Encasa Cibeles. Yo he tenido suerte porque no me han subido el alquiler en todo este tiempo. Pago algo más de 300 euros. Pero mi contrato de alquiler ya ha vencido y no me lo quieren renovar, así que estoy esperando que me llegue la orden de desahucio”, afirma tras su pancarta en la que se puede leer “derecho a techo”.

La mujer ha visto como han ido desahuciando a la mayor parte de los vecinos de su bloque. “No podían hacer frente a la subida y los han ido echando. Es una vergüenza que hagan esto con viviendas de primera necesidad”.

A su lado, Abassia, otra vecina afectada de Móstoles, explica que ha conseguido paralizar su desahucio el pasado lunes, pero vive “angustiada” porque sabe que volverán a intentar echarla. “Llevo 12 años viviendo en esa casa pero desde que me subieron el alquiler no puedo pagarlo. Ahora he perdido el trabajo. Estamos desesperados, no tenemos a dónde ir y pensábamos que estas viviendas eran públicas, que si pagábamos el alquiler que nos fijó el IVIMA no tendríamos problemas. Hemos intentado negociar con Encasa Cibeles, pero no nos dan una solución. No sé cómo se puede permitir esto”, afirma esta mujer de origen argelino.

Virginia, otra afectada de Móstoles, subraya que no tienen ningún problema en pagar su alquiler. “Queremos pagar dignamente con nuestro trabajo un piso que nos adjudicaron, pero en mi caso he pasado de pagar 200 euros a casi 400 y, en mi situación, no puedo hacerle frente”, denuncia.“Hay que revertir ya la venta de la vivienda social en esta ciudad y en esta Comunidad Autónoma y reparar el daño que se ha causado a personas vulnerables”, concluye el abogado.

Mientras tanto, afirma, de las casi 3.000 viviendas que se vendieron, ya sólo quedan unos 900 de los inquilinos a los que se les adjudicaron.