- ¿Dónde vas a dormir esta noche?

- No lo sé, en Montjuic.

La respuesta es de Moha (nombre ficticio), un menor de edad extranjero no acompañado que hasta ahora dormía en los Jardines de Sant Pau del Camp, en el Raval de Barcelona. El lunes 5 de agosto, un operativo de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana y Policía Nacional, en coordinación con el Ayuntamiento de Barcelona, identificó a todas las personas que estaban allí y después cerró la zona.

A partir de aquí, las versiones de los hechos difieren. Y el colectivo de vecinas que se estaba acercando a los chavales denuncia el método con el que el nuevo Ayuntamiento de Colau y Collboni se enfrenta a la migración.

Versiones diferentes de los Mossos y el Ayuntamiento

Hacía semanas que distintos colectivos de migrantes, casi siempre divididos por nacionalidades y edades, se juntaban en los Jardines de Sant Pau del Camp y muchos dormían allí. Distintos educadores fueron avisándoles a ellos y a los vecinos de que se aproximaba un desalojo, fruto de la coordinación y trabajo conjunto entre los cuerpos policiales y el Ayuntamiento.

Pero mientras los Mossos d’Esquadra aseguran que el perimetraje de la zona se ha llevado a cabo para evitar que vuelvan a asentarse, el Ayuntamiento lo justifica por unas obras de acceso que la cooperativa Impulsem, que ocupa un edificio contiguo al acceso al parque, tiene que llevar a cabo próximamente. Necesitarían ese espacio para almacenar los materiales de construcción.

Sin embargo, ninguna de las vallas rodea al edificio, sino exclusivamente la zona donde hasta ahora dormían los inmigrantes y los materiales de construcción están en el patio de la cooperativa, como se puede ver en las fotos. Público ha intentado ponerse en contacto con la cooperativa Impulsem, pero las personas autorizadas a pronunciarse sobre este respecto están de vacaciones.

Las vallas rodean el espacio donde dormían las personas migradas. / ESPERANZA ESCRIBANO

Así fue el operativo policial

Según los Mossos d’Esquadra, en los jardines se producían situaciones “de consumo de alcohol continuado, peleas, peleas con arma blanca” que causaban “la degradación del espacio, que era totalmente insalubre”. Las vecinas, agrupadas en la Xarxa Veïnal del Raval, reconocen que la situación era compleja. Al parque se acercan algunos vecinos, la mayoría a pasear a sus perros, pero son minoría. Para los Mossos, la ocupación del espacio se había convertido ya en un problema de orden público.

“En coordinación con el Ayuntamiento, sus servicios y Guàrdia urbana, se ha identificado a estas personas y se ha preservado el espacio para que los servicios de limpieza, que en los últimos tiempos ya no habían podido acceder porque recibían amenazas, pudieran hacerlo”, explica un portavoz de la policía catalana. El Ayuntamiento, por el contrario, sigue defendiendo que el vallado se llevó a cabo por las obras de Impulsem.

Una vez los servicios de limpieza accedieron al espacio, las vallas se quedaron dónde estaban porque, como declaran los Mossos “se crean unas dinámicas de ocupación de la vía pública que no se pueden producir”. Al día siguiente, los jardines amanecían cerrados a cal y canto. La respuesta del Ayuntamiento fue que se estaban haciendo trabajos de poda y abrirían por la tarde.

Diferentes versiones del Ayuntamiento y la Policía

En un comunicado que difundía el mismo lunes el Ayuntamiento, aseguraba que los Mossos d’Esquadra habían practicado 29 identificaciones y comenzado a investigar a una persona que estaba en los jardines por tráfico de estupefacientes, pero que no detuvo a nadie. Sin embargo, la Policía Nacional ha confirmado este jueves que se detuvo a nueve personas porque estaban en situación irregular y además, tenían antecedentes penales. Los nueve están en el CIE de la Zona Franca.

A diferencia de otras operaciones, como las de la lucha contra los narcopisos en el Raval, en esta ocasión no hubo un aviso a los medios de comunicación para seguir el operativo del Ayuntamiento y las tres fuerzas policiales, incluyendo a la Guàrdia Urbana. Y a pesar de que todas las fuentes insisten en que han trabajado “en coordinación y en conjunto”, sus versiones de los hechos difieren.

El área contigua al edificio donde está la cooperativa Impulsamos. / ESPERANZA ESCRIBANO

Polémica por la gestión de la Seguridad 

En el operativo del pasado lunes no se identificó a ningún menor de edad. El Ayuntamiento envió a los servicios sociales, como parte de su enfoque integral, para que les ofrecieran distintas salidas, pero nadie quiso acogerse a ninguno de los recursos disponibles. “No podemos obligar a nadie, es voluntario”, explican fuentes del consistorio.

En el caso de que se hubieran encontrado menores en el operativo, tendría que hacerse cargo de ellos la Generalitat a través de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). Pero en conversación con este diario, la portavoz de la DGAIA negaba que se les hubiera derivado ningún caso de menor de edad de los jardines.

Los colectivos vecinales han mostrado su preocupación ante el desalojo de los jardines. Hacía dos meses que habían empezado a acercarse a los chavales del parque, donde aseguran que se reunían al menos una treintena de menores extranjeros no acompañados y algunos extutelados (extranjeros que quedan fuera de los recursos de la Generalitat al cumplir los 18 años). Marta, vecina y activista, lo expresaba así: “Hay una realidad compleja en ese parque, pero ¿es esta la medida para resolver el tema? ¿Dispersar es la medida?”

Desde que el PSC asumió el área de Prevención y Seguridad se han sucedido distintas polémicas. El propio concejal Albert Batlle, declaraba en la Cadena Ser que en los Jardines de Sant Pau dormían menores extranjeros. Para vecinas activistas como Julia Baquero, tras acciones como esta, Barcelona en Comú ha abandonado su discurso, comprensivo hacia la migración, “para hacerle el juego político al resto de partidos”. “Si quieren hacer carrera política, van muy bien, pero si quieren seguir con su discurso de acogida, la han cagado”, sentencia.

También se ha mostrado crítica Arrels Fundació, entidad que atiende a personas sin techo y que en un comunicado lamenta que la medida policial "no soluciona el problema y vulnera derechos de las personas sin hogar".

“La operación es de una hipocresía máxima, han externalizado la seguridad en el PSC para escurrir el bulto”, se queja Marta. Este diario ha querido hablar con el regidor de Ciutat Vella, Jordi Rabassa, de Barcelona en Comú, pero ha redirigido la cuestión al equipo de comunicación del PSC en el gobierno. Mientras tanto, los menores extranjeros como Moha, expulsados de los jardines, buscarán refugio en las faldas de Montjuic.