El desalojo forzoso del asentamiento chabolista del Walili, ocupado fundamentalmente por unos 400 jornaleros migrantes en Níjar (Almería) arrancó este lunes con un fuerte despliegue policial, un incendio y entre fuertes críticas de las ONG, que acusan al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, de no tener preparada una alternativa de vivienda para los trabajadores.

A lo largo del fin de semana, numerosos trabajadores dejaron el asentamiento, ante la perspectiva del desalojo, ejecutado por una orden judicial este lunes desde primera hora de la mañana. El resto, quienes aún quedaban en las chabolas, fueron enviados esta mañana en autobuses a "una nave", según la plataforma Derecho a Techo.

La alternativa habitacional, según las ONG, consiste en 62 módulos situados en el polígono industrial de Los Grillos, que aún están en construcción. Podría albergar a unas 150 personas y un tiempo máximo de residencia de
dos meses. ¿Qué pasa con el resto de los moradores y qué pasa
después de ese tiempo?, se preguntan las ONG. 

"Hay autobuses para trasladar a los vecinos desalojados del Walili que sin alternativa más que la intemperie con un frío siberiano y lloviendo y la acción de personal técnico para convencerlo, se han subido para ir a una nave en los grillos en Níjar bajo promesas y desesperación", escriben en su cuenta de Twitter.

"Esta noche llovía en el Walili. Había mucha gente. Algunos terminando de sacar cosas. Otros para pasar la noche e irse al curro. Pero también otros que no saben dónde ir y allí están con sus pertenencias. Otros se han ido a otros asentamientos o con amistades", describe Derecho a Techo.

Propaganda xenófoba

El parlamentario andaluz de Podemos, José Manuel Jurado, presente en el desalojo, denunció que los trabajadores "tienen miedo y que no saben dónde van a ir" y que en el dispositivo preparado para desalojo había "una sola traductora y una sola trabajadora social". "Es una zona de paso turístico: lo que han hecho ha sido cargarse este asentamiento porque es el que está a la vista y engordar el resto de asentamientos", lamentó Jurado.

"Son 30 años de propaganda xenófoba y marginación institucional; 30 años sin un plan de alojamiento que permita vivir y trabajar dignamente mientras se amplían las hectáreas de invernaderos y se acumulan beneficios", lamentó el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).