En la tarde del viernes 23 de febrero de 2018, la redacción de Akhbar al-Youm, el último periódico independiente en Marruecos, estaba ya casi vacía tras haber cerrado la edición del fin de semana. En el despacho del director y fundador las luces seguían encendidas; Taoufik Bouachrine era el último en salir. Estaba guardando sus papeles y organizando sus citas de la semana siguiente cuando una multitud de hombres extraños irrumpió. El 'batallón, dirigido por agentes de la policía judicial, rodeó la sede, ocupó los ascensores y cerró la puerta del edificio, conocido como 'Torre Habous', en pleno centro de Casablanca. Esa repentina y masiva redada, llevada a cabo por cuarenta miembros de las fuerzas de seguridad y de la inteligencia interna, tenía como objetivo detener a Bouachrine.

Cuatro años más tarde se repitió la situación con el sucesor de Taoufik Bouachrine, Suleiman Raissouni, quien afrontó una difícil situación económica por el cierre de todas las puertas publicitarias y la suspensión de las subvenciones públicas. Raissouni pensaba abandonar el barco, no para eludir sus responsabilidades ni la difícil coyuntura financiera, sino con la esperanza de que al renunciar, con la consiguiente desaparición de su firma, se le diera un nuevo impulso a Akhbar Al-Youm.

Pero la noche del viernes 22 de mayo de 2020 aparcó su vehículo delante de su casa y los mismos hombres extraños, esta vez unos 15 miembros de la policía judicial y agentes de paisano, acordonaron la zona y cerraron las callejuelas cercanas con la orden de detenerlo y encarcelarlo.

A Omar Radi, periodista independiente, era difícil encontrarle en la sede de un periódico y, por lo tanto, detenerle, porque era como un ave migratoria a la que no le gusta estar encerrada en una redacción. Radi amaba su trabajo como amaba la música y tocar la guitarra, siempre sonreía y, por eso, se burlaba de la idea de ser detenido a causa de sus artículos y sus ideas.

Como se atrae a las aves a una trampa, Radi fue gradualmente convocado a interrogatorios maratonianos por la Brigada Nacional de la Policía Criminal sobre su trabajo como periodista, y su teléfono fue intervenido por el programa israelí Pegasus. Después fue procesado con una lista de cargos, entre ellos "atentar contra la seguridad del Estado", comunicarse con "agentes de inteligencia de un país extranjero" y "violación". Finalmente fue detenido.

Souleiman Raissouni, Omar Radi y Taoufik Bouachrine son un símbolo: los últimos periodistas que ha conocido la prensa independiente de Marruecos en los veinte años más recientes. Otros comunicadores también fueron detenidos, partieron al exilio, cambiaron de profesión o se amurallaron voluntariamente en un prudente silencio. 

En las tres historias objeto de este análisis, la información y los datos se cruzan y se superponen, pero comparten un hilo conductor basado en tres preguntas que estructuran el contexto de la investigación: ¿Por qué los periodistas independientes de Marruecos son objeto de acusaciones penales? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es el objetivo final de silenciar a los últimos periodistas independientes de Marruecos?

Aniquilamiento moral

El 25 de octubre de 2019, el Tribunal de Apelación de Casablanca condenó a Bouachrine a 15 años de prisión, tras aumentar su pena en 12 años respecto a la anteriormente dictada por un tribunal de primera instancia en noviembre de 2018. Además, fue condenado a pagar dos millones y medio de dirhams (unos 250.000 euros) en concepto de multa e indemnizaciones para "las denunciantes".

El 25 de febrero de 2022, el Tribunal de Apelación de Casablanca confirmó la primera condena de prisión contra Raissouni, de cinco años de cárcel, por "agresión sexual" a un homosexual. Este caso ha suscitado un amplio interés.

El 3 de marzo de 2022, el Tribunal de Apelación de Casablanca condenó a seis años de cárcel a Radi por "violación" y "espionaje", casos que se instruyeron y decidieron en el mismo juicio, en contra de toda lógica judicial.

Todas las acusaciones formuladas contra estos periodistas son de índole criminal y, más aún, de una naturaleza que afecta a la moral de la sociedad. Los organismos que les defienden, en Marruecos o en el extranjero, tienen la convicción de que el objetivo no es sólo su descrédito como periodistas, sino desprestigiarlos en el seno de una sociedad conservadora.

Para estas organizaciones, el objetivo es el aniquilamiento moral de voces incómodas mediante procesos mediáticos que se lanzan antes de que comiencen los procesos judiciales y de que se dicten las sentencias. Se trata de una maniobra de difamación que se ejecuta a través de la maquinaria de los medios próximos a los órganos de seguridad.

Las 'primaveras árabes' como detonante

Los sucesos mencionados son sólo episodios de una larga historia de persecución contra las voces diferentes e independientes. A lo largo de la primera década de este siglo hubo muchos casos de represión de disidentes y juicios a periodistas en Marruecos, pero con interludios periódicos que permitieron que la presión se suavizara. 

El giro ocurrió a partir del 20 de febrero de 2011: Marruecos vivió una oleada de protestas para pedir un cambio político, conocidas como el Movimiento 20 de febrero. Fue la versión marroquí de las 'primaveras árabes', a lo que el régimen respondió con promesas que nunca se cumplieron.

Las autoridades tomaron nota y aprendieron de estas protestas populares protagonizadas por jóvenes que utilizaban las tecnologías de comunicación modernas. Con las 'contrarrevoluciones' para acallar el boom de estas 'primaveras' –apoyadas por los regímenes del Golfo–, el poder en Marruecos pasa de estar a la defensiva al ataque contra los opositores y el silenciamiento de las voces críticas, utilizando a su favor las nuevas tecnologías, como detalla un informe de Human Rights Watch (HRW) de 99 páginas y difundido el 22 de julio de 2022, bajo el punzante título "They'll Get You No Matter What" (Te atraparán pase lo que pase).

Según HRW, el objetivo de las "tácticas" represivas utilizadas por las autoridades marroquíes "no es sólo acallar las voces disidentes, sino también intimidar a todos los posibles críticos". Estas "tácticas" se concretan en vigilancia digital, grabaciones de vídeo encubiertas, campañas de difamación en los medios de comunicación del aparato estatal, persecución de familiares y, en algunos casos, intimidación y agresiones físicas, de las que la Policía afirma que los autores no han podido ser identificados todavía. El remate fueron juicios surrealistas y duras condenas de prisión por cargos penales no relacionados con el ámbito de la libertad de expresión o el ejercicio del periodismo. 

HRW examinó 12 casos, entre los que se encontraban los protagonistas de esta investigación. Los cargos presentados contra ellos fueron calificados de "inventados" por destacadas organizaciones profesionales y de derechos humanos, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), Reporteros sin Fronteras (RSF), Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch, Front Line Defenders (FLD) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Estos juicios han sido duramente criticados en dos informes emitidos por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el primero publicado tras examinar el caso de Bouachrine, en marzo de 2019, y el segundo sobre Raissouni, en octubre de 2022. En ambos casos se consideró arbitraria e ilegal la detención, también el juicio, y se pidió a las autoridades marroquíes la inmediata puesta en libertad e incluso una indemnización por los daños y perjuicios sufridos.

Acoso a la investigación

Durante la preparación de esta investigación, fue detenido uno de los participantes: el antiguo decano del Colegio de Abogados y exministro de Derechos Humanos, Mohamed Ziane. Ocurrió el 22 de noviembre de 2022, después de que el Tribunal de Apelación de Rabat confirmara una condena de tres años de cárcel contra él tras una denuncia presentada en su contra por el Ministerio del Interior. 

Tanto Ziane como sus defensores sostienen que no fue detenido por esa denuncia, sino por su posicionamiento y sus críticas, especialmente en el periodo inmediatamente anterior a su arresto, cuando empezó a cuestionar lo que describió como la "estructura secreta" que gobierna Marruecos y la continua ausencia del rey, cuyos viajes al extranjero a veces duran varios meses. 

Cuando este trabajo de investigación llegaba a su fin, el Parlamento Europeo aprobó el 19 de enero de 2023, por abrumadora mayoría, una resolución en la que pedía al Gobierno de Rabat respetar la libertad de expresión y de información, y, garantizar un juicio justo a los periodistas encarcelados, en particular a Radi, Raissouni y Bouachrine, así como su liberación inmediata. Se instaba también a los Estados de la UE a dejar de exportar tecnología de espionaje a Marruecos, de acuerdo con el reglamento comunitario de doble uso.

Taoufik Bouachrine: ¿"Editoriales" o "chicas"?

Las tácticas mencionadas en el informe de HRW se aplican a los casos de los tres periodistas investigados, empezando por Taoufik Bouachrine, conocido por sus artículos críticos contra el Gobierno y sus prácticas antidemocráticas. Así, cuando se preguntó al exjefe del Gobierno islamista, Abdelilah Benkirane, su opinión sobre la detención de Bouachrine (descrito como próximo a los "islamistas moderados"), respondió que había sido detenido "por los editoriales, no por las chicas".

Los artículos del periodista ahondaban en el control ejercido por el entorno del rey sobre todos los órganos y poderes del Estado. Y lo de "las chicas" era una alusión a los cargos por los que Bouachrine fue condenado: "acoso, violación y trata de seres humanos". 

De la misma opinión es el periodista marroquí Hamid Berrada, que trabajó como corresponsal jefe para la revista Jeune Afrique, cercana a los círculos de toma de decisiones en Marruecos y quien tenía un programa semanal en el canal oficial de televisión marroquí 2M.

El nombre de Taoufik Bouachrine estuvo muy presente en el panorama mediático a través de su periódico, Akhbar Al-Youm, uno de los más vendidos y leídos, independientes e influyentes de la última década. A lo largo de su carrera periodística, Bouachrine fue conocido por su prudencia, pero cambió con la llegada del islamista moderado Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) a la Presidencia del Gobierno en 2011, de modo que su periódico se convirtió en portavoz de ese partido y de su secretario general, Abdelilah Benkirane, que fue presidente del Gobierno entre 2011 y 2016.

Cuando en 2016, desde palacio, se decidió no confiar a Benkirane la formación de gobierno, a pesar de que su partido había obtenido el mejor resultado electoral, y se nombró jefe de gobierno a su primer adjunto del mismo partido, Saad Eddine El Othmani, Bouachrine fue uno de los más ardientes defensores de la supervivencia de Benkirane. 

Así, comenzó a publicar virulentos editoriales criticando la metodología del entorno del monarca para manipular los resultados electorales y crear mayorías que no eran fruto de las urnas.

El más impactante de estos editoriales se titulaba "Decir la verdad al rey", en el que Bouachrine hacía referencia a un diálogo entre un intelectual iraní, que apoyó la monarquía durante la etapa del Sha, y el Sha de Irán en sus últimos días antes de su derrocamiento. Bouachrine se dirigió de forma indirecta a Mohamed VI a través de las palabras del intelectual persa: "Oh, majestad, el poder tecnocrático del que os habéis rodeado no tiene ni las herramientas, ni la cultura, ni el conocimiento para escuchar el grito de la verdad en la calle, es el que os oculta la realidad de la situación".

Pasado el tiempo, volvió con un artículo más explícito, bajo el título "El poder no es un picnic junto al mar". Esta vez se refería al gusto del monarca por la moto acuática. Escribió: "Napoleón no tenía razón cuando comparaba el trono con una simple silla chapada en oro, al contrario, el trono es una responsabilidad ante el pueblo, ante la historia y ante Dios en un país cuyo pueblo cree que el juicio y la sanción son leyes que no excluyen a nadie el Día de la Resurrección".

Cada vez que Bouachrine elevaba el tono, la máquina de la difamación le machacaba a él y a su familia, con artículos cargados de odio en sitios web instrumentalizados por los servicios de seguridad, lo que se llama en Marruecos "policía política". Pero lo que Bouachrine no sabía es que su despacho estaba plagado de cámaras ocultas, grabaciones que serían usadas después como "pruebas" en su contra.

La técnica del chantaje, consistente en colocar cámaras en oficinas o domicilios de los opositores, también fue usada por las autoridades contra el activista de derechos humanos Fouad Abdelmoumni, quien, cuando recibió por WhatsApp vídeos con escenas íntimas de él y su novia en su dormitorio, lo denunció en el diario británico The Economist.

Bouachrine fue detenido el 23 de febrero de 2018 en su despacho y luego condenado a 15 años de prisión, de los que ya ha cumplido cinco.

Las organizaciones de derechos humanos que siguieron el maratoniano proceso de dos años contra Bouachrine declararon que fue sometido a un juicio "político" que no reunía las condiciones de un "juicio justo".

La reacción más contundente fue el dictamen emitido el 23 de noviembre de 2019 por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según el cual se habría producido una detención arbitraria que violó los artículos 9, 14 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Marruecos; y pidió al Gobierno de Rabat que lo liberara inmediatamente y lo indemnizara.

Esta opinión es compartida por todas las fuentes consultadas para la elaboración de este trabajo, incluidas la defensa y familia de Bouachrine, que han pedido el anonimato a excepción de algunos allegados. 

Para conocer la razón del miedo basta con relatar la suerte que corrieron los miembros del Comité de Defensa de Bouachrine, que se fue reduciendo hasta sólo cuatro integrantes.

El acoso les llevó a alejarse del "caso polémico", como ellos lo describen; y dos de los abogados que resistieron sufrieron fuertes represalias, incluido el observador en el juicio de HRW. Sus hijos fueron detenidos en un caso fabricado al ser acusados de "vender mascarillas envenenadas" y terminaron condenados a penas de prisión de tres años y 10 meses, respectivamente.

La condena más dura fue impuesta al hijo del abogado que se negó a someterse al chantaje, que no es otro que el exdecano del Colegio de Abogados Mohammed Ziane, quien había sido ministro de Derechos Humanos bajo el reinado del difunto rey Hassan II, en la década de 1990. 

Ziane, el único miembro de la defensa de Bouachrine que permitió revelar su nombre en este reportaje, afirmó que lo sufrido por su cliente es una "venganza" y además no tuvo un veredicto justo. Cuando le preguntamos quién estaba detrás, respondió sin vacilar: "la policía política, que ha convertido Marruecos en un reino de terror".

Este abogado lo pagó caro. Su hijo fue detenido por importar "máscaras envenenadas", acusación que considera falsa y malintencionada. Al no ceder, fue objeto de difamación, cuando se difundió un vídeo en el que aparecía manteniendo relaciones sexuales con una de sus clientes, pero pronto quedó claro que había sido inventado. 

El abogado se basó en los conocimientos técnicos estadounidenses para demostrarlo, pero cuando denunció al sitio web –que terminó retirando el vídeo–, el caso se cerró. Ziane fue acosado durante tres años, su nombre fue eliminado del Colegio de Abogados de Rabat y acabó expulsado de su despacho. Durante la preparación de esta investigación, fue detenido y encarcelado para cumplir una condena de tres años.

Maâti Monjib y la 'policía política'

El término "policía política" es el mismo que utilizó el historiador marroquí Maâti Monjib para describir la maquinaria represiva secreta de Marruecos. Le pasó factura hacerlo.

En 2015, Monjib fue acusado de "atentar contra la seguridad del Estado y amenazar la seguridad pública" y en 2020 fue acusado de "blanqueo de capitales" y de "recibir fondos del extranjero". Ese mismo año ingresó en prisión, se declaró en huelga de hambre y fue liberado por la presión de la opinión pública marroquí e internacional. Desde su salida de la cárcel vive en semilibertad, no puede viajar al extranjero, ha sido despedido de su puesto en la Universidad y se le han embargado su cuenta bancaria y sus bienes, incluida su casa y su vehículo. En su caso, también su familia ha resultado afectada. 

En una entrevista para esta investigación, Monjib, que sigue siendo una voz crítica dentro de Marruecos, afirma que está sufriendo una venganza. En un artículo publicado en el periódico Al-Quds Al-Arabi, en noviembre de 2020, afirma: "la estructura es semisecreta porque la mayoría de sus miembros no son conocidos por el público, y además no es oficial, pero su eficacia es grande en términos de movilizar y orientar a una gran parte de la élite política, presionar y distraer, e incluso drenar lo que podría llamarse una contraélite".

Según Monjib, que sigue siendo objetivo a diario de "artículos difamatorios" en webs que responden a la "estructura secreta" que denuncia, la detención y el juicio de Taoufik Bouachrine significan que "ni siquiera la oposición moderada y reformista es tolerada".

Este especialista en historia contemporánea de Marruecos considera que lo que se vive hoy es "peor que los años de plomo, porque al menos los opositores de los años setenta del siglo pasado fueron juzgados por acusaciones políticas, por sus posturas y opiniones sobre el régimen; y, a pesar de la terrible represión de aquellos años, los partidos se atrevían a oponerse y los sindicatos protestaban en las calles. Hoy, el régimen quiere silenciar a todo el mundo, esto es un peligro para su continuidad porque las voces de la oposición y la crítica son sensores de alerta que avisan de los desastres antes de que ocurran". 

Omar Radi, el periodista que escarba donde duele

El periodista de investigación Omar Radi, experto en economía y seguridad digital, fue un icono entre las juventudes del Movimiento 20 de febrero. La investigación en la que trabajaba cuando fue detenido, el 29 de julio de 2020, estaba relacionada con la confiscación de tierras tribales por parte del Estado antes de ser entregadas a personas cercanas al palacio real.

Este trabajo se publicó recientemente, después de que periodistas voluntarios lo completaran, bajo el amparo de la organización Forbidden Stories. Se difundió en varios periódicos internacionales, entre ellos, el francés Le Monde, el belga Le Soir y el digital libanés Daraj. 

La historia de Radi empezó cuando eligió ser un periodista independiente y rompió las normas tradicionales de las redacciones en el mundo islámico, ya que solía elegir sus propios temas e investigaba por su cuenta. Cuando terminaba su trabajo, buscaba un medio para publicar sin censura. 

Radi era como un "detective privado", con su ordenador y su cámara en un hombro y la guitarra en el otro. Tocaba en solitario y para sus amigos, la música le propiciaba reflexión y meditación. A Radi no le asustaban los temas delicados ni meterse en un avispero, optó por la excelencia en un país cuyos dirigentes gobiernan a base de miedo e intimidación. 

Radi sabía que que le vigilaban, pero el acoso y las amenazas no le disuadieron. Cuando un tribunal marroquí dictó una dura sentencia contra los activistas de Rif Hirak, Radi lo tuiteó en abril de 2019, calificó al juez de "verdugo" y escribió: "¡No olvidaremos y no habrá perdón para estos indignos empleados!". 

Inmediatamente después, las autoridades le abrieron una investigación por "desacato al tribunal" hasta que Radi viajó a Argel para participar, el 12 de diciembre de 2019, en Radio M, una emisora independiente dirigida por el periodista argelino Ihsane Kadi. Irónicamente, esta cadena fue precintada por las autoridades argelinas y su director corrió la misma suerte que su invitado Radi: fue detenido.

En el vídeo de la entrevista radiofónica, que circuló por las redes sociales, Radi habló del matrimonio al más alto nivel entre el poder y el dinero en Marruecos.. Fue la gota que colmó el vaso: las autoridades esperaron su regreso y, tras un interrogatorio maratoniano, le detuvieron el 27 de diciembre de 2019.

Unos días después, ante la presión de la opinión pública marroquí e internacional, fue puesto en libertad, aunque con restricción de movimientos y con la prohibición de salir del país. Su amigo, el periodista Imad Stitou, contó para este reportaje que le vigilaban allá donde iba. Una noche, cuando salían de un restaurante en Casablanca, detectaron que les estaban grabando, discutieron con el individuo y de inmediato llegó un coche de Policía para detenerlos a todos. 

Más tarde se supo que el fotógrafo que grababa era un reportero de una de las páginas web de difamación más famosas de Marruecos, Chouf TV, y quedó claro que su trabajo estaba coordinado con la Policía, que lo liberó y cerró el caso. La web The Desk, el último medio para el que trabajó Radi, reveló esos detalles.

En junio de 2020, Amnistía Internacional y Forbidden Stories desvelaron que su teléfono había sido pirateado con Pegasus. Esta historia fue publicada por importantes medios internacionales como Le Monde, The Guardian, The New York Times, The Washington Post, Die Zeit y Süddeutsche Zeitung.

En su declaración a Le Monde, Radi dijo: "Todo el país está bajo vigilancia. Estamos gobernados por una banda que vigila, espía, fabrica acusaciones, detiene, juzga y emite juicios efectivos contra cualquier voz perturbadora". Esta declaración se hizo pública el 22 de junio de 2020 y Radi fue detenido de nuevo el 29 de julio de ese año.

El 3 de marzo de 2022, el Tribunal de Apelación de Casablanca lo condenó a seis años de prisión, tras un juicio que uno de sus defensores calificó de "absurdo" y "surrealista". Las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales exigieron su puesta en libertad y la retirada de los cargos.

Suleiman Raissouni y el post trampa en Facebook

Cuando se multiplicaron los artículos difamatorios contra Suleiman Raissouni, entonces redactor jefe de Akhbar Al-Youm, éste tuvo un altercado con quienes le atacaban y no se dejó disuadir. Una brigada de 15 agentes de paisano le detuvo el viernes 22 de mayo de 2020 a raíz de un post publicado en una cuenta anónima de Facebook, cuyo autor afirmaba que Raissouni (una conocida figura) le había agredido sexualmente. Tras dos años de vistas maratonianas, Raissouni fue condenado a cinco años por "agresión sexual" contra un joven homosexual.

Pero los problemas de Raissouni no empezaron con este post-trampa. Considerado uno de los periodistas más famosos de Marruecos, con escritura audaz y artículos críticos, el periodista se impregnó desde joven de ideas de izquierdas, aunque su hermano mayor es Ahmed Raissouni, expresidente de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes, puesto del que dimitió a finales de este verano.

Además de su trabajo periodístico, Raissouni militaba en el movimiento de defensa de los derechos humanos y participaba en los comités de solidaridad con los periodistas perseguidos o detenidos, en particular en el de su amigo Taoufik Bouachrine, del que era coordinador.

Raissouni, que ha colaborado con varios medios marroquíes, había decidido dejar de trabajar como periodista y dedicarse a escribir, según cuenta su esposa. Pero la detención de su compañero Bouachrine le hizo cambiar de opinión y fundó un comité de apoyo.

Con el fin de que el periódico siguiera adelante, se incorporó como redactor jefe tras la detención de Bouachrine y pasó dos años en difíciles condiciones. A pesar de la detención del fundador, el maratoniano juicio, las restricciones y las presiones, Raissouni consiguió convertir el medio en una voz única, que se distinguía por su independencia, su valentía y sus artículos mordaces y críticos. Todo ello dio al periódico un fuerte impulso. Raissouni acabó siendo detenido por una denuncia de "agresión sexual". El periódico tuvo que cerrar.

Aquellos que siguieron el juicio de Raissouni, incluidas la Asociación Marroquí de DDHH, RSF, HRW y AI, observaron irregularidades: contradicciones de las declaraciones del demandante, negativa a llamar a los testigos solicitados por la defensa y debilidad de las pruebas.

Eso llevó a la defensa a emitir un comunicado, el 18 de junio de 2021, bajo el título "He aquí la realidad que nos hemos abstenido de revelar durante meses". En el texto se refutaban las alegaciones del demandante y se denunciaba la ausencia de condiciones mínimas para un juicio justo. "Es un caso político por excelencia, con el objetivo de socavar la libertad de opinión y expresión", decía el comunicado.

El 11 de octubre de 2022, el Grupo de trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria instó a las autoridades marroquíes a "abrir una investigación e identificar a los responsables de la detención arbitraria de Raissouni" y remitió el caso al relator de la ONU sobre la tortura.

Tras la condena de Raissouni, el Gobierno de Estados Unidos, aliado de Marruecos, expresó su "decepción" por el veredicto. "Creemos que el proceso judicial que condujo a esta decisión va en contra de la promesa fundamental del régimen marroquí de celebrar juicios justos para los acusados de delitos, de la Constitución de 2011 y de la agenda de reformas de Su Majestad el Rey Mohammed VI", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

La justicia, en manos del poder político

La transformación de la justicia en Marruecos en una herramienta del poder se ha tratado en numerosos informes sobre Marruecos, opinión que confirma el historiador Maati Monjib, sorprendido de que "la justicia y las autoridades marroquíes se interesen de repente por los derechos de las mujeres y los homosexuales cuando la misma justicia se muestra tolerante e incluso indulgente con los pedófilos extranjeros que han convertido Marrakech en un hervidero mundial de pedofilia". 

Monjib cita otro ejemplo. Cuando detuvieron a la periodista Hajar Raissouni, miembro de la redacción del mismo periódico dirigido por su tío Suleiman Raissouni, Akhbar Al-Youm. Fue acusada de "relaciones sexuales fuera del matrimonio y aborto"; la obligaron a someterse a un examen médico en busca de pruebas. Tras ser condenada a prisión junto a su esposo sudanés, se puso en marcha una gran campaña que terminó con el indulto del rey, en el que se admitía implícitamente el error.

El último informe publicado sobre los tres periodistas es del Comité para la Protección de los Periodistas, con sede en Nueva York, el 13 de octubre de 2022. En él, se insta a Marruecos a respetar sus compromisos, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que le obliga a proteger el derecho a la libertad de expresión. Pero estos llamamientos no son escuchados.

En la última vista del juicio, Omar Radi tomó la palabra y dijo que el poder judicial se ha convertido en una herramienta de venganza contra los opositores: "Que el tribunal me permita volver a los años 90 del siglo pasado en Túnez, donde se juzgaba a periodistas, opositores e intelectuales por acusaciones sexuales, y el tribunal solía traer víctimas ficticias, activistas de derechos humanos ficticios y una prensa instrumentalizada para encubrir estos delitos inventados.

En 2015, se celebraron audiencias públicas para las verdaderas víctimas, se reveló la verdad y quedó claro que las víctimas falsas, los activistas falsos y la prensa amarilla eran matones en manos del régimen (...). No deseo un destino similar para mi país, pero la mentira siempre dura poco y mañana triunfarán la verdad, la libertad y la dignidad para las verdaderas víctimas”.