La primera vez que Alejandro, Lucio y el resto de compañeros de expediente vieron a Paquita fue a bordo del furgón policial que les conducía al juzgado. Ellos venían de la cárcel de Carabanchel, ella, de la prisión de Ventas. Y en el interior del vehículo, a estos 11 jóvenes se les apagaban las esperanzas según se acercaban a la madrileña calle del Reloj, 19, sede del Juzgado Militar de Actividades Extremistas. Su futuro se disipaba y también nacía algo bueno: Alejandro y Paquita acabarían casándose, algunos años después, en uno de los escasos matrimonios civiles celebrados durante el franquismo. Pero aquel día afrontaban un punto de inflexión.

Era el 20 de octubre de 1962, y un tribunal militar incriminaba a estos civiles por asociación ilícita, bandidaje y terrorismo, esta última acusación, relacionada con un artefacto que estalló en el Valle de los Caídos en agosto de ese año. Ninguno de estos extremos pudo probarse, y así lo reconoció el propio tribunal, pero recibieron penas de cárcel de entre 8 y 28 años.

Eran Lucio de la Nava, Alejandro Mateo, Elio Salas, José Martin Rodríguez, Ricardo Metola, Eugenio Cordero, Rafael Asenjo, Francisca Román Aguilera, Francisco Sánchez Ruano, Julio Moreno y Antonio Astigarraga.

Hoy, 60 años después de este consejo de guerra que la nueva Ley de Memoria Democrática declarará ilegal, sobreviven siete de los 11 (De la Nava, Salas, Mateo, Martín, Metola, Cordero y Asenjo) y, salvo los dos años de pandemia, se han reunido puntuales cada 20 de octubre desde 1981 para recordar los episodios que marcaron sus vidas. "Es una forma de hermandad, de seguir en la lucha por la memoria", resume Lucio de la Nava (Madrid, 1940).

Él fue detenido el 8 de septiembre de 1962, de madrugada, y trasladado a la Dirección General de Seguridad (DGS), actual sede del gobierno de la Comunidad de Madrid. La cadena de detenciones continuó aquellos días espoleada por el chivatazo de un espía franquista, el único elemento común que unía al grupo, pues no se conocían entre ellos, salvo tres que fueron compañeros en el servicio militar. La primera vez que se vieron fue en la cárcel de Carabanchel, donde recalaban los presos políticos, exhaustos y aturdidos tras la ristra de palizas que recibían de la policía política de Franco en los calabozos de la DGS.

Aquellos días, a Lucio le rompieron los tímpanos y, con una pistola en la cabeza, el jefe de la brigada político social le obligó a firmar su declaración, según su testimonio, incluido en la querella argentina contra autoridades franquistas por delitos de lesa humanidad. "Una vez firmada, [Saturnino] Yagüe les dijo a los otros policías, '¿veis cómo se hace para que este tío firme?'. Y les enseñó el papel en el que se me atribuía de todo. Cuando llegué ante el juez militar, le dije que me habían obligado a firmar con una pistola en la sien. Y este me golpeó con un flexo en la cabeza y me dijo que me tenían que haber matado".

Por entonces, De la Nava podía intuir qué le había llevado hasta allí, pues meses antes recaudó dinero en su empresa para las familias de los mineros asturianos en la huelga de 1962. Pero ahí no residía el motivo. Ya en prisión, los compañeros de expediente se percataron del nexo en común: todos se habían visto alguna vez con Jacinto, a quien identifican como infiltrado de los servicios de información militar del franquismo.

Francisca Román, Paquita, ya fallecida, hija de un exiliado de la CNT en Toulouse, creció en un ambiente de resistencia y lucha antifranquista y, en ese contexto, coincidió con el supuesto espía. "Alguien de la CNT la envió a establecer un contacto en Madrid, y la detuvieron justo en el lugar del encuentro. Ya la estaba esperando la [brigada] político social", explica el que fuera su marido, Alejandro Mateo. Ricardo Metola (83 años) era su vecino. Y Lucio de la Nava se lo encontró una vez en un bar del Puente de Toledo (Madrid), "donde jugábamos a las cartas y charlábamos sobre asuntos sindicales", y otra en Hermandades Obreras de Acción Católica.

En ese mismo local de la capital se cruzó en el camino de Alejandro Mateo (82 años). "Yo tenía ideas antifranquistas, pero no colaboraba en ninguna actividad. Con Jacinto hablé unos 15 minutos en aquel bar", recuerda, quien ni siquiera, al contrario que De la Nava, imaginaba el porqué de su detención, en Burgos y también de madrugada. "Pensaba en un problema lejano que tuvo una hermana mía pero no tenía sentido, no lo podía entender", rememora.

Así se fueron produciendo las detenciones, en distintos lugares pero en las mismas fechas, un mes después de la detonación en el Valle de los Caídos. El primero fue Sánchez Ruano, que el día de los hechos guiaba a unos turistas extranjeros por el recinto de Cuelgamuros. Las autoridades de la dictadura solo necesitaron esgrimir el pasaba por allí para aplicarle la mayor pena del grupo: 28 años de prisión. "Todo aquel que había tenido un encuentro con este infiltrado pasó a ser detenido. En Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia. Hasta un compañero que hizo la mili con él. Bastaba con no ser franquista para que apuntara tu nombre en la lista que luego pasó a la brigada político social", lamenta De la Nava.

Hace 15 años, se reunieron con Jacinto, en un encuentro promovido por Antonio Martín Bellido, verdadero autor del artefacto que explotó en el Valle de los Caídos en 1962. "Nos lo negó todo. Llegó a decir que perdió una maleta donde tenía apuntados nuestros nombres". Martín Bellido trató en 2006 que el Tribunal Supremo revisara este consejo de guerra, sin éxito.

Torturas en la Puerta del Sol

Tras las detenciones, llegaron las torturas que la policía política de Franco aplicaba siguiendo un esquema similar: retener en los calabozos durante varios días a los detenidos sin comunicación y, después, extraerles confesiones a golpes. "El trato a las mujeres era aún más vejatorio", anota De la Nava. "Paquita recibió torturas físicas y psicológicas", denuncia Alejandro Mateo. "Lo peor eran los calabozos. Eran siniestros. Me tuvieron varios días sin decirme nada, a oscuras con solo una bombilla lejana y lentejas con agua para subsistir. Lo tenían bien medido", añade. Colocar garbanzos en el suelo y poner a los presos encima, con las rodillas desnudas aguantando el peso de sus torturadores era otra práctica habitual, así como apagar cigarrillos en su piel, descargas eléctricas o golpear con una regla los pechos de las mujeres.

Un consejo de guerra sin defensa

De la DGS, los detenidos fueron a las prisiones de Ventas, Paquita Román, y de Carabanchel. El 20 de octubre, día del consejo de guerra, el vehículo policial la recogió primero a ella. "La vimos allí, sola, asustadísima. Le dimos un soplo de vida", detalla Alejandro Mateo. Durante el juicio, Paquita sufrió el desprecio del militar destinado a la defensa del grupo, el mismo que les recriminó por haberle escogido para la tarea. "Lo primero que dijo fue que le habían obligado a defender a una panda de rojos. Ese era nuestro abogado", resume Lucio. Y en el momento de las penas, cuando el fiscal solicitó 12 años para Francisca, este abogado se levantó para espetar que "no podía ser, que le correspondían 15 años", recuerda.

Los indultos y la boda civil

Del tribunal militar salieron aquel 20 de octubre con unas penas que fueron reduciendo por dos indultos generales y trabajo. Alejandro y Lucio, cerca de dos años. Sánchez Ruano, 11, fue el último en salir. Paquita, tres y, cuando volvió a la luz, allí la esperaban en la puerta de la prisión de Alcalá de Henares sus compañeros de expediente que recobraron la libertad antes que ella. Poco después, Alejandro y Paquita comenzaron otro periplo legal, esta vez, para lograr casarse al margen de la iglesia en plena dictadura nacionalcatolicista. Y lo consiguieron, apostasía mediante.

"Fue gracias al trabajo de un decano del colegio de abogados de Valladolid. Tuvimos que apostatar de la fe católica, y finalmente lo logramos en el juzgado de la calle María de Molina", explica Alejandro sobre lo que era todo un logro para valientes. "Fue muy arriesgado. Recuerdo que vino un profesor de la facultad de derecho de Madrid, con sus estudiantes, porque se trataba de un hito. Y el juez, que imagino estaba muerto de miedo, no les dejó pasar".

La represión laboral y la reparación pendiente

Lucio aún recuerda cómo el jefe de la DGS le anunció que no volvería a tener ningún trabajo técnico, y que le iba a ver "picando piedra en las carreteras". Él había estudiado oficialía industrial y, tras salir de prisión, aprobó unas oposiciones en Telefónica. Duró dos horas en su puesto. La compañía recibió una carta de la DGS advirtiendo que era un "peligroso terrorista que podía ocasionar daños en las telecomunicaciones".

La historia se repitió con otras oposiciones, esta vez, a la petroquímica de Tarragona, donde quedó el segundo. En este caso, le echaron antes de comenzar por idéntico motivo. Y lo mismo padeció Paquita quien, bilingüe en francés, logró trabajo en la compañía Citroën. "A los tres días de estar trabajando le dijeron que tenía que marcharse por causas ajenas a la empresa", apunta Alejandro. "Nos tenían como terroristas, y yo en mi vida he visto una pistola ni una dinamita, pero todos lo sufrimos", lamenta sobre el estigma que les ha acompañado hasta la democracia por figurar en algunos ficheros policiales. En Estados Unidos, directamente, les deniegan los visados. "Algunos compañeros viajaron a ese país pero yendo primero al Ministerio de Justicia a pedir un certificado de antecedentes caducados, presentarlo en la embajada de Estados Unidos y en unos diez días les llegaba el visado. Pero yo me negaba a hacer ese trámite", deplora Lucio.

Después de seis décadas desde su consejo de guerra, 83 años desde el fin de la contienda y 47 desde la muerte del dictador, estos supervivientes con edades entre los 82 y 90 años han perdido la esperanza. Preguntado sobre la nueva ley de Memoria Democrática, Alejandro suspira un lacónico "llega tarde". Y Lucio asegura que no piden otra cosa que "verdad, justicia y reparación" tras una vida de lucha antifranquista y por la memoria histórica. "Que se sepa la verdad y, aunque nuestros verdugos ya no vivirán, que se publiquen sus nombres y se elimine todo vestigio de nuestras condenas", reclama.