Se acerca el fin de la Cumbre del Clima, el desenlace de uno de los eventos más determinantes para revertir la situación de crisis ecosocial en la que adentra el planeta. A pesar de que las aspiraciones con las que los altos cargos abrieron la cumbre eran bastante altas, la realidad es que a poco de clausurar la COP25, todo apunta a una nueva oportunidad perdida. Al menos, esas son las sensaciones que se perciben por los pasillos de Ifema, donde los observadores de la sociedad civil, con cierta frustración, empiezan a hablar de fracaso.

La realidad es que fuentes de la negociación explican que los acuerdos cruciales que se deberían alcanzar en el cierre de la cumbre se han enquistado. La regulación del mercado de carbono –herramienta que permite a los países comprar derechos de emisión para cumplir con los compromisos climáticos– o la creación de un sistema de compensación que permita ayudar a los países que sufren más las consecuencias de la crisis son los principales escollos que, de no haber consensos, podrían quedar aparcados para la siguiente Cumbre del Clima de 2020. Un retraso que, según los grupos sociales y los propios representantes de la ciencia, no se puede permitir la humanidad dada la situación de emergencia en la que se ha adentrado la Tierra.

Si bien es cierto que representantes como la propia ministra Teresa Ribera han remarcado en varias ocasiones la necesidad de que la población sea el motor que empuje las negociaciones políticas, la realidad es que la COP25 está siendo un fiel reflejo de la brecha que existe entre los dirigentes mundiales y los representantes de la sociedad civil en cuanto a compromisos climáticos. “Mientras la ministra anima a la gente para que tire de los gobiernos con movilizaciones como la del 6 de diciembre, luego la ONU viene a expulsar a cerca de 300 activistas de los pabellones de Ifema por protestar y pedir más ambición”, denuncia Javier Andaluz, portavoz de Ecologistas en Acción.

El activista se refiere a unos hechos que sucedieron el miércoles, después de que una multitud de personas –acreditas en la cumbre como observadores– organizara una sentada frente a uno de los plenarios de la COP para protestar contra la escasez de acuerdos que se han alcanzado durante los últimos días. Ante esto, la ONU actuó desalojando de Ifema a todas las personas acreditadas como observadores y se les denegó la entrada para lo que queda de evento. “Esto ha sido algo sin precedentes, han querido dejar fuera de la COP a toda la sociedad civil”, expone Alejandro Martínez, representante de Fridays For Future-Juventud por el Clima, una de las organizaciones más activas durante el último año. Aunque finalmente la organización rectificó y devolvió las credenciales al centenar de activistas, para Martínez esta actitud refleja el distanciamiento evidente que existe entre sociedad y las delegaciones políticas.

“Hay una demanda ciudadana muy clara de más acción. Hemos pasado de un mecanismo clásico de concertación entre países, en el que los representantes de los gobiernos se ponían de acuerdo en textos, a un momento en el que los ciudadanos quieren estar más presentes en el proceso de decisión”, argumentan las mismas fuentes de la negociación, evidenciando que, dentro del plenario donde se negocian las medidas para mitigar la crisis climática, hay una conciencia clara de la existencia de esta brecha.

El distanciamiento no es sólo con la población que tiene una fuerte conciencia ecologista, sino que, si las negociaciones no llegan a buen puerto, se evidenciará la falta de correlación que tienen los dirigentes mundiales con los expertos que estudian y alertan sobre el cambio climático. “La auténtica brecha no es con la sociedad civil, sino con la comunidad científica, que en la propia inauguración de la COP dijo que no estamos haciendo lo suficiente”, apunta Andaluz, para considerar que se debe incluir el discurso del Panel Intergubernamental de Expertos Sobre el Cambio Climático (IPCC) dentro de los espacios de negociación.

Para los activistas, el distanciamiento entre los compromisos de gobiernos y sociedad civil se hace más doloroso si se tiene en cuenta el uso que algunas empresas contaminantes han dado a esta cumbre para lavar su imagen. Javier de la Casa, activista de Extinction Rebellion, considera que las compañías “han tenido más presencia en la cumbre oficial” que otras voces, como la de los pueblos indígenas que, pese a ser los que más sufren las consecuencias de la crisis climática, quedaron prácticamente excluidos con el cambio de la sede de la COP a Madrid.

“Aunque digan (la ONU) que quieren escucharnos, no van a permitir que ninguna voz disidente sea escuchada en los espacios oficiales. Están dispuestos a que la sociedad civil quede fuera de las negociaciones. Mientras, dan voz a las empresas, que son las que más contribuyen a la crisis climática”, agrega Martínez, indignado por la trifulca del miércoles que les dejó durante toda una tarde y una noche sin poder acceder a la COP25.

El elenco social que ha diseñado una cumbre paralela, sin embargo, no baja sus brazos ante las escasos avances que se han alcanzado durante las últimas semanas. Con el cierre oficial de la COP a unas horas, se preparan para seguir haciendo ruido, porque, según explican a Público, solo les queda seguir ejerciendo su labor de presión. Como el delantero que mira al árbitro y señala al defensor que ha roto el fuera de juego, incrédulos, clavan sus ojos en la clase política y señalan a la ciencia.