El Defensor del Pueblo va a abrir una actuación de oficio en todas las comunidades autónomas solicitando la adopción de medidas urgentes para afrontar las carencias existentes en la Atención Primaria que dificultan el acceso de los ciudadanos a este servicio sanitario.

Y es que, la institución está "preocupada" por la situación en la que se encuentra la Atención Primaria debido a la "falta de facultativos" en los centros de salud y ambulatorios, y a las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Por ello, ha hecho un llamamiento a las administraciones autonómicas para que aborden las reformas necesarias para fortalecer el sistema público sanitario y garanticen el cumplimiento de este derecho recogido en el artículo 43 de la Constitución que señala que "compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios".

Aunque las carencias las padecen usuarios de la sanidad pública de numerosas comunidades autónomas, el mayor número de quejas recibidas en la institución proceden de la Comunidad de Madrid, expone el Defensor.

En cualquier caso, el Defensor del Pueblo se va a dirigir a todas las comunidades para solicitarles medidas urgentes y requerirles información sobre las plantillas existentes en Atención Primaria en los últimos dos años, recursos disponibles, retribución media del personal sanitario y datos sobre tiempo medio que han de esperar los pacientes para ser atendidos y tiempo medio que se les dedica.

Además, la institución llama la atención "sobre los servicios extrahospitalarios de urgencias donde, como el caso de la Comunidad de Madrid, o no se prestan o, en los centros que se han reabierto tras la pandemia, no existen suficientes médicos y estos se encuentran atendidos por enfermería y celadores", lo que provoca la derivación a urgencias hospitalarias y su saturación.

En las últimas semanas la institución está recibiendo numerosas quejas de profesionales sanitarios por sus condiciones de trabajo y la gran presión asistencial que soportan que va, según señalan, "en detrimento de una asistencia de calidad y segura", concluye el defensor.