MADRID
Trabaja con miedo. María, que prefiere no dar su nombre por temor a represalias de su empresa, no encuentra ningún otro adjetivo para describir el estado de ánimo con el que encara cada jornada laboral: "Acojonadita. Así voy todos los días a trabajar". Empleada de ayuda a domicilio en el suroeste de Madrid, desde hace más de un año, al salir de casa, se pregunta si tocará, si será ella la escogida en la macabra lotería de los contagios por coronavirus. Se trata de un sorteo para el que compra en cada jornada muchas más papeletas de las que querría. Es consciente de ello porque ya le tocó una vez.
El pasado 13 de marzo, mientras el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, decretaba el confinamiento domiciliario en toda España para detener el avance del coronavirus, María empezó a sentir casi todos los síntomas de la enfermedad que ya copaba todas las horas en las tertulias y los telediarios: 40 grados de fiebre, dolor muscular y, sobre todo, una insoportable sensación de falta de aire. No volvería a trabajar hasta el 19 de mayo, más de dos meses después, y aún hoy, más de 10 meses más tarde, aún se siente especialmente fatigada cuando se ve obligada a cualquier esfuerzo físico, algo que debe hacer con cierta frecuencia al tener cada jornada a cinco usuarios del servicio de ayuda a domicilio a su cargo.
Lejos de dejar atrás aquel sufrimiento, María estuvo a punto de repetir las pasadas Navidades. El 29 de diciembre, una de sus usuarias ingresó en el hospital enferma por coronavirus, y el 30, tras dos horas esperando a que le hicieran una PCR en una cola en la que se entremezclaban positivos y negativos, su centro de salud le comunicó que no podía hacerle la prueba. Tuvo que esperar hasta el 7 de enero para dar negativo. Para entonces, ya había pasado todas las fiestas navideñas sola, aislada en una habitación de su hijo y de su marido, asmáticos crónicos ambos. Sabe que ella no es, ni mucho menos, una excepción: "En persona, conozco al menos a cuatro compañeras que han pasado por lo mismo. Y de oídas, muchas más. Han caído muchas", explica María.
Cada día, en España cientos de miles de trabajadoras de ayuda a domicilio toman el transporte público, acuden a la farmacia, van al mercado a hacer la compra, caminan hasta la Iglesia junto con sus usuarios más devotos y, sobre todo, caminan de casa en casa. Uno tras otro, acuden a cada uno de los cinco, seis o siete hogares en los que tienen asignados servicios. En cada desplazamiento, un riesgo. En cada viaje, una oportunidad de contagiar y ser contagiadas.
"Pegué el coronavirus a mis hijos y a mi marido, llegué a tener pus en el pulmón izquierdo, 84 de saturación en sangre y hubo días en que tuve que tomar 14 pastillas. Hoy las piernas todavía se me doblan sin avisar. Tengo miedo, porque cada día es un riesgo", explica Mercedes, compañera de María que también prefiere permanecer en el anonimato. Ninguna de las dos entiende por qué no se las vacuna, algo que ya se está haciendo con el personal que trabaja en residencias y centros de día.
Las cifras hablan de un colectivo especialmente castigado. El último estudio de seroprevalencia del coronavirus en España, que data del mes de diciembre, refleja un 15,6% de los contagios en el sector esencial de las trabajadoras domiciliarias, un dato solo superado por los sanitarios que trabajan en atención clínica, que se van hasta el 16,8%.
Y no es el único estudio que avala la idea de que la transmisión es mayor cuando el personal sociosanitario debe moverse constantemente de un lado a otro. Un estudio de la investigadora Nancy Kusmaul, de la Universidad de Maryland, reveló que el pasado mes de mayo el 85% de las muertes por coronavirus en Canadá se habían producido en centros de atención a largo plazo, estancias a medio camino de lo que en España entendemos como residencias y hogares independientes donde las personas mayores gozan de cierta autonomía al tiempo que son atendidos por profesionales. El problema estuvo en que, como sucede en España con la ayuda a domicilio, bajo este modelo cada trabajador atiende varias casas durante su jornada. Aquella crisis obligó al primer ministro canadiense, Justin Trudeau, a pedir disculpas públicamente y a tomar unas medidas entre las que destacó asignar un solo cuidador por residencia.
A pesar de todo ello, el protocolo de vacunación español relega a las "personas que realizan un trabajo proporcionando cuidados estrechos a personas de poblaciones de riesgo en sus hogares (mayores, personas dependientes, enfermos, etc)" al grupo cuatro, lo que ha disparado la indignación y al incomprensión en el seno de un colectivo que se siente maltratado por la administración pública: "Cuando cayó la gran nevada en Madrid, los centros de día y las residencias cerraron, pero nosotras tuvimos que trabajar porque, ahí sí, resulta que somos imprescindibles. Fuimos como sardinas en lata en el transporte público, nos pudimos contagiar en cualquier momento. Luego, a la hora de vacunar, se olvidan de nosotras y de la gente dependiente que está en su casa", explica Mercedes, a quien los usuarios y sus familias le han cancelado ya más de un servicio por temor a que introduzca el coronavirus en el hogar. La desconfianza está instalada en el sector.
El principio de un compromiso
Desde los sindicatos, entienden que la situación de las cuidadoras a domicilio responde a un olvido que la propia administración debe subsanar: "Ni compartimos ni entendemos que las trabajadoras de ayuda a domicilio no tengan la misma consideración que las de las residencias. Con este maltrato, lo único que vamos a conseguir es que cada vez sea más complicado encontrar gente que se quiera dedicar a una labor tan importante como la ayuda a domicilio", explica Antonio Cabrera, secretario general de Sanidad de CCOO.
Las últimas reuniones mantenidas por los propios sindicatos con, entre otros, la patronal y las comunidades autónomas, han servido para acercar posturas y arrojar algo de luz. La presión surte efecto poco a poco. Jesús Aguirre, consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, ha anunciado esta semana el inicio de la vacunación del personal de ayuda a domicilio, algo para lo que existe ya una resolución de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia que insta a las corporaciones locales a empezar a llamar a estas empleadas para empezar la vacunación.
Mientras las conversaciones siguen con el resto de Comunidades Autónomas— muchas de ellas se limitan por ahora a remitirse al protocolo de vacunación—, fuentes de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, con Nacho Álvarez a la cabeza, y del Ministerio de Igualdad de Irene Montero aseguran estar ya trabajando conjuntamente para proponer a Sanidad que las trabajadoras a domicilio sean contempladas como prioritarias en los plazos de vacunación. Desde el ministerio de Sanidad prefieren no hacer comentarios y se limitan a remitirse al protocolo de vacunación, que definen como un documento vivo.
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