Gracias a la calidad del viento y su geografía, Galicia es uno de los grandes productores de energía eólica de España. Con 3.900 megavatios, es la cuarta comunidad autónoma de mayor potencia instalada después de Aragón y las Castillas, y la segunda con más parques eólicos por superficie después de Canarias. Tiene alrededor de 4.000 aerogeneradores esparcidos en más de cien ayuntamientos.

Organizaciones ambientales y comunidades hablan de una "invasión" de molinos que, según dicen, no respeta áreas naturales protegidas, fomenta la despoblación y perjudica la ganadería y la agricultura. La presión de estos grupos, que logró que el año pasado se suspendieran cautelarmente 15 proyectos eólicos, tiene en vilo al sector y choca de frente contra los esfuerzos del PP para que Galicia sea punta de lanza en energía eólica en España.

Esta disputa no es nueva, pero se encuentra más enquistada que nunca tras 15 años de los populares al frente de la Xunta. El pasado 1 febrero, la Coordinadora Eólica Así Non (formada por 200 asociaciones ecologistas) instó a las formaciones candidatas a las elecciones autonómicas del próximo 18 de febrero a desarrollar "un modelo energético alternativo" al actual y denunciaron que ni el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo ni el de Alfonso Rueda han cumplido con las normativas de evaluación ambiental ni la correcta planificación de los proyectos.

"En Galicia, la energía eólica ha tenido un modelo de implantación con muchas sombras", señala a este periódico Belén Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia (Adega). "Es triste que la manera en que se han hecho las cosas haya derivado en que la energía renovable y la transición verde acaben destruyendo las áreas más importantes de nuestros ecosistemas y amenacen a las comunidades rurales", agrega.

Más de 50 parques eólicos en zonas protegidas

Galicia tiene más de 180 parques eólicos ubicados mayoritariamente en las sierras que componen la dorsal gallega y la costa de la provincia de A Coruña. Según fuentes de la Consellería de Medio Ambiente, 53 de ellos se encuentran emplazados en territorios de la Red Natura, un tejido de áreas de conservación de la biodiversidad protegidos por la Unión Europea.

El águila real, que se encuentra en peligro de extinción, o la flor endémica centaurea ultreiae, única en el mundo, son varias de las especies que según numerosos ambientalistas están amenazadas por parques eólicos. Es "especialmente grave" la situación de la Serra do Xistral, donde la instalación de aerogeneradores ha puesto en peligro las turberas de cobertor, uno de los ecosistemas más protegidos en todo el mundo, recalcan desde Adega. "Son daños irreversibles. Los proyectos se han hecho sin respetar nuestros recursos naturales más valiosos", añade Rodríguez.

La normativa actual ya no permite instalar parques eólicos en esas zonas, pero se han aprobado propuestas para construir a menos de un metro de ellas, denuncia la experta. Por otro lado, se da el fenómeno de que Galicia es la comunidad autónoma con menor porcentaje de superficie protegida por la Red Natura, solo un 11,9 % -16 puntos porcentuales menos que la media española-. Esto va en contra de los dictámenes de la Unión Europea, que en 2023 abrió dos expedientes contra España para que amplíe estas zonas.

Ana Varela, de la asociación ambientalista Petón do Lobo, afirma a este periódico que algunos proyectos también afectan a las comunidades rurales y sus actividades productivas. Es particular el caso de Muras, un municipio lucense que tiene un aerogenerador por cada dos habitantes censados. Los molinos llegan incluso a cruzar el terreno de una granja y decenas de cabezas de ganado se encuentran a escasos cientos de metros de las máquinas.

"Están transformando los montes en polígonos industriales, instalando eólicos en las cumbres, donde nacen las aguas, en una época de sequía y cambio climático acelerado", lamenta. En esta aldea, gracias a los ingresos que reciben de las eólicas, el ayuntamiento otorga ayudas de hasta 500 euros para abaratar la factura de la luz. Sin embargo, el caso de Muras resulta una excepción. La activista denuncia que otros municipios atestados de molinos no reciben ayudas, la recaudación impositiva no llega a los ayuntamientos y el trabajo que genera es precarizado y temporal.

Incertidumbre jurídica

La disputa eólica lleva un año especialmente candente. En 2023, Adega y otras agrupaciones similares iniciaron una batalla judicial y lograron paralizar cautelarmente una quincena de los 78 proyectos aprobados por la Xunta el año pasado.

La mayoría se judicializaron por supuestas deficiencias en las evaluaciones de impacto ambiental o por la fragmentación artificial que, según denuncian, impide realizar una correcta evaluación del proyecto en su conjunto. Sin embargo, en diciembre, el Tribunal Supremo invalidó una de las suspensiones, la del parque eólico Corme G-3, en el municipio de Ponteceso (en A Coruña) abriendo la puerta a terminar con más paralizaciones.

Por otro lado, la Administración anunció el pasado octubre la declaración de los proyectos eólicos como "bien de interés público superior", amparándose en la regulación europea, algo que podría dificultar la impugnación de futuros proyectos.

Desde la Consellería de Economía confirmaron a este periódico que ese reconocimiento (de interés público superior) es un criterio que deberá ser tenido en cuenta por la Administración para determinar si procede la suspensión de un proyecto, aunque recalcan que existe la garantía de que la propuesta se sometió a una evaluación "que consideró que no ocasiona perjuicios de imposible o difícil reparación".

Las cifras del sector

Según la Asociación Eólica de Galicia, compuesta por 40 compañías que van desde medianas empresas gallegas hasta gigantes del sector como Acciona, Endesa o Iberdrola, en 2022 el sector eólico en Galicia pagó más de 100 millones de euros en impuestos, 47 de los cuales se quedaron en la comunidad, a manos de la Xunta o los ayuntamientos. La organización dice también que el sector creó más de 14.000 puestos de empleo, entre directos e indirectos.

"El procedimiento [de evaluación ambiental de proyectos] que se sigue en Galicia es absolutamente garantista y legalista. Llevamos 25 años haciendo las tramitaciones ambientales de la misma forma", dice a Público Manuel Pazos, presidente de la asociación. "La certeza y seguridad jurídica son indispensables para que los promotores eólicos y las inversiones industriales sigan apostando por nuestra comunidad", agrega.

Xavier Simón, director del Observatorio Eólico de Galicia, dependiente de la Universidad de Vigo, explica a Público que el boom de la energía eólica en Galicia comenzó en la década de 1990 y duró hasta 2007. Ahí se instalaron más de 3.000 de los casi 4.000 megavatios actuales y había una industria más competitiva y que generaba empleo de calidad, explicó el experto. Sin embargo, en 2017, el Gobierno autonómico "modificó sustantivamente la normativa para autorizar parques eólicos buscando agilizar la presentación de proyectos".

El resultado es que ahora hay una gran efervescencia de propuestas en papel, pero realmente hay pocos parques en construcción y un bajo impacto en la economía gallega, señala. Los parques eólicos en manos de los ayuntamientos son residuales, producen alrededor de 40 de los 4.000 megavatios totales y hay mucha potencia en manos de multinacionales, lo que hace que la mayor parte de los beneficios se vayan fuera de Galicia. Las rentas derivadas de la propiedad de la tierra supusieron alrededor de 12 millones de euros en 2022, algo "residual" para un negocio que facturó 1.300 millones de euros, concluyó.