La llamada huerta de Europa, la agricultura intensiva bajo plástico que produce al año en la provincia de Almería más de 3,5 millones de toneladas de frutas y hortalizas, con unos ingresos que se aproximan a los 3.000 millones de euros, tiene a sus más de 40.000 trabajadores sin convenio colectivo desde hace nueve años, un caso sin parangón en el resto de España.

El último convenio se firmó en 2013 y expiró en 2015. Desde entonces, el reloj laboral está parado en el campo almeriense, donde los sindicatos no han conseguido acordar con los empresarios un nuevo marco laboral para un sector clave de esa provincia y uno de los más importantes de Andalucía.

En este tiempo, tan sólo la aprobación en el Congreso de la reforma laboral y un notable incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) han supuesto una mejora para los trabajadores de los invernaderos que ocupan más de 32.000 hectáreas de terreno.

¿Por qué un sector que genera tanto dinero, tanto trabajo, que es la columna vertebral de toda una provincia es incapaz de llegar a un acuerdo para actualizar y mejorar las condiciones laborales y salariales de sus empleados? El secretario general provincial de CCOO, Antonio Valdivieso, dice a Público que el empresariado es un colectivo "muy reacio, muy particular", con el que resulta muy complicado negociar avances para sus trabajadores.

En los últimos meses, las organizaciones empresariales ASAJA, ASEMPAL y COAG y los sindicatos CCOO y UGT han retomado las negociaciones para intentar, por enésima vez en casi una década, aprobar un nuevo convenio, pero, una vez más, el diálogo no está siendo nada fácil.

El principal escollo, según Valdivieso, es que el empresariado no quiere negociar desde la base de los avances del anterior convenio, sino empezar desde más atrás, desde cero.

Para UGT, "todo sigue igual", porque "cuesta la vida" arrancar una mínima mejora. Y del otro lado, ASEMPAL y ASAJA, que ha criticado duramente la subida del SMI sin tener en cuenta las "particularidades específicas" del sector agrario, han eludido contestar a las preguntas de Público. Por su parte, COAG considera, sin embargo, que el acuerdo puede estar próximo.

Negociar desde cero supondría saltarse, por ejemplo, los complementos de antigüedad que se fijaron en el anterior convenio, trienios y quinquenios que, según CCOO, los empresarios se niegan a pagar.

"Quieren el salario mínimo puro y duro, porque eso lo tienen que pagar por imperativo legal. Pero no reconocen ningún otro complemento salarial, ni antigüedad, ni plus de transporte ni nada. Por encima del SMI ni agua", asegura su responsable provincial.

La secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal, también lo ve bastante negro. Después de 14 reuniones, asegura que no han llegado a ningún acuerdo sobre la parte del convenio más importante: la salarial. "Están intentando mantener las tablas salariales en base a la subida del SMI aprobada por el Gobierno. Y nos falta negociar la conciliación, los permisos, toda la parte social, el transporte, la seguridad en el trabajo", añade.

Máximo histórico de exportación e ingresos

Lo que no entienden los sindicatos es la cerrazón del empresariado hortofrutícola almeriense a negociar mejoras para sus empleados, cuando se cierran campañas con unos grandes resultados económicos, merced a un incremento de la producción y de las exportaciones a otros países europeos.

El último informe de la entidad financiera Cajamar refleja que en la campaña 2021-2022 se registró "un máximo histórico" con la exportación de 2.864.211 toneladas de frutas y hortalizas por valor de 3.701,5 millones de euros, un 17,4% más que en el anterior ejercicio.

"No tienen la excusa de que sea un sector en crisis, porque tienen un margen de beneficios bastante elevado, pero están acostumbrados a que el margen empresarial sea del 50% y, cuando baja algo, ya se niegan a todo", afirma Antonio Valdivieso.

Las dificultades parar negociar un nuevo convenio han llegado al extremo de que la patronal, según los sindicatos, rechazó la mediación de la Junta de Andalucía para facilitar el diálogo, al contrario de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Granada.

En esta otra provincia andaluza, organizaciones sindicales y empresariales firmaron el pasado mes de noviembre el nuevo convenio colectivo del campo, gracias a la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) de la Consejería de Empleo, que puso fin a cuatro años sin avances para unos 40.000 trabajadores.

Ese convenio establece incrementos salariales progresivos del 10% en tres años, una jornada mínima de seis horas, descansos durante la jornada retribuidos y procedimientos de llamamiento para los trabajadores fijos discontinuos.

En Córdoba, en Jaén, en Sevilla, incluso en Huelva, donde la situación de los temporeros de la fresa también es muy precaria, han firmado convenios que han mejorado las condiciones de sus empleados.

Ha habido avances laborales en toda Andalucía, salvo en Almería, donde la situación de la mano de obra de uno de los mayores sectores hortofrutícolas españoles, el 98% extranjera, se ha quedado anclada en lo que se pactó en 2013, hace más de una década.

"La situación es para arremangarse, porque lo que pasa aquí en Almería no pasa en ninguna otra provincia. Es que rechazan hasta la subida del SMI. Hay que mejorar la situación de esos trabajadores, para que puedan trabajar al menos dignamente. Y también para que se regularice a muchos que se encuentran en una situación irregular en España", subraya la secretaria provincial de UGT.

La mediación del CARL sí permitió en 2021 que, tras tres años de difíciles negociaciones, empresarios y sindicatos firmasen el convenio laboral del sector del envasado y manipulado de hortalizas, frutas y flores en Almería, con 25.000 trabajadores. El acuerdo incluyó incrementos salariales y la regulación de la jornada máxima, entre otros avances.

El rechazo incluso a la subida del salario mínimo

Las organizaciones empresariales, salvo COAG, guardan silencio. Ni la Asociación de empresarios de Almería (ASEMPAL) ni ASAJA han querido valorar la falta de convenio en un sector tan determinante de la economía de esa provincia.

Eso sí, el pasado 4 de enero, ASAJA Almería emitió un comunicado en el cual acusó al Gobierno central de haber impuesto durante cinco años seguidos, con el incremento del SMI, "una subida de los costes sociales" de las explotaciones agrarias. Según esta organización empresarial agrícola, los costes sociales en cultivos como el tomate de invernadero suponen ya el 44% del total.

"Consideramos que la anunciada subida del SMI, junto al incremento de los costes por despido, van a incidir negativamente en la contratación de mano de obra en nuestro sector agrícola", advertía su presidenta provincial, Adoración Blanque.

ASEMPAL también ha criticado la subida del salario mínimo. Su presidente, José Cano, tachó de "gran injusticia" que el Gobierno no hubiese atendido las peticiones de las organizaciones empresariales para bonificar las cuotas a la Seguridad Social a los agricultores, "que ya soportan unos costes laborales disparados", afirmó en un comunicado emitido hace dos semanas.

Por su parte, en COAG creen que el acuerdo para un nuevo convenio del campo en Almería está próximo. Su secretario provincial, Andrés Góngora, ha asegurado a este periódico que el objetivo es que el acuerdo tenga una validez para varios años: "Se está negociando para hacer uno nuevo, en el que habrá cuestiones del anterior convenio y otras que serán nuevas", ha precisado.

A juicio de Góngora, la reforma laboral y la subida del SMI han dejado el marco laboral ya bastante atado y, por tanto, no queda mucho margen para desarrollar en el convenio. Y ese marco, junto al Estatuto de los Trabajadores, es el que, además, ya garantiza actualmente, a su entender, la protección de la mano de obra agrícola almeriense, pese a llevar nueve años sin renovar su convenio.

En CCOO advierten, sin embargo, que el incremento del 54% en el SMI aprobado por el Gobierno desde 2018, hasta alcanzar los 1.134 euros mensuales, no basta.

También demandan el pago del complemento de antigüedad, que podría hacerse de forma progresiva, el de transporte, ropa de trabajo, mejorar las condiciones de salud y de prevención de riesgos laborales en unos invernaderos donde se utilizan muchos componentes químicos, y el registro del horario para evitar la discrecionalidad de la declaración de jornadas.

El fraude está muy extendido

El control del horario no es baladí en un sector donde abunda la infradeclaración de jornadas de trabajo. Muchos empleados trabajan 8 o 10 horas diarias, incluidos fines de semana, y el empresario tan solo declara el tiempo ajustado al SMI y el resto lo abona en negro, sin la cotización correspondiente, según Antonio Valdivieso.

Los incumplimientos son prolíficos y de ello da buena cuenta la actividad de la Inspección de Trabajo, que entre 2018 y 2022 impuso a empresarios de los invernaderos almerienses sanciones por valor de 14,5 millones de euros, con un total de 11.043 trabajadores afectados por diversos incumplimientos de la normativa laboral y en las cotizaciones a la Seguridad Social.

En esos cinco años, el número de infracciones se duplicó de las 407 detectadas en 2018 a las 822 registradas en 2022, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y como consecuencia de la actividad inspectora, afloraron 1.640 empleos en la agricultura almeriense, es decir, trabajadores que estaban sin ningún tipo de contrato y que fueron dados de alta en la Seguridad Social tras el requerimiento de la administración pública.

Además, se abrieron expedientes por una cuantía total de 7,83 millones de euros por casos de empleados dados de alta a media jornada cuando trabajaban a jornada completa.

"La situación ha mejorado, porque se han puesto muchas denuncias ante la Inspección de Trabajo. Las tasas anuales de fraude han ido descendiendo, pero siguen siendo importantes", señala el secretario provincial de CCOO.

En el último informe que hizo este sindicato sobre el fraude en las contrataciones, cotizaciones a la Seguridad Social y pago del IRPF en la agricultura almeriense, estimó que en la campaña 2019-2020 los empresarios habían dejado de abonar en torno a 45 millones de euros a Hacienda y a la Seguridad Social, cantidad que entre 2011 y 2015 había elevado a 50 millones.

UGT cree que el tamaño del sector por número de empresas -unas 1.200-, y su compleja localización en el espacio, sumados al volumen de fraude detectado, requieren una actividad inspectora mucho más intensa. "Tenemos 19 inspectores en la provincia y necesitaríamos doblar el número", recalca Vidal.

El último convenio del campo almeriense estableció para su último año de vigencia, 2015, un pago de 5,84 euros por hora trabajada en la categoría de peón eventual, la que tiene la gran mayoría de los empleados de los invernaderos hortofrutícolas.

Con un horario de 40 horas semanales, ese pago supondría un salario de 934,4 euros al mes, que ha sido rebasado ya en 200 euros con el último incremento del SMI.

Los bajos salarios de una parte importante de la población, unidos a la economía sumergida, contribuyen a que los municipios almerienses de Níjar, Vícar, Adra y El Ejido, que suman en torno a 22.000 hectáreas de invernadero, se encuentren situados a la cola de España en renta anual media por habitante, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.

La renta media per cápita de esas poblaciones se sitúa entre 8.358 y 7.097 euros, o sea, hasta casi 20.000 euros por debajo de la más alta del país, que es la de Pozuelo de Alarcón (Madrid).