Cientos de trabajadores migrantes de la agricultura de Almería siguen viviendo en chabolas, en casas derruidas en medio del campo, en cualquier sitio menos en una vivienda digna. El único plan que se ha puesto en marcha para realojarlos, el de Níjar, sigue sin arrancar del todo e, incluso, ha registrado un nuevo desalojo, justo al cumplirse un año de la destrucción de uno de los mayores asentamientos del municipio, Walili, muy criticado por organizaciones sociales por no prever alternativas para sus ocupantes.

En las tractoradas y manifestaciones de agricultores y organizaciones agrarias que recorren toda España no están esos trabajadores del potente sector hortofrutícola almeriense ni siquiera la defensa de sus derechos, pese a que uno de los más básicos, el acceso a una vivienda que no sea un habitáculo hecho de cartones y plásticos, se vulnera sistemáticamente desde hace tres décadas.

La demolición de Walili, donde vivían unos 400 trabajadores agrícolas migrantes, formó parte del primer plan de realojo que se lleva a cabo en toda Almería para acabar con varias decenas de asentamientos chabolistas levantados junto a los invernaderos y habitados por entre 3.000 y 5.000 personas, dependiendo de la época del año, según las organizaciones sociales. Se trata, además, de la primera iniciativa que un ayuntamiento pone en marcha para cumplir con el acuerdo que zanjó los graves incidentes racistas en El Ejido en el año 2000, el mayor ataque xenófobo ocurrido hasta ahora en España: ejecutar programas de viviendas sociales para alojar a todos los colectivos vulnerables, evitando la creación de guetos, y la construcción de albergues para temporeros migrantes.

Casi un cuarto de siglo después, en Almería, la llamada huerta de Europa, no se ha construido ni una vivienda social de alquiler asequible, ni un albergue para los trabajadores migrantes de un sector que produce al año más de 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas en cultivo bajo plástico sobre una extensión de unas 22.000 hectáreas, con unos ingresos que se aproximan a los 3.000 millones de euros y que, solo en el tajo de los invernaderos, proporciona empleo a más de 40.000 personas.

Y cuando se cumple un año de la demolición de Walili, la Mesa del Tercer Sector de Níjar, integrada por Andalucía Acoge, Cepaim, Cáritas, Servicio Jesuita de Migraciones y otras organizaciones, ha denunciado un nuevo derribo de chabolas en ese municipio, llevado a cabo con palas excavadoras el pasado 8 de febrero, sin que se les haya dado a sus 25 ocupantes una "alternativa digna".

Alojados en una nave industrial

"Las organizaciones sociales denunciamos nuevamente que el Ayuntamiento de Níjar actúa sin ofrecer alternativas a estas personas, sin respetar sus derechos más básicos y desoyendo las recomendaciones de las organizaciones sociales". Estas entidades aseguran que 17 de los desalojados fueron trasladados a la nave industrial con literas y módulos de viviendas prefabricadas, donde permanecen desde hace un año otras 27 personas procedentes del demolido Walili. El resto se ha ido a vivir a otros campamentos de chabolas, lo mismo que sucedió con la mayoría de los habitantes del asentamiento destruido en 2023.

"La alternativa no es digna. Los han metido en un almacén de personas. Esa nunca fue una alternativa, sino un recurso de emergencia para cuando hay una emergencia. Pero llevan un año así y ahora han metido a más gente todavía", dice a Público el director de Almería Acoge, Juan Miralles.

La nave fue acondicionada por el anterior equipo de gobierno municipal, del PSOE, para acoger a los desalojados de Walili, a la espera de que terminara la construcción de 62 viviendas para alquiler en la zona de Los Grillos, con capacidad para más de 160 personas, gracias a una inversión de 1,5 millones de Junta de Andalucía y Gobierno central, primer proyecto de este tipo en la provincia de Almería. La Junta ha anunciado una nueva inversión para impulsarlo y el nuevo gobierno municipal, una coalición de PP y Vox desde junio, ha asegurado a este periódico que las casas estarán terminadas en el primer trimestre de este año.

Sin embargo, la demolición del asentamiento de trabajadores migrantes de la semana pasada cogió por sorpresa a las organizaciones sociales, tras las reuniones que habían mantenido con el ayuntamiento. Según la Mesa del Tercer Sector, los responsables municipales les habían expresado su voluntad de colaborar para conseguir una solución al problema de la infravivienda, "un realojo previo al desalojo", y no posterior, que "ponga en el centro los derechos de las personas y las alternativas habitacionales dignas" .

"No sabemos lo que ha pasado hasta que tengamos una nueva reunión con ellos. Y nos han citado para el próximo día 20. Y tampoco sabemos qué ha pasado con el proyecto de Los Grillos", dice Miralles. Lo que sí sabe es lo que han pasado los habitantes de los asentamientos en este tiempo, entre demolición y demolición: "Lo que ha pasado es una muestra más de la resiliencia del colectivo, de la capacidad de aguante para soportar penurias, estafas. Está demasiado acostumbrado a que no se cumplan los derechos fundamentales. Y su capacidad de aguante nos sigue asombrando".

Un portavoz del Ayuntamiento de Níjar ha manifestado a Público que la demolición del último asentamiento se llevó a cabo "por motivos de seguridad para las personas que estaban malviviendo" en él, porque se estaba viniendo abajo. Además, ha asegurado que la "inmensa mayoría" de las personas desalojadas están "muy agradecidas" por haberles trasladado al dispositivo de la nave con módulos de viviendas prefabricadas, donde "están cubiertas sus necesidades de seguridad, alimentación y ropa" .

"Hemos actuado como había que hacerlo. El problema es que aquí no se ha actuado durante muchos años", han señalado las fuentes del gobierno municipal, que han eludido valorar las críticas de las organizaciones sociales.

Cáritas, sin embargo, no ve lo sucedido con esa perspectiva. "Lo que han hecho no es una respuesta habitacional. Donde los han llevado es a una nave, porque las casas de realojo aún no están terminadas. Podían haber esperado al menos a que estuvieran acabadas", se lamenta Toñi Manzano, responsable del área de Infancia, Adolescencia y Familia de esa organización en Almería.

Una realidad "sangrante y escandalosa"

Tampoco está de acuerdo con la forma de proceder del ayuntamiento el Servicio Jesuita de Migraciones, otra de las organizaciones integrantes de la Mesa del Tercer Sector que en su informe de 2023 sobre los derechos humanos en el campo de Almería advierte: "Una de las realidades más llamativas, sangrantes y escandalosas de la provincia es la existencia de numerosos asentamientos chabolistas, que se mantienen desde hace décadas".

"La respuesta de las administraciones ante esta realidad es muy deficiente, con ausencia de liderazgo y visión global, con escasa iniciativa para generar soluciones alternativas adecuadas y con una lentitud exasperante a la hora de abordar la problemática", añade en su informe el Servicio Jesuita. Según esta entidad, la imposibilidad del acceso a la vivienda genera en cadena una serie de condiciones que vulneran los derechos de los migrantes: "Si no hay vivienda, la probabilidad de tramitar la autorización de residencia o reagrupación se reduce significativamente", subraya.

La Asociación Pro Derechos Humanos de Almería (APDHA) no forma parte de la Mesa del Tercer Sector y fue muy crítica con el plan de realojo de los habitantes de los asentamientos que se puso en marcha hace un año con el derribo de Walili. Por eso, dice que no le sorprende tampoco la reciente demolición de otro poblado que ha llevado a cabo el nuevo equipo de gobierno municipal. "Están haciendo la misma política: desalojar asentamientos sin dar alternativas", dice su presidente, Fernando Plaza.

El desalojo de Walili, según Derechos Humanos, se llevó a cabo sin ninguna previsión ni acompañamiento social para facilitar el realojo de sus habitantes en un lugar digno. Por eso, señala su presidente, la mayoría de sus habitantes se fueron a vivir a otros asentamientos cercanos a los invernaderos donde trabajan, en vez de irse a la nave con literas que les ofrecía el ayuntamiento, situada a muchos kilómetros de distancia.

"Todo sigue igual o peor. Y como siguen abriendo más invernaderos, sigue habiendo demanda de mano de obra. Si hay 100 hectáreas más, se necesitarán 500 trabajadores más. Pero ni empresarios ni instituciones se preocupan de la falta de vivienda para los trabajadores. Sólo hablan del aumento de la producción, pero nada de las necesidades sociales", se lamenta Fernando Plaza.

En su último informe sobre los derechos humanos en el campo almeriense, el Servicio Jesuita destaca que el municipio de Níjar casi ha duplicado su población desde el año 2000: de 16.000 a cerca de 32.000 habitantes. Sin embargo, "este aumento de población no se ha visto acompañado con un aumento correlativo de la oferta de vivienda ni de otros servicios ni dotaciones urbanas", denuncia esta entidad religiosa.

Personas que viven en condiciones de “semiesclavitud”

Otro informe, el de Andalucía Acoge publicado en 2023, señala que en torno al 90% de los trabajadores agrícolas migrantes que viven en asentamientos de chabolas en las provincias de Almería y Huelva tienen enormes dificultades para acceder a un alojamiento mejor. Aproximadamente el mismo porcentaje se enfrenta también a grandes obstáculos para empadronarse y obtener el certificado municipal que permite disfrutar de servicios públicos y regularizar la situación legal en España.

Según Andalucía Acoge, los habitantes de los asentamientos forman parte de un modelo de negocio de algunas empresas agrícolas basado en la explotación de trabajadores para maximizar los beneficios. "Sin ser la mayoría, sí supone un número importante que hace que miles de personas vivan en unas condiciones de semiesclavitud", recalca la organización.

La consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, estuvo en Níjar tres semanas antes de la nueva demolición de un asentamiento. En esa visita, detalló el plan de erradicación del chabolismo de la Administración autonómica, en el que se incluye la construcción de las viviendas de Los Grillos, y anunció un incremento del presupuesto del proyecto con la adjudicación de otro millón y medio de euros.

La intención, según la Junta, es que esas viviendas sirvan de transición para que los trabajadores migrantes reciban también atención social y luego puedan acceder a un piso en el mercado ordinario de alquiler. "El problema de la infravivienda es un drama humano que, por desgracia, padecen muchas familias en nuestro municipio. Y nosotros estamos trabajando desde el primer día que llegamos al ayuntamiento para hacer todo lo que esté en nuestra mano", dijo durante esa visita el alcalde, José Francisco Garrido.

Garrido gobierna gracias al apoyo de Vox tras las elecciones municipales de mayo de 2023, en las que el PSOE se quedó a muy pocos votos de revalidar su mayoría. Fruto del acuerdo de gobierno, el grupo de ultraderecha ostenta la tenencia de alcaldía y la delegación de Turismo y Playas con su única concejala, Pilar Fenoy, quien en noviembre votó en contra de la declaración institucional del Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Vox: son poblados que "viven del cuento"

En junio de 2022, en un acto que tuvo lugar en Níjar, el eurodiputado Jorge Buxadé y entonces vicepresidente de Acción Política de Vox, dijo en referencia a los asentamientos de migrantes que era "absolutamente inaceptable que en tierras de España haya poblados que viven del cuento, enganchados a la luz y en condiciones deplorables, mientras que los ayuntamientos del gobierno regional no ponen fin a esa situación". Así lo recoge la propia web del partido en una publicación con el siguiente titular: "Hay 12.000 almerienses en listas de espera para operarse mientras los ilegales saturan la sanidad pública". 

En las pasadas elecciones generales, el partido de ultraderecha fue la segunda fuerza más votada, después del PP, que arrebató a Vox la primera plaza que había conseguido en los anteriores comicios al Congreso de los Diputados en un municipio donde casi el 50% de la población censada es extranjera, la mano de obra mayoritaria de los invernaderos.

Sin embargo, pese al empuje de la agricultura, con más de 7.000 hectáreas de cultivo en invernadero, Níjar es el municipio de España con la menor renta media anual por habitante, 7.097 euros, ingresos que casi cuadruplica Pozuelo de Alarcón y triplica Boadilla del Monte, los ayuntamientos madrileños que encabezan la tabla de 2022 de los Indicadores Urbanos del Instituto Nacional de Estadística.