Fueron decenas de muertos, 23 según Marruecos. 470 fueron devueltos irregularmente, muchos de ellos heridos. Sigue habiendo 70 desaparecidos y alrededor de 300 refugiados sudaneses están en prisión. La masacre en la frontera entre Nador y Melilla del pasado 24 de junio fue la mayor tragedia migratoria que se conoce en una frontera española, aunque las consecuencias penales y políticas de aquello han sido nulas, a pesar de las pruebas.

Casi nueve meses después de los hechos, el Gobierno español intenta pasar página y dar por cerrado el asunto después de haber cerrado filas con el país vecino tras el archivo de la investigación de la Fiscalía al no hallar indicios de delito por parte de las fuerzas de seguridad españolas. Este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacía gala de las buenas relaciones con Marruecos y de la actual reducción del flujo de migrantes hacia España que se ha logrado gracias a la colaboración marroquí.

Pocas horas después, el Congreso Internacional de Periodismo de Migraciones, organizado por la Fundación porCausa en Mérida, ha querido reconstruir no solo los hechos, sino la difícil cobertura que obligó a comparecer en varias ocasiones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien acabó siendo reprobado por el Congreso.

Periodistas españoles e internacionales han repasado cronológicamente cómo noticia a noticia e investigación tras investigación se iban desmontando algunas de las versiones del Ministerio del Interior y como aquel "bien resuelto" del presidente del Gobierno en realidad encubría varias vulneraciones de derechos contra que tenían derecho a pedir asilo.

La mesa la han abierto Mohamed-Amine Abidar, activista de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador, una de las organizaciones que más información fue difundiendo sobre la tragedia para romper el cerco de silencio que las autoridades españolas y, sobre todo, marroquíes trataban de imponer en las horas y días posteriores. Alertaron de la intención de Marruecos de enterrar a los fallecidos en fosas abiertas en el cementerio de Nador, informaron sobre las detenciones de decenas de supervivientes y sobre los procesos judiciales por los que muchos han sido condenados a prisión, y siguen trabajando con grandes dificultades para que los familiares puedan identificar a las víctimas. La mayoría sigue en la morgue. "Ha sido agotador, a nivel personal y profesional", explica Abidar, que incide en las "presiones" con las que lidian en Marruecos diariamente por su labor, aunque reconoce que el "impacto internacional y la atención mediática que tuvo en Europa han dado algo de protección" a los activistas. "Lo peor es que no ha cambiado nada después de todo. Los refugiados sudaneses están todavía más perseguidos por Marruecos y la libertad de prensa se ha restringido todavía más", lamenta.

También ha participado el fotoperiodista Javier Bernardo, que documentó cómo agentes marroquíes llegaron a cruzar totalmente a territorio español para golpear y llevarse a varios de los refugiados que habían logrado cruzar las vallas. Público difundió en exclusiva aquellas imágenes, aunque Interior tardó en reconocer los hechos y negó públicamente que eso hubiera sucedido. "Nunca en los cuatro años que llevo trabajando en Melilla había visto a las fuerzas marroquíes entrar totalmente en suelo de Melilla durante un salto a la valla", recordaba Bernardo. Aquellas imágenes confirmaron que había serias contradicciones en la versión oficial y que hubo coordinación entre las autoridades españolas y marroquíes durante los momentos en los que se produjo la avalancha mortal.

Los periodistas Nicolás Castellano (Cadena Ser), Gabriela Sánchez (eldiario.es) y Jairo Vargas (Público) han recordado la importancia que tuvo mantener la cobertura sobre terreno los días posteriores. Gracias a ello se pudieron obtener testimonios de los refugiados que lograron llegar al CETI de Melilla y entablar contacto con compañeros que no lo consiguieron y fueron devueltos a Marruecos. La cobertura de Público y de eldiario.es, junto a TVE, logró llegar hasta Casablanca, a cientos de kilómetros de la frontera.

Allí pudieron realizar más de diez entrevistas a migrantes sudaneses que habían sido devueltos por los agentes españoles, muchos de ellos heridos. Los relatos hablaban de traslados forzosos y masivos de los supervivientes, de la violencia empleada contra ellos durante el intento de salto o de la falta de atención médica. También quedó probado que España devolvió a personas totalmente vulnerables, como menores de edad, y que no se respetó el principio de no devolución de refugiados que exige la convención de Ginebra. Los refugiados siguen actualmente malviviendo en las calles de varias ciudades marroquíes mientras los más de cien que lograron cruzar han conseguido pedir asilo y que su solicitud sea admitida a trámite.

También han participado los periodistas que realizaron la investigación junto a Lighthouse Reports, el consorcio de medios internacionales que llevó a cabo la investigación más exhaustiva sobre los hechos, con la que probaron que al menos una persona murió en suelo español. El Gobierno sigue negándolo a pesar de las pruebas y mantiene que "ningún hecho trágico ocurrió" a este lado de la frontera.

María Martín (El País), Steffen Lüdke (Der Spiegel) y Salaheddine Lemaizi (ENASS) y José Bautista (porCausa) y el diario Le Monde, coordinados por Maud Julien (Lighthouse Reports), pudieron ofrecer una reconstrucción en 3D de los hechos, consiguieron imágenes exclusivas de la tragedia grabadas por las fuerzas de seguridad españolas y realizó decenas de entrevistas a supervivientes y fuentes oficiales tras varios de meses de investigación. También lograron identificar a varias víctimas.

"El Gobierno español no esperaba que pudiéramos reunir pruebas tan sólidas para asegurar que hubo un muerto en suelo español", asegura Julien a Público, que ha insistido en la importancia del trabajo en equipo para revelar información clave. "La publicación les hizo ponerse muy a la defensiva y el Ministerio del Interior estuvo bajo mucha presión", repasa la periodista de Lighthouse, que recuerda que el objetivo era "seguir manteniendo la atención política y mediática sobre hechos tan graves incluso meses después de que sucedieran".

Sin embargo, reconoce que la reacción del Gobierno fue "decepcionante". Confiaba en que el ministro "cambiara algo de su discurso en el Parlamento", donde compareció por segunda vez solo un día después de que se publicara la investigación. Mantuvo su versión, que ha repetido incluso ante el Parlamento Europeo. No ha habido consecuencias políticas más allá de la reprobación simbólica del Congreso de los Diputados.

Al otro lado, destaca el trabajo de ENASS, un medio marroquí independiente que participó en la investigación y publicó las conclusiones pese al riesgo que corren los periodistas en Marruecos. "Tanto España como mi país decretaron una especie de omertá, imponían silencio sobre la tragedia", ha explicado Lemaizi, reportero que firmó la información. "Tuvimos dudas a la hora de firmar. En Marruecos hay periodistas que están en la cárcel por hacer su trabajo", asegura, "sin embargo era un hecho informativo muy importante y era totalmente riguroso.

"Las autoridades marroquíes no han podido decir nada tras la publicación", sentencia. El periodista asegura que todavía quedan cosas por contar sobre esta tragedia y sobre la represión que Marruecos, con apoyo de España y Europa, emplean contra los migrantes en las fronteras. "En la cárcel todavía hay 300 sudaneses que intentaron saltar, que necesitaban pedir protección internacional y a las que se ha criminalizado totalmente", subraya. Ahora trabaja en el libro en el que pretende indagar en las políticas de control migratorio que ha ejercido Marruecos en los últimos diez años.