Unas 1.700 personas, según la Guardia Urbana y 8.000 según los organizadores, han participado este sábado en la manifestación convocada en Barcelona por parte de la comunidad educativa para rechazar que se cambie la ley de política lingüística y exigir que se blinde la inmersión en catalán en las escuelas.

La marcha, que ha arrancado poco después de las 18:00 horas en la plaza Sant Jaume y ha terminado en el Parc de la Ciutadella, ha contado con el apoyo de los sindicatos USTEC-STEs, Intersindical-CSC, Coordinadora Obrera Sindical (COS) y CGT; la asociación de familias aFFaC; y la organización estudiantil Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), además de entidades de defensa del catalán como Òmnium Cultural.

Estos se oponen a la proposición impulsada inicialmente por ERC, JxCat -luego se descolgó-, PSC y los comunes para modificar la ley de política lingüística de 1998, tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obliga a la Generalitat a garantizar que el castellano pueda ser lengua vehicular, con una presencia mínima en las clases del 25%.

Bajo el lema "que no nos recorten la lengua, escuela pública y en catalán", la manifestación ha recorrido la Via Laietana hasta la avenida Isabel II, y ha avanzado hasta llegar a la Ciutadella, donde los convocantes han denunciado la "inoperancia habitual" de los partidos catalanes en un manifiesto conjunto.

"Una vez más, la maquinaria judicial se impone sobre la voluntad del pueblo catalán, en este caso, a causa de la demanda que el Ministerio de Educación hizo en 2015 para que se hiciera efectivo el castellano como vehículo", han defendido.

Durante el recorrido, se han escuchado consignas a favor de la inmersión lingüística y contra el Govern como "Cambray dimisión", "ERC y JxCat, la paciencia se ha acabado" o "el 25% no lo aplicaremos".

Una vez finalizada la concentración, unas 300 personas se han desplazado hasta el Parlamento de Catalunya en señal de protesta, aunque sin incidentes. Los impulsores de la concentración quieren que la respuesta a la sentencia sea consensuada con la comunidad educativa, y que se dote a la escuela pública de recursos para que se siga manteniendo el sistema de inmersión lingüística.

Antes de iniciar la manifestación, la plataforma unitaria a favor del catalán Enllaçats per la Llengua ha leído otro comunicado en el que ha reivindicado el derecho "a vivir y a trabajar plenamente en catalán".

La proposición de modificación de la ley de política lingüística, tramitada en la Mesa del Parlament por lectura única, está prevista que se vote en el pleno de los próximos 26, 27 y 28 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa.

Al inicio de la manifestación, la presidenta del grupo de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, ha exigido la retirada de la propuesta de modificación de la ley de política lingüística por considerarla "una claudicación" ante "la voluntad de la derecha de acabar con el catalán".

En declaraciones a los periodistas, Sabater ha denunciado que la propuesta planteada inicialmente por el Gobierno de Catalunya junto al PSC y los comunes "no sólo no protege al catalán, sino que representa un paso irreversible en su contra en la escuela".

"Es claudicar a la voluntad de la derecha de acabar con el catalán. Es la sumisión directa a la voluntad del Estado, que ha comprado el marco del PP y de Ciudadanos", ha señalado.

Por su parte, la portavoz del sindicato USTEC, Iolanda Segura, ha calificado de "ataque a la inmersión lingüística" la sentencia del TSJC y ha avisado de que, si se aplicara, habría un riesgo importante de que muchos escolares no aprendieran el catalán. "La inmersión lingüística está en peligro de muerte", ha afirmado.

La vicepresidenta de Òmnium Cultural, Mònica Terribas, ha exigido que se tenga en cuenta a la comunidad educativa a la hora de cerrar un acuerdo sobre la inmersión lingüística en las escuelas.

"No puede haber ningún acuerdo que no sea convocando a la comunidad educativa. Tiene que ser llamada para realizar enmiendas. Hace falta un consenso social porque el acuerdo se debe aplicar en las escuelas", ha reivindicado.