Sólo el transporte que circula por las ciudades es responsable del 10% de todos los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera en España. Por eso desarrollar planes de movilidad adecuados y ambiciosos resulta fundamental para reducir la contaminación de las urbes o garantizar unos niveles saludables de calidad del aire. Pero los grandes ayuntamientos españoles suspenden estrepitosamente en esta tarea.

Esa es una de las principales conclusiones de un informe publicado este miércoles por Greenpeace y que por primera vez analiza las consecuencias que la movilidad urbana tiene para el calentamiento global. El coche se revela como el gran contaminador, del que se deriva más del 75% del CO2 que emite el transporte urbano.

“En el transporte se debe actuar de manera urgente. Los planes de movilidad son competencia de los ayuntamientos, que son los que pueden liderar un movimiento de acción climática al margen de lo que se haga en otras esferas”, ha reclamado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.

El estudio hace una comparación entre las políticas de transportes de las seis principales áreas metropolitanas de nuestro país (Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia) responsables, entre todas, de casi la mitad de las emisiones derivadas del transporte urbano en España.

Para sus conclusiones, la organización se ha basado en un análisis de los planes de movilidad urbana y metropolitana de cada ciudad. Aunque ninguna de ellas cuenta con una buena política de transportes, sí hay, al menos, una menos mala, que Greenpeace adjudica a Barcelona. Según la investigación de la ONG, los planes desarrollados por la ciudad gobernada por Ada Colau son los que mejor elaboración presentan. Detrás vendría Madrid, aunque con un plan metropolitano “realmente malo”, Valencia, Málaga y Sevilla. A la cola queda Bilbao por no tener ni siquiera un plan de movilidad para su área metropolitana, aunque está en fase de elaboración.

El estudio no entra a valorar qué ciudades tienen mayores niveles de contaminación atmosférica, sino que se basa únicamente en los planes de movilidad desarrollados por los ayuntamientos, que son los que deben fijar los objetivos y presupuestos a alcanzar en el sector del transporte.

"Lo que nos hemos encontrado a la hora de revisar los planes es que no incluyen objetivos climáticos o son muy obsoletos. Muchos sirven más para justificar unas acciones que para realmente ponerlas en práctica, o cuando se ponen son ineficaces", ha advertido Mariano González, coordinador del informe.

Según refleja el informe, algunas de las ciudades ni siquiera han incluido objetivos de reducción en sus planes y las que los incluyen son poco ambiciosos. En general, ninguna ciudad se plantea reducir sus emisiones más de un 20% para 2020. Sevilla, incluso, contempla en su plan metropolitano un aumento de las emisiones del 39% entre 2004 y 2020. 

"A pesar de que se destaca al sector como uno de los grandes responsables del cambio climático y uno de los que más ha incrementado sus emisiones desde 1990, el objetivo de reducción que se le suele asignar es de los menores", dice el informe.

Reducir el 50% para 2030

Greenpeace considera que unos planes de movilidad urbana adecuados deberían incluir el objetivo de reducir, al menos, un 50% las emisiones procedentes de este sector para 2030 con respecto a los niveles de 2012, algo que considera "razonable" y "bastante viable", según ha asegurado González. 

En su estudio, la organización cree que un objetivo así podría conseguirse, por un lado, cambiando los medios y usos del transporte, y por el otro, con un futuro escenario de electrificación del transporte que alcalzaría el 16,5% en 2030. Greenpeace calcula que haría falta un trasvase del 12,5% de los recorridos que se hacen en coche hacia medios no motorizados, hacia autobuses (en otro 12,5%) y a medios ferroviarios (en un 10%); un incremento de la ocupación media de los coches del 15%; un incremento de la ocupación media de los autobuses urbanos de un 30% y una optimización de los sistemas ferroviarios. 

Todo ello equivaldría, según la organización, a sacar del sistema de circulación de las áreas urbanas 9,6 millones de coches. Además, Greenpeace recomienda otras medidas como reducir la velocidad de circulación media en municipios a 30Km/hora, imponer tasas a la circulación y al aparcamiento o el desarrollo de planes ciclistas y peatonales, entre otras.