Representantes de Brigadas Vecinales de Observación de los Derechos Humanos han entregado en el Ministerio de Interior una copia de una denuncia presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU contra el Estado español por las redadas policiales de identificación por perfil étnico.

Antes de registrar ese escrito en Interior, un grupo de esta organización de defensa de los derechos humanos ha desplegado una pancarta frente a la sede de ese Ministerio con el lema: "No a las redadas racistas. Stop represión por denunciar".

En la denuncia ante Naciones Unidas, el colectivo pide "el cese inmediato" de las identificaciones por perfil étnico, que se constituya un mecanismo civil independiente encargado de supervisar a las instituciones públicas en su deber de protección y respeto de los derechos humanos y que se garantice la tutela judicial efectiva en caso de vulneraciones, explica en un escrito.

También reclama que se devuelvan las multas impuestas a miembros de este colectivo por la Delegación de Gobierno de Madrid, tras ser identificados por la Policía cuando "observaban y documentaban una redada racista".

La denuncia se refiere al caso de uno de los miembros de estas brigadas, Sergio Cristian Orgaz, quien ha explicado que fue condenado al pago de una multa administrativa de 300 euros por distribuir información a la entrada de una estación de metro el 21 de diciembre de 2010 en Madrid "sobre la ilegalidad de esos controles policiales".

En concreto, según esta organización se le impuso esa sanción por haber "incitado a las personas presentes a alterar la seguridad ciudadana".

Según Orgaz, estas actuaciones policiales son "un intento de criminalización hacia un colectivo que se dedica a identificar los controles policiales por motivo étnicos y se nos sancionó cuando estábamos presenciando una identificación por perfil étnico".

"A lo largo del tiempo hemos agotado todas las distintas instancias judiciales en España, hasta que hemos llegado a la ONU, a la instancia que protege los derechos civiles", "donde presentamos el 28 de marzo esta denuncia", ha dicho.

Otro miembro de la organización, Nerea García, ha explicado que el escrito ante el Comité de Derechos Humanos expone "que la redadas son una realidad en este país, que siguen produciéndose y que son discriminatorias e ilegítimas".

"El acto de hoy ante el Ministerio del Interior es una cuestión más simbólica de comunicación en el registro, porque entendemos que el ministerio español es quien está realizando esta criminalización de los derechos humanos y quien ordena los controles racistas", ha señalado la activista.