"La situación en Canarias está muy lejos de ser la deseable en un país democrático europeo". José Miguel Morales, presidente de Andalucía Acoge, ha sido muy claro definiendo las políticas del Gobierno con las personas migrantes que llegan al archipiélago. La suya ha sido una voz más de las más de 160 organizaciones y colectivos sociales y sindicales que este martes han exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez un giro en las decisiones que están vulnerando los derechos de miles de personas que llevan atrapadas en las islas desde hace meses, hasta un año en algunos casos.

"Hemos normalizado un trato inhumano a las personas migrantes. Se ha tolerado hasta lo intolerable para desarrollar una visión de acogida en macrocampamentos que ha traído el progresivo deterioro emocional y de las condiciones en que se acoge a las personas dentro y fuera de los campamentos", ha añadido Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de CEAR Canarias y presidente de la red europea contra la pobreza (EAPN) en las islas.

Las organizaciones ven con preocupación no solo lo que está ocurriendo, sino lo que está por venir. Las llegadas de pateras y cayucos no cesan, y hasta el 15 de abril fueron rescatadas casi 4.000 personas, un 125% más que en el mismo periodo de 2020. Tampoco las víctimas mortales de esta peligrosa ruta, que ya se ha cobrado al menos 88 víctimas en los que va de años, según la ONU. Los últimos 17 muertos aún están siendo rescatados de un cayuco a más de 500 millas de las islas. Solo había tres supervivientes cuando fue localizado.

Se espera que el buen tiempo y, sobre todo, la depresión económica que la pandemia ha agudizado en los países africanos se traduzca en una segunda mitad de año con más afluencia incluso que en 2020, cuando en cuatro meses llegaron más de 18.000 personas. Mientras sigue sin haber una red estable y adecuada de acogida pocos meses después de la enésima crisis migratoria.

En una misiva dirigida al presidente y a todos sus ministros —en especial a los de Interior y Migraciones— las organizaciones firmantes, entre ellas la Red Acoge, Amnistía Internacional, CCOO o CGT, piden el final del bloqueo en las islas, la libertad de movimiento de los migrantes, protección y asistencia jurídica para solicitantes de asilo, una correcta atención mujeres, a menores solos y acompañados y más transparencia en la gestión. Unas reclamaciones que ya han trasladado Médicos del Mundo o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en recientes informes sobre el panorama de las islas.

El Defensor del Pueblo insiste en que cese el bloqueo

No son medidas revolucionarias, sino que siguen la línea de las recomendaciones que este mismo martes también hacía el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, en una larga comparecencia en el Senado. Durante más de tres horas, Fernández Marugán ha dado cuenta de las conclusiones de su equipo técnico tras una reciente visita a los campamentos para migrantes improvisados en el llamado Plan Canarias del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, además de otras dependencias policiales y de acogida para mujeres y menores que recorrió el pasado marzo y detalló en su informe La migración en Canarias.

El Defensor del Pueblo considera "inadecuado convertir zonas del sur de España y de Europa en zonas de privación de derechos como el de libre circulación por el simple argumento del control migratorio y evitar un efecto llamada". También ha asegurado que "no es humanitario" mantener en custodia policial durante 72 horas a madres con bebés recién rescatadas de la patera "en condiciones terribles". "Esta práctica debería cesar de inmediato", ha enfatizado.

Ha lamentado la deficiente asistencia letrada y de interpretes en los procesos y ha cuestionado la poco efectiva política de deportaciones. "Cuando uno ha ido viendo qué cosas suceden en los últimos meses, se pregunta por la eficacia del sistema de retorno y la necesidad de soluciones que ayuden a resolver el problema de las devoluciones de extranjeros que no pueden efectuarse", ha sentenciado Fernández Marugán, que ha pedido al Ministerio del Interior que se limite a cumplir la ley y la doctrina del Tribunal Supremo y permita la salida de migrantes de las islas.

Reveses judiciales para el Gobierno

La política de expulsiones ha sufrido este último año un parón sin precedentes a casusa del cierre de fronteras impuesto por la pandemia, aunque siempre ha habido un alto porcentaje de personas que no pueden ser deportadas pese a contar con una orden de expulsión, bien porque sus países se niegan a readmitirlos o bien porque no pueden ser correctamente identificados.

Además, una resolución judicial de este mes deja claro que las órdenes de devolución solo pueden ejecutarse 72 horas después de la entrada irregular, a no ser que el juez ordene el ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), donde el plazo se amplía a 60 días máximo. Otra reciente sentencia de un juez de Las Palmas dictaminó que cualquier migrante con pasaporte en regla o con una solicitud de asilo admitida a trámite puede moverse libremente por el país. Sin embargo, los bloqueos de la Policía en puertos y aeropuertos canarios han sido la tónica general. Ambas decisiones son un serio revés para los planes del Gobierno, que intenta dificultar el movimiento de los migrantes con la vista puesta en las devoluciones desde los campamentos improvisados y donde cada día se acumula más tensión e incertidumbre.

Incluso las organizaciones de la Iglesia que asisten a los migrantes en Canarias han expresado su rechazo a las políticas del Gobierno y reclaman que se permita salir a los migrantes y que se mejoren las condiciones en los campamentos.