SEVILLA.- Hasta ahora, la Ley andaluza de Igualdad de Género, que data de 2007, consideraba víctima de la violencia machista a las mujeres que sufrían maltrato por parte de sus parejas o exparejas. Esa condición les abría la puerta a todas las prestaciones y servicios sociales que el Gobierno andaluz destina a combatir la violencia de género: facilidades de acceso a una vivienda protegida, asesoramiento legal para divorciarse, atención psicológica, etc…

Nueve años después, viendo que la realidad del maltrato se ha expandido y adoptado múltiples formas, la Junta de Andalucía ha decidido modificar aquella ley para ampliar el concepto de víctima de violencia machista, incluyendo a los hijos de una mujer maltratada o asesinada y a familiares que estuvieran bajo su tutela (padres, abuelos).

Además, el Gobierno de Susana Díaz abrirá la puerta a otras realidades más complejas que a partir de ahora podrán acogerse a las políticas de ayuda a mujeres maltratadas, como las prostitutas que son también son víctimas del trato de blancas (la mayoría inmigrantes) que son captadas, transportadas a España y explotadas sexualmente. 

Andalucía fue la primera comunidad que ignoró la normativa estatal que permitía excluir de la asistencia sanitaria normalizada a inmigrantes en situación irregular, es de las pocas regiones que ofrece atención sanitaria gratuita para mujeres explotadas sexualmente (muchas de ellas trabajan en los invernaderos del campo andaluz), y ahora será la primera que les proporcione todos los recursos de la Administración para que puedan huir y protegerse de este otro tipo de violencia de género.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, a través del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), ha atendido a 5.700 mujeres víctimas de prostitución y trata con fines de explotación sexual en los dos últimos años. Después de Ceuta y Melilla, las principales vías de entrada de mujeres prostitutas en España son Motril, Almería y Cádiz, según un informe del IAM de 2011.

El Ministerio de Sanidad ha contabilizado Ministerio de Sanidad ha contabilizado 39 víctimas mortales a causa de este tipo de violencia en 2016

Para incluir a estas mujeres bajo el paraguas de protección a víctimas, ha sido necesario también modificar el concepto de violencia que recogía la ley del 2007, y que la salvaje realidad social de estos últimos años ha dejado corto: la violencia machista que combate esta legislación va más allá de las agresiones en el ámbito de la pareja o expareja, se incluye el concepto de feminicidio; se considera una agresión a la mujer el daño infringido por la pareja a sus hijos; las agresiones sexuales y el acoso sexual (sobre todo durante la adolescencia); el ciberacoso; la violencia contra los derechos reproductivos de las mujeres (supuesto que contempla la ablación del clítoris a niñas menores), la prostitución y la trata o los matrimonios forzados de menores.

La normativa también regula una práctica que la Junta viene haciendo, pero que hasta ahora no tenía asidero legal: proporcionar “soluciones habitacionales de urgencia”, esto es, una vivienda a mujeres víctimas del maltrato “antes incluso de que haya interpuesto una denuncia contra su pareja en la comisaría de Policía”, para evitar el miedo y las coacciones que sufren antes de denunciar.

La Junta también desarrollará un seguimiento personalizado de las víctimas, poniendo a cada una un funcionario de referencia (como un médico de cabecera) que controle su situación. Con esto se pretende amortiguar el problema de las órdenes de protección o alejamiento, la medida más habitual que sale de los juzgados de violencia de género, pero que habitualmente los maltratadores se saltan.

En lo que va de año, el Ministerio de Sanidad ha contabilizado 39 víctimas mortales, tres de ellas andaluzas, y 25 menores huérfanos a causa de este tipo de violencia. Desde que existen estadísticas (2003), más de 865 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o expresa en España (172 en Andalucía).

5.000 partes de lesiones en un año

A la espera de que se concreten los términos del Pacto de Estado contra la violencia machista, el Gobierno andaluz se ha adelantado a modificar su Ley Integral de Igualdad, que data de 2007, para endurecer las medidas contra esta lacra social. El Consejo de Gobierno aprobó este martes el anteproyecto que recoge dicha reforma y también el último informe anual de actuación en materia de violencia de género en Andalucía, correspondiente a 2015, que será remitido al Parlamento. El informe revela un incremento del 2% de denuncias por malos tratos el año pasado en Andalucía, un 6% más que en el conjunto de España (20.904 denuncias). Por tercer año consecutivo se reducen (un 3%) los casos de mujeres que renuncian al procedimiento judicial una vez interpuesta la denuncia contra sus parejas.

En 2015 hubo 14 andaluzas víctimas mortales de la violencia machista, un 20% del conjunto del conjunto del país (60). El Sistema Integral de Atención y Acogida de la Junta proporcionó protección y ayuda a más de 2.000 personas en peligro de muerte por violencia machista (1.074 mujeres y 1.094 menores a su cargo). Cerca de 2.500 mujeres recibieron asistencia psicológica gratuita (además de 784 menores y 129 jóvenes de 13 a 18 años) y otras 6.000 accedieron a consultas legales para saber cómo gestionar una separación o interponer una denuncia por abusos sexuales de su pareja o por impagos de pensiones. Los 18 juzgados de violencia sobre la mujer de Andalucía registraron más de 26.000 procedimientos y se tramitaron más de 4.500 órdenes de protección. Los centros de salud remitieron a los juzgados 5.000 partes de lesiones de mujeres, un 26% más que en 2014.