El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha propuesto conceder licencias urbanísticas especiales a los 3.000 vecinos de la Cañada Real Galiana, donde viven 1.200 niños, que llevan más de dos años sin suministro eléctrico. 

En concreto, Gabilondo sugiere que los ayuntamientos de Madrid y Rivas -Vaciamadrid valoren facilitar títulos habilitantes urbanísticos a los residentes en los sectores cinco y seis de este asentamiento para que puedan solicitar la contratación provisional del suministro eléctrico.

Gabilondo señala que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid recoge que con dicha licencia especial se podrían iniciar los trámites para solicitar a la compañía suministradora la prestación del servicio. Además, esta tendría que presentar a los respectivos ayuntamientos el correspondiente proyecto de despliegue de la red.

El Defensor del Pueblo considera que las diferentes administraciones, coordinadas por el Comisionado de la Cañada Real, deben adoptar "un papel más proactivo para afrontar esta emergencia humanitaria".

La Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencia Urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid y el Plan Urbanístico General de Rivas-Vaciamadrid contemplan la regulación de licencias de las edificaciones fuera de ordenación.

Además, Gabilondo añade que es vital la participación de la Comunidad de Madrid, ya que la Cañada Real se encuentra en el suelo de la misma y se necesita contar con su autorización para poder activar esta opción.

Por ello, Gabilondo reitera su llamamiento a todas las administraciones para que, "con carácter de urgencia", colaboren para que se restablezca el suministro eléctrico en la zona cuanto antes. También, para que "se acorten los plazos y se agilicen los trámites, por parte de las administraciones y de la compañía suministradora, para que la electricidad vuelva a los sectores cinco y seis de la Cañada Real lo antes posible, y desde luego, antes de que comience el invierno".

Gabilondo señala que la falta de electricidad en la Cañada Real impide a sus habitantes tener "una vida digna" y añade que, "en algunos casos", esta situación "pone en riesgo la salud de muchos de ellos, especialmente personas mayores, enfermos crónicos y niños".

El Defensor del Pueblo ha hecho llegar esta resolución con las apreciaciones apuntadas al Comisionado de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real; a los ayuntamientos de Madrid, Rivas-Vaciamadrid y Coslada; y a las consejerías de Sanidad, y de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, según informa la institución en un comunicado.