Las trabas y complicaciones diarias que enfrentan las personas migrantes encuentran también escenario en las entidades bancarias. Así lo denunciarán este jueves en una movilización que recorrerá el centro de Bilbao bajo un lema que es, al mismo tiempo, recordatorio y reivindicación: todas las personas, independientemente del color de su DNI, tienen derecho a abrir una cuenta básica bancaria. Y todos los bancos tienen la obligación de registrarla.

"Esto es parte del racismo institucional", dice a Público Alba García Martín, integrante de SOS Racismo Bizkaia. Esta organización ha creado junto a Ongi Etorri Errefuxiatuak (Bienvenidos Refugiados y Refugiadas) una plataforma que busca denunciar precisamente las vulneraciones de derechos que se producen en las instituciones bancarias. "Esta situación afecta a cualquier persona en situación administrativa irregular, que son unas 600.000 en todo el Estado", afirma Ana Elena Altuna, integrante de Ongi Etorri Errefuxiatuak.

En vísperas de la movilización que tendrá lugar este jueves en la capital vizcaína, García sostiene que "los bancos están negando la apertura de cuentas a las personas migrantes que no poseen tarjeta de residencia", algo que contraviene la ley española de 2017 sobre cuentas de pago básicas e incluso una directiva europea de 2014 que garantizaba también ese derecho a las personas migrantes.

En sus ofertas sobre ese tipo de cuentas, los principales bancos españoles destacan en sus respectivas páginas web que "para poder contratar la Cuenta de Pago Básica tendrás que residir legalmente en la Unión Europea, ser solicitante de asilo o, aun no teniendo permiso de residencia, no puedas ser expulsado". En este último caso –personas que carecen del denominado NIE–, uno de los bancos señala que "cuando un cliente realice la solicitud al amparo de este supuesto se deberá aportar la justificación documental razonable de los motivos de aplicación en cada caso". 

Ahí empiezan los problemas. Según relata la portavoz de SOS Racismo, en varios casos las entidades "piden algo así como un 'documento que demuestre la imposibilidad de expulsión', algo que sencillamente no existe".

Fuentes del Banco de España señalaron a Público que han recibido información sobre estos casos "a través de distintos organismos e instituciones", por lo que "se está estudiando la aplicación" por parte de las entidades bancarias del Real Decreto de 2017 que garantiza el acceso a cuentas básicas, así como "su encaje con el resto de la normativa relacionada".

Mientras tanto, desde la Asociación Española de la Banca (AEB) defienden que "la estricta normativa oficial de prevención de blanqueo de dinero impone la obligación a los bancos de extremar la vigilancia y el control de cualquier cliente, para impedir que los bancos sean utilizados para el blanqueo de dinero".

Alegan además que "la normativa no permite mantener relaciones con clientes que no estén debidamente identificados y de los que los bancos no tengan documentación acreditativa". "De esta forma los bancos están obligados a pedir a sus clientes, con independencia de su nacionalidad y de su situación concreta, la documentación actualizada que marca la normativa", sostiene la patronal de la banca. 

"Financiación del terrorismo"

La ley aprobada en 2017 bloquea la posibilidad de abrir una cuenta bancaria básica en caso de que "el potencial cliente no aporte la información requerida por la entidad en función del nivel de riesgo de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo" o en aquellos supuestos en los que "su apertura sea contraria a los intereses de la seguridad nacional o de orden público".

En una respuesta enviada al diputado socialista Antonio Hurtado en febrero de 2018, el entonces Gobierno del PP repasaba esos datos legales y subrayaba que, en todo caso, que la "denegación de la apertura de una cuenta bancaria básica" a las personas migrantes "se encuentra limitada a la existencia de alguna de las circunstancias" descritas por la ley. 

"Inadmisible"

Sin embargo, desde SOS Racismo destacan que de forma frecuente reciben denuncias sobre este tipo de situaciones. "Todo queda a merced de la persona que te atiende en el mostrador, o también de que vayas con una persona blanca o que tengas la carta de una asociación", afirmó García, quien calificó esta situación como ""inadmisible".

"Incluso nos hemos encontrado con bancos que bloquean las cuentas de pago básicas porque tienen no sé qué política interna para evitar el blanqueo de capitales, de forma que cuando hay ingresos en efectivo la cuenta detecta algo extraño y se bloquea", agregó. 

Esta situación provoca distintos perjuicios a las personas que no consiguen abrir una cuenta bancaria. En enero de 2020, el ayuntamiento de Barcelona dio a conocer una de esas situaciones: según relató entonces el concejal de Derechos de la Ciudadanía, Marc Serra, una mujer nigeriana empadronada en la capital catalana no podía cobrar las ayudas sociales que le había concedido el ayuntamiento porque ningún banco le permitía abrir una cuenta bancaria. Una hoja más en su calvario.