El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Leganés ha admitido a trámite una denuncia por "homicidio y sus formas" a raíz de la gestión llevada a cabo en el Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés durante la primera ola de la pandemia, y ha incoado diligencias previas contra cuatro directivos del complejo hospitalario.

A todos ellos, según el auto, se les cita en calidad de investigados el próximo 4 de junio para darles "traslado de la denuncia" al apreciar el juzgado que las "actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de infracción penal".

Además, oficia a la dirección del Hospital a que informe "a la mayor brevedad posible" del "ámbito de competencias de cada uno de los denunciados", así como de las "actuaciones llevadas a cabo para contener la pandemia en relación con medios materiales, formación de profesionales, organización del trabajo y protección de los trabajadores".

De igual forma, el juzgado reclama que se especifiquen los "criterios de traslado de pacientes Covid-19 a otros hospitales o centros médicos".

La denuncia fue interpuesta por la Plataforma por los trabajadores del Severo Ochoa y la Agrupación Sanitaria Española (ASAES) debido a "la gestión negligente con resultados de lesiones y muerte", ya que consideran que la gestión de la crisis sanitaria en el hospital leganense pudo derivar en una veintena de fallecimientos, incluido el de un enfermero de quirófano del centro.

La denuncia se fundamenta en la gestión de un hospital que, según los denunciantes, "carecía de un Plan de contingencia", lo que habría derivado en "una total improvisación, un descontrol y una ausencia de actuaciones por parte de los responsables a la hora de afrontar las duras condiciones".

De hecho, en lo referente a los traslados de pacientes entre UCIs, la denuncia asegura que los médicos de este departamento del Severo Ochoa desconocían los "criterios", y aseguran que "el chat del WhatsApp de los Jefes de Servicio de la UCI permanecía inactivo a partir de las 22.00 horas, no funcionando por las noches".

"Y esto tuvo graves consecuencias para los pacientes, pues se estima entre los médicos de la UCI que de haber estado activo el WhatsApp por la noche, se podían haber salvado al menos 20 vidas de pacientes del Hospital, con nombres y apellidos", argumenta el documento.

Recortes

La denuncia arranca con los denunciantes apelando al recorte de medios y personal durante los "últimos años" en el Severo Ochoa. Así, recuerda que fue uno de los primeros del país en colapsar por la pandemia y que el complejo hospitalario "no tenía ni siquiera los medios para atender a sus pacientes en un día a día normal", una responsabilidad que atribuyen a los "cargos de dirección que debieron haber actuado –alega la denuncia– y no lo hicieron, dejando a la deriva a todos los trabajadores".

Y tras recordar que "en la UCI no existió ningún tipo de planificación o anticipación" y que "no se transmitió ningún tipo de instrucción por vía reglamentaria", revela que en marzo hubo un brote entre profesionales que participaron en una intervención quirúrgica (4 enfermeros, dos auxiliares de enfermería y un médico) ya que "ni se llevaban Equipos de Protección Individual completos (EPI) y la mascarilla que se utilizaba era la quirúrgica".

Pasaron los días y se hicieron públicos los vídeos de los pasillos de Urgencias llenos de pacientes. El Hospital, según los denunciantes, llegó "a rechazar la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuando era evidente que era necesaria" porque, según esgrimen, desde la consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid se ordenó esperar a que estuviera habilitado el hospital provisional del Ifema.

La denuncia apunta que, desde marzo hasta junio del pasado año, "hubo momentos en los que se llegó a triplicar el número de pacientes en Urgencias y el 27% del personal fue contagiado por Covid".

"La dirección se encerró en su despacho, no dio órdenes (salvo las de no hacer PCR, no dar material, aceptar pacientes de manera descontrolada y rechazar la ayuda de la UME) no se remitió a protocolos porque no existían, no atendió a su equipo de trabajadores y desoyó las peticiones de ayuda desesperadas, de quienes se encontraban bajo su orden y mando".

También apunta a la falta de protección entre los trabajadores sanitarios, que "se protegían con batas hechas de bolsas de basura, en la cabeza y en los pies por falta de escafandras y calzas, batas recicladas que habían perdido su impermeabilidad y chubasqueros".

"En ningún momento se llevaron a cabo medidas de control para evitar la expansión del virus entre los trabajadores, no se les sometió a pruebas de detección y se les dejó contagiarse y contagiar a todos los pacientes", mantienen los denunciantes, al tiempo que revelan que la Dirección de enfermería, encargada de suministrar los EPIs, "obligó al personal a trabajar con equipos reutilizados, los cuales ya habían perdido toda su capacidad protectora, y a trabajar durante todo un turno con el mismo EPI, siendo los turnos de noche de hasta 10 horas de duración".

Por su lado, la Dirección del Hospital Universitario Severo Ochoa ha manifestado hoy "su completa disposición a colaborar con la Justicia en todo aquello que se le requiera".