ZARAGOZA .- “Queremos saber qué es lo que los expertos consideran que hay que hacer pero no pueden, y por qué no es posible”, resume la diputada de Chunta Aragonesista (CHA) Carmen Martínez para explicar el objetivo de la Comisión Especial de Estudio sobre las Políticas y Recursos Necesarios para Acabar con la Violencia Machista, una iniciativa pionera en los parlamentos autonómicos españoles cuya creación apoyó por unanimidad el de Aragón y que acaba de iniciar sus trabajos.

“Hay un déficit evidente en las políticas sobre la violencia machista, con un punto de inflexión doce años después de aprobar la ley de 2004”, señala la diputada Patricia Luquin (IU), coautora de la iniciativa junto con Martínez y para quien el objetivo de la comisión es “buscar las luces y las sombras en este tema para tratar de erradicarla, de hacer una reflexión para saber en qué dirección debemos trabajar”.

Ambas decidieron impulsar la comisión tras la histórica manifestación del 7-N, en la que el movimiento feminista logró sacar a la calle en Madrid a más de 100.000 personas en la Primera Marcha contra las Violencias Machistas para reclamar que este tipo de crímenes sea considerado una cuestión de Estadio y tenga un tratamiento prioritario. “Si hubieran matado a mil personas de cualquier otro colectivo, el país estaría levantado”, coinciden Luquin y Martínez.

Las estadísticas señalan que entre 2003 y 2015 murieron en España 814 mujeres a manos de sus parejas y exparejas, cifra a la que ya se han sumado otras 14 víctimas mortales en lo que va de año.

Carmen Martínez (CHA): “A pesar de la legislación y de los dispositivos hay zonas de sombra”

Las comparecencias en la comisión, que se prolongarán a lo largo de un año, tendrán un carácter más bien técnico: responsables y trabajadores de los servicios sociales de comarcas y ayuntamientos, expertos del Instituto Aragonés de la Mujer (IAM), jueces, fiscales, abogados, policías, guardias civiles y, también, representantes de los medios de comunicación. De hecho, uno de los objetivos del grupo de trabajo, integrado por dos parlamentarios de cada grupo —11 mujeres y José Luis Juste, de C’s— es evitar el debate político e ideológico sobre la violencia machista para centrarse en la búsqueda de soluciones.

“A pesar de la legislación y de los dispositivos hay zonas de sombra, y el conocimiento de los expertos nos debe servir para legislar lo que es necesario para proteger a la mujer”, anota Martínez, que añade que, en esencia, lo que pretenden es "escuchar voces cualificadas para proponer reformas y establecer protocolos”. “Queremos que sea una comisión operativa en la que lleguemos a conclusiones y propuestas útiles”, apunta Luquin.

Las primeras en comparecer, no obstante, fueron dos altos cargos del Gobierno autonómico. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, Mariví Broto, que anunció el inicio de un proceso participativo para crear la Ley de Igualdad de Aragón y que propuso un pacto “que plantee cuáles son los objetivos y los recursos que necesitamos” para erradicar la violencia machista, ofreció datos estremecedores: 854 de las 2.500 mujeres atendidas el año pasado en las consultas psicológicas públicas habían sido maltratadas.
Eso, en una comunidad de 1,4 millones de habitantes en la que, según apuntó la directora del IAM, Natalia Salvo, el teléfono de emergencia recibe casi diez llamadas diarias (541 en enero y febrero). La extrapolación de esos datos al 97% de la población que reside en otras comunidades pone los pelos de punta.

“Hablamos de mujeres que pierden su libertad y su dignidad, y que son anuladas por el mero hecho de ser mujeres. Algunas, sin llegar a perder la vida, no pueden llevar a cabo su proyecto porque son sometidas a una anulación psicológica”, señaló Broto, para quien la violencia machista “es un problema de todos, no es un problema doméstico, y su causa es la desigualdad: mueren porque son consideradas inferiores”.

El manto de silencio del mundo rural y de la mujer inmigrante

La primera sesión de la comisión ya permitió evidenciar varias carencias del sistema: las medidas de protección y de atención sólo se ponen en marcha cuando la mujer presenta una denuncia —algunos estudios apuntan a que pueden llegar a soportar diez años de maltrato antes de hacerlo—, los protocolos no garantizan la seguridad de las denunciantes y algunos colectivos como las inmigrantes o las residentes en zonas rurales encubren, básicamente por las dificultades para mantener el anonimato en su entorno y por temor a las consecuencias de que caiga ese velo, una elevada cifra negra de agresiones que no llegan a aflorar.

“Reconocer que esto no funciona gobierne quien gobierne es un paso adelante importante”, apunta la coordinadora, que señala la necesidad de “legislar qué se hace cuando no hay denuncia” como una de las prioridades de la comisión. “La evidencia es que los mecanismos y los recursos fallan, porque a las mujeres las asesinan”, señala Luquin.
Salvo, que sostuvo que “la igualdad tiene que atravesar todo el sistema educativo”, llamó la atención sobre la necesidad de “estudiar y trabajar las nuevas masculinidades” y de prestar atención al “rearme del neomachismo”: el 30% de los jóvenes justifica la violencia machista mientras crece el número de chicas menores de edad con órdenes de protección  y se extienden nuevas formas de acoso a través de las nuevas tecnologías.

Patricia Luquin: “Es una realidad que los mecanismos y las campañas de protección fallan. Por ejemplo, hay que legislar qué se hace cuando no hay denuncia”

 “Es una realidad que los mecanismos de protección fallan”, insiste Luquin, quien considera paradigmático el asesinato de Soraya Gutiérrez a manos de su exnovio en Zaragoza a finales de febrero, dos semanas después de haber sido detenido y condenado por amenazarla.

“Desde el principio reconocemos que las campañas de protección no son eficaces, añade Martínez, partidaria de “atender de forma urgente el elevado volumen de quebrantamientos de las órdenes de alejamiento por parte de los agresores y de poner en marcha una vigilancia real”.

Pese a la acumulación de ideas sobre la mesa de la comisión nada más iniciar su andadura, las parlamentarias están de acuerdo en que “hace falta un debate sosegado, pero hay que empezar a trabajar: las soluciones a un tema tan complejo no pueden llegar de un día para otro”. Y también coinciden en ver necesaria “una nueva legislación en Aragón, y sobre todo a nivel estatal, porque la actual se ha quedado obsoleta”. Las Cortes autonómicas están siendo pioneras en buscar las bases para esa actualización.