El traslado de la sede de la Cumbre del Clima de Chile a Madrid ha limitado las capacidades de los pueblos autóctonos de América Latina para poder viajar y situar sus reclamos de justicia climática en el centro del debate internacional. Sin embargo, entre las corbatas que estos días se pasean por la COP 25 de IFEMA, se pueden ver algunas coronas de plumas y ciertas pinturas guerreras. Se trata de unos pocos representantes del cono sur que, con un poder limitado, han conseguido llegar a la capital española para representar a las comunidades indígenas que sufren el expolio de sus tierras ancestrales.

Sandra Tukup, portavoz de la Confederación de Naciones Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFINAE), es una de ellas. Ataviada con ropas tradicionales y junto a otros defensores de la Tierra, alza su voz contra el extractivismo que sufre el denominado Globo Sur de Latinoamérica. “Nuestro bosque es nuestra farmacia, es el sitio en el que nos alimentamos y bebemos, el lugar donde nos casamos…”, enumera, para después denunciar la constante presencia de maquinaria occidental que escruta la tierra en busca de petróleo y otras riquezas.

Los pueblos indígenas, los pocos que han podido volar hasta Madrid, dicen basta y reclaman bajo los focos de las Naciones Unidas una moratoria que paralice todas las actividades industriales que deforestan y esquilman sus territorios. Tukup, junto a otros compañeros de Ecuador y Perú buscan que “las cuencas sagradas de la Amazonía” sean lugares protegidos y administrados por las múltiples nacionalidades indígenas que las habitan. “Vivimos desde 7 mil años en este territorio, lo hemos administrado nosotros y podemos hacerlo”, explica Wrays Pérez, presidente de la nación aborigen de Wampis, que esconde su rostro tras un maquillaje espiritual.

Ese deseo de soberanía, no obstante, choca con los intereses económicos del norte global y las grandes multinacionales, que acuden a los bosques del oeste amazónico en busca de recursos. Tanto es así, que según denuncian los defensores de la Tierra, los gobiernos de Perú y Ecuador estiman que en los próximos años la extracción de recursos fósiles aumentará en la zona en torno a un 50%. “Exigimos que el petróleo se mantenga bajo tierra”, expone Belén Páez, de la Fundación Pachamama, que recalca la necesidad de que los pueblos indígenas puedan administrar el territorio amazónico para poder devolver al bosque su condición simbólica de pulmón planetario.

El objetivo, a caballo entre la soberanía y el conservacionismo, es conseguir salvar 30 millones de hectáreas de selva en las que viven cerca de medio millón de personas de unas veinte nacionalidades diversas. “Es un imperativo moral para la Amazonía y el mundo”, opina Páez, que enfatiza la idea de que luchar por los derechos de los pueblos es la mejor forma de conseguir justicia climática y cumplir con el Acuerdo de París.

La pelota, sin embargo, está en las manos de los gobiernos nacionales de Ecuador y Perú, que, según denuncian los activistas, deben tomar medidas inmediatas para que este gran terreno de selva sea un espacio restringido y fuera del alcance de las empresas extractivistas. Además, según opina Domingo Peas –coordinador de la red de pueblos indígenas que busca salvar las Cuencas Sagradas de la Amazonía– las empresas también juegan un papel importante en esta batalla, ya que deben retirar sus inversiones de los proyectos que arrancan de raíz los recursos de la selva.

El tiempo se agota y otorga un margen ínfimo para la supervivencia. Esa prisa urge a los pueblos indígenas de esta región natural a alzar la voz y reclamar –entre el oficialismo y la rectitud de la COP 25– soberanía y justicia climática. Su vida, al fin y al cabo, depende de la salud de la selva.