La amenaza de noviembre cristalizó en febrero y esta semana ha dado un paso más. Tras rechazar una moratoria solicitada por Más Madrid, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso continúa con sus planes de eliminar de las escuelas infantiles públicas el ciclo de 3 a 6 años. 

Mientras los centros privados y concertados seguirán con este modelo, la educación pública cerrará este ciclo en sus escuelas infantiles y solo lo impartirá en los colegios. Se desmiembra así un conjunto de centros ampliamente aprobados por la comunidad educativa y con una alta demanda para matriculación de niños y niñas. 

La Consejería de Educación, con Enrique Ossorio al mando, ha asegurado que esas plazas se reconvertirán para alumnos de los ciclos de 0 a 3 años. Sin embargo, no hay ningún documento oficial que refleje esa intención, más allá de las promesas del partido conservador. El pasado noviembre negaban a este periódico que fueran a eliminar este ciclo y a los cuatro meses los presagios se cumplieron. Ni familias, ni sindicatos ni oposición fue consultado. No hubo consenso en la medida.

Los Ángeles, La Plazuela, Los Girasoles, La Jara, San Fermín, Los Títeres, Zaleo, Zofio y El Carmen, ubicados todos en el municipio de Madrid, quedarán como el resto de escuelas infantiles públicas y en el curso 2024-2025 serán únicamente para niños de hasta tres años. 

Pese a habérselos pedido, el gobierno del Partido Popular no ha presentado ningún documento o estudio que avale esta medida, que corta de raíz el desarrollo académico y personal de los menores matriculados en estas nueve escuelas madrileñas. Un modelo que quedará extinguido en Madrid pero que se ha presentado como un formato recomendado para esas edades y, en especial, para niños con dificultades en su desarrollo. Unos 100 alumnos, según datos de la Comunidad de Madrid, son los afectados.

Mientras Comisiones Obreras ha confirmado que ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la orden de la Consejería de Educación, desde la oposición valoran los acontecimientos de forma muy negativa. La diputada de Más Madrid Tania Sánchez, que este lunes presentó una solicitud de moratoria en la Asamblea de Madrid que ha sido rechazada, critica los movimientos del Gobierno de Ayuso. 

"No nos han dado expedientes, no han explicado nada a las familias... Tienes que garantizar ciertas alternativas a las familias. Por ejemplo, no hay ningún informe que diga cómo van a reformar las aulas para adaptarlas a los niños de hasta tres años", sostiene Sánchez sobre la desinformación del Ejecutivo de Ayuso. 

Y a esa opacidad sobre supuesta renovación que debería llevarse a cabo para acondicionar las aulas, se une el apagón informativo para las propias familias. "Tienes que garantizar que la gente que tiene plazas, al tener que salir a otros centros, no tenga dificultades. No hay expedientes ni nada que garantice las ratios de alumno por profesor determinadas... No hay información, no hay transparencia y no hay presupuestos", denuncia Sánchez.

Agustín Moreno, diputado de Unidas Podemos en la Asamblea, denuncia el "oscurantismo" del Gobierno de Ayuso: "Saltarse las formas es una práctica común. Que no se conozca el expediente y lo hayan hecho de esta manera deja mucho que desear", asegura. 

"Este modelo de escuelas infantiles funciona perfectamente y representa un referente de la educación infantil y de la innovación educativa. Se trata de unos centros muy demandados y valorados por las familias con lo que no se justifica su desmantelamiento y su reconversión", aseguraba Isabel Galvín, secretaria de Educación de Comisiones Obreras, cuando Madrid anunció el desmantelamiento de este ciclo.

"Muchas guarderías ven en sus funciones un aparcamiento de niños. Aquí hay proyectos pedagogos, tienen una función y son públicas. Es un modelo público de éxito que les molesta", asegura Moreno.

Aunque el PP guarda silencio sobre este asunto, una de las labores más valoradas de estas escuelas infantiles públicas es la de seguir de cerca el crecimiento de niños con problemas para su desarrollo. Mientras en un colegio formal, el ratio de alumnos complica un seguimiento más estrecho, este formato con clases reducidas permitía un trato más cercano, que ahora queda en manos de la escuela privada y concertada.

"Hasta los tres años hay trastornos que no afloran, así que al eliminar esas plazas solo deja una opción a las familias afectadas: irse a escuelas privadas. Acabar recurriendo a escuelas privadas y concertadas es una profunda injusticia", zanja Tania Sánchez, que ha intentado, sin suerte, parar la medida para que se reflexione sobre ella antes de que no haya vuelta atrás.