Jamal Mouna llegó en patera el pasado 18 de enero a las costas de Motril. Huía de la represión marroquí contra los activistas rifeños; quería pedir asilo, pero acabó en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Murcia, junto a otros 15 compañeros activistas y expresos políticos. Ahora, ya en casa de un familiar en Tarragona, el joven intenta que los que viajaron con él corran su misma suerte, que se admita a trámite su solicitud de asilo. "Siento que me he sacudido todos esos sentimientos de miedo que nos han acompañado estos años. Salir y respirar aire libre…", comenta a Público por teléfono.

Lo ha conseguido, ha escapado de la persecución que todavía sufren quienes, como él, decidieron reclamar en las calles mejoras sociales para su región. Es uno de los cientos de activistas del Rif que en 2016 y 2017 desafiaron al régimen marroquí de Mohamed VI en lo que se conoció como el Hirak, un movimiento social que prendió en esta atrasada y pobre región norteña, históricamente abandonada y reprimida por la monarquía alauita desde que España salió del protectorado marroquí. La respuesta del Makhzén —como denominan históricamente a la Casa Real alauí— fue contundente, sobre todo a partir de 2017, cuando las manifestaciones eran diarias y los detenidos se contaban por centenares.

El movimiento, larvado desde entonces, fue totalmente descabezado en cuestión de meses. Más de mil personas fueron arrestadas durante las protestas. Alrededor de 800 fueron juzgadas y unas 400, condenadas por distintos tribunales. Entre ellos estaba Mouna, que pasó dos años entre rejas, en una prisión de Casablanca, por participar y organizar manifestaciones no autorizadas y atentar contra la seguridad y la unidad nacional, entre otros cargos. Fue condenado al mismo tiempo que la considerada cúpula del Hirak. Más de 50 personas juzgadas y condenadas a penas que, en el caso de los líderes, oscilan entre los 20 y los 10 años de prisión, con Nasser Zefzafi, un líder prácticamente improvisado, como símbolo de la represión más cruel, incomunicado en una celda y sometido a graves torturas, según han denunciado organismos como Amnistía Internacional y Human Right Watch, que hablan de "graves irregularidades" en los procesos judiciales.

A los pocos meses de salir de la cárcel, Mouna volvió a ser detenido mientras participaba en otra manifestación. Los cargos fueron similares. El pasado octubre le condenaron a otros ocho meses de prisión incondicional, tan solo por llevar la bandera de la corta República del Rif (1921-1926), dice. La misma que portaban Abd el-Krim y sus guerrilleros cuando peleaban por la independencia contra las tropas españolas y francesas, una rebeldía que conservó la región frente al sultán de Marruecos y abuelo del actual monarca, Mohamed V, después de la descolonización y la independencia de Marruecos.

Estado de excepción constante

Desde entonces, el Rif vive en estado de excepción contante, tachado de amenaza secesionista por el rey, sometido, fuertemente militarizado y sin apenas inversiones. El Hirak prendió por la muerte en 2016 de Mohssine Fikri, un vendedor de pescado que intentó recuperar el género que los policías le confiscaron y arrojaron a un camión de basura, pero la llama se fue avivando por ese maltrato histórico y por la desesperación de los rifeños, personificada en Fikri. Pedían un hospital oncológico, una universidad y trabajo para sus jóvenes condenados a emigrar o la pobreza, entre otros reclamos. Pero solo tuvieron cárcel o exilio. Por eso protesta Mouna, por eso acabó en la cárcel y por eso decidió subirse a una patera que apunto estuvo de naufragar, recuerda.

"No hay palabras para describir la vida de un preso político dentro de una cárcel en Marruecos. Yo pasé dos años. Utilizaron tortura física y psicológica contra mi persona. Es la forma del régimen de contener la disidencia política, para que, cuando vuelvas a ser liberado, el horror que pasaste dentro te haga quedarte con los brazos cruzados y la boca cerrada", sentencia el activista.

No deja de pensar en sus compañeros, encerrados todavía en el CIE de Murcia, con una orden de devolución a Marruecos. "Están en peligro, pueden ser los próximos presos políticos del Hirak si son deportados. Imagínate caer en las manos de quien estás huyendo, de un dictador, en un país sin libertad de expresión, de reunión, de manifestación...", resume Mouna.

La covid complica la asistencia letrada

Con su solicitud de asilo denegada y un recurso que su abogado, Sergio Ramos, no puede preparar adecuadamente a causa de los tres casos de coronavirus que se han detectado en el interior del CIE, la situación es crítica al menos para los otros seis rifeños a los que representa Ramos. "No he podido visitarlos para escuchar bien los relatos y pedir y recabar las pruebas que acreditan que son perseguidos por sus ideas políticas, que participaron en las protestas y que fueron detenidos por la Policía", explica el letrado, que denuncia una "indefensión evidente".

Ramos no entiende por qué acabaron el CIE, ya que primero pasaron por el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) de Motril, donde fueron rescatados por Salvamento Marítimo. "Querían pedir asilo desde el primer momento", incide. Achacan a una mala interpretación del traductor y a la falta de familiaridad con el árabe de los afectados (en el Rif tienen su propio dialecto como lengua materna) que ni la Policía ni, posteriormente, el juez de Motril les permitiera registrar su solicitud de asilo. Solo cuando fueron internados y su orden de devolución incoada pudieron comenzar los trámites, cuyos tiempos se aceleran una vez dentro. "Se han denegado por falta de pruebas. He conseguido que Interior ampliara hasta este miércoles el plazo para recurrir, pero sigo sin poder reunirme con ellos", sostiene Ramos.

Los únicos que ha logrado salir por el momento son Mouna y Mohamed Jawhari, otro activista que pasó por la cárcel durante los momentos álgidos del Hirak. "Tenían su certificado de salida de prisión. Una prueba clara. Los demás no tiene tan fácil acreditarlo o, directamente, no han conservado las pruebas. Cuando huyes, no te llevas los papeles", apunta Reda Benzaza, portavoz del movimiento Hirak en el exilio, quien precisa que quedan en el CIE algunos presos políticos y activistas que fueron detenidos, vigilados y apercibidos para que cesaran en su activismo por las autoridades.

Él lo sabe por experiencia, aunque tuvo la suerte de no tener que huir en patera de una detención segura, ya que tiene permiso de residencia en España por haber estudiado en Granada. "Cuando empezaron a detener a personas de mi entorno decidí marcharme. Yo organizaba asambleas y protestas en Alhucemas. Vi que mi vida corría peligro y tuve que escapar, sin decírselo a mi familia y sin pasar por mi casa, porque estaba siempre rodeada de Policía o agentes de la inteligencia marroquí", confiesa. Era monitor en un colegio español de Alhucemas, al que dejó de ir durante un mes para evitar su detención, expone. Aquí se encarga de visibilizar el conflicto, recabar apoyos y ayudar a los que huyen.

Un éxodo sin cifras oficiales

No hay cifras oficiales de cuántos rifeños han huido de la persecución marroquí, denuncian. Lo confirma la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que lamenta que, al igual que ocurre con la diáspora del conflicto saharaui, no se contabilizan en España. El recuento se hace por nacionalidad, no por casuística. Entre 2017 y 2018 fueron miles los rifeños que lograron salir, aunque, por las mismas razones, tampoco se sabe cuántas solicitudes de asilo han sido admitidas aquí. "No podemos saberlo con certeza, pero calculamos que alrededor del 10%", expone Benzaza, un porcentaje muy reducido que, sin embargo, acredita que Marruecos, el socio más importante de España en múltiples asuntos de calado, entre ellos, el control migratorio, no respeta los derechos fundamentales de su población.

"Si pedíamos mejoras básicas, cosas que están recogidas en las Constitución marroquí, ahora la cosa ha ido a peor y sigue habiendo detenciones de activistas por cualquier motivo", explica Benzaza. La pandemia ha estrangulado más si cabe la economía y las escasas posibilidades de encontrar trabajo, mientras que el bloqueo marroquí de la ruta migratoria del Estrecho y el Mar de Alborán dificultan la salida hacia Europa. Pensaban que la libertad llegaría al otro lado, después "ocho horas a la deriva y sin motor en medio de mar", recuerda Mouna. No esperaban este recibimiento, recluidos e incomunicados en un CIE, en la supuesta Europa de los derechos humanos.