La Plataforma en defensa de la libertad de información (PDLI) brinda su apoyo a Público tras las "inaceptables amenazas sufridas" a raíz de las exclusivas en torno a las cloacas de Interior. El jefe de gabinete del número dos de la Policía de Jorge Fernández Díaz, Jose Ángel Fuentes Gago, intentó amedrentar a este medio por desvelar que tras firmar un informe avalando los negocios de Villarejo le dieron la embajada de Holanda con unas dietas de 10.000 euros al mes para él y su mujer, salario aparte.

"Exigimos responsabilidades ante hechos tan graves", sigue el tuit lanzado desde la cuenta de la PDLI. No han sido pocos los que han mostrado su apoyo al trabajo y la independencia periodística en redes sociales. 

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha expresado a través de un comunicado su condena por las presiones policiales y exige que se investiguen y se sancionen como corresponda.

Asimismo, considera que las presiones "son gravísimas e inaceptables, y ve incomprensible que, a pesar de que los hechos fueran denunciados". Por ello, la PDLI se dirigirá a la secretaria de Estado de comunicación para transmitirle estos hechos e instarle a que se depuren las responsabilidades oportunas.

No es la primera vez que la PDLI se pronuncia sobre las amenazas sufridas por Público, ya que el el pasado mes de junio la Plataforma condenó la entrada de la policía en la redacción de este medio para pedir, sin orden judicial, las grabaciones del ministro del Interior de las que venía informando.

Argumentaron que se trataba “de una presión inadmisible sobre un medio de comunicación contra su derecho a la libertad de información, el secreto profesional y la protección de las fuentes”.

Además, recordaba que, según los estándares internacionales, las autoridades (administrativas, judiciales o de la naturaleza que sea) no pueden obligar a ningún periodista a facilitar información o cualquier tipo de material con el objeto de conocer, por ejemplo, el origen de una filtración (aun siendo ésta delictiva). Solo son admisibles estos requerimientos cuando se trata de evitar la comisión de un delito grave y no existen otros instrumentos para ello.