Hace seis años, ni más ni menos, que la Justicia reconoció el derecho a dar digna sepultura a los restos de dos represaliados republicanos que yacen en el Valle de los Caídos. La estela de aquella pionera sentencia del Juzgado de Primera Instancia 2 de San Lorenzo de El Escorial, localidad madrileña donde se encuentra el mausoleo franquista, podría alcanzar a la totalidad de familias que llevan décadas peleando por poder sacar de Cuelgamuros a sus seres queridos, trasladados por el Régimen a escondidas, a partir de 1959, para darle contenido al deseo del dictador de erigir un gigantesco sepulcro que glorificara su victoria.

Desde entonces la maquinaria ultraderechista, con la Fundación Francisco Franco a la cabeza, ha bramado incansablemente contra el derecho que asiste a los familiares a sacar del Valle de los Caídos a sus seres queridos.

Y cuando, a partir de junio de 2021, por fin, salvados los obstáculos burocráticos, podían emprenderse los trabajos de exhumación para 55 personas [en base al primer proyecto de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática] inhumadas penosamente allí, ese entramado franquista creó una organización ex profeso —Asociación para la Reconciliación y la Memoria Histórica— para acometer una nueva batalla de su guerra judicial o lawfare, que ha conseguido paralizar las exhumaciones. Ha contado a su favor con las actuaciones de una jueza y de una alcaldesa del PP.

Este martes se ha conocido la decisión de la jueza Eva María Bru Peral, titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 10 de Madrid, de no ejecutar el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que en junio pasado levantaba la medida cautelar dictada por ella misma para frenar las exhumaciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid entiende que la intervención en Cuelgamuros para los trabajos de exhumación de 55 personas no implicará "una transformación urbanística irreversible de las criptas", por lo que "no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de la licencia urbanística".

Sin embargo, la jueza Bru Peral cree que su medida cautelar de paralizar la licencia de obras que inicialmente otorgó el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para poder acometer las exhumaciones está bien dictada y que no debe levantase pues lo que la motivó sigue sin resolución judicial. Se refiere a la media docena de recursos que presentaron en el Tribunal Supremo tanto la Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica como la Fundación Francisco Franco, la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos y varios particulares contra el auto del TSJ de Madrid que reactivaba los trabajos en la cripta de Cuelgamuros. 

La jueza que avaló la venta de pisos del Ivima a un fondo 

Los recurrentes, tan poco proclives a la reconciliación que cacarean, pedían a la magistrada que suspendiera la licencia invocando el "derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y la necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas". Y la jueza accedió.

De esta manera, la magistrada Bru Peral, la misma que avaló la venta de 32 promociones de viviendas públicas del IVIMA a un fondo buitre en 2013, dinamita la posibilidad de que se ejecute el fallo del TSJ madrileño antes de que el Supremo se pronuncie sobre los recursos de los nostálgicos del franquismo. 

La Asociación por la Reconciliación y la Memoria Histórica, formada por defensores del legado de Franco, se presentó en sociedad en marzo de 2022 en un acto en el Casino Militar de Madrid, meses antes de acudir a los tribunales en defensa del Valle de los Caídos. Se califica como una "asociación solidaria, de ámbito nacional, cuyo marco de actuación es la Constitución. Independiente de cualquier partido político y compuesta por un equipo multidisciplinar de profesionales: abogados, historiadores, artistas y militares, entre otros, que llevan 10 años trabajando por la defensa del patrimonio histórico español. Y hará frente a todo intento de expolio del mismo bajo la apariencia de Memoria Histórica y para ello no escatimará en recursos humanos, materiales y económicos". 

Este martes celebraba su triunfo judicial con un tuit en el que clamaba: "No permitiremos que excavadoras, explosivos y palas ideológicas acaben con el patrimonio histórico y artístico español, dinamitando aun más el ánimo y la convivencia entre ciudadanos. Necesitamos tu ayuda". Piden donativos para llevar a cabo su misión. 

Una alcaldesa que depende de Vox

En el ámbito político también se rema a favor de los que se oponen a que los muertos salgan del Valle de los Caídos y sean enterrados dignamente donde decidan sus familias. La alcaldesa de San Lorenzo de El Escorial, Carlota López Esteban, del PP, está en el epicentro de la batalla, pues de ella depende la licencia de obras, que es la llave para poder acometer las exhumaciones. Investida en esta legislatura gracias a los votos de Ciudadanos y de Vox, la memoria democrática no es una de sus prioridades, según los pactos de gobernabilidad impuestos por el partido de Santiago Abascal.

La licencia se dio en un principio, sin problema alguno. ​Corría el mes de junio de 2021. Las familias de las víctimas y el Gobierno respiraban tranquilos. El primer escollo, el trámite ante el Ayuntamiento del que depende administrativamente Cuelgamuros, se solventaba con facilidad. Pero era sólo un espejismo. 

Cinco meses después, el ayuntamiento sanlorentino dictó la suspensión de la licencia urbanística ante la medida cautelar ordenada por la jueza Eva María Bru Peral. La Abogacía del Estado, en nombre de Patrimonio Nacional, interpuso un recurso de apelación, que fue estimado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, sentenciando que no era necesaria la suspensión cautelar.

Pero de nada sirvió, porque la alcaldesa adujo que la sentencia del Tribunal Superior no era firme, a la vista de los recursos de los nostálgicos franquistas, y se negó a las pretensiones de Patrimonio, que pedía ejecutar el fallo. 

La decisión de la regidora ha provocado que 104 familias presenten una querella por prevaricación administrativa en su contra, hace dos semanas. Las familias consideran que Carlota López habría incurrido en un presunto delito de prevaricación al contravenir diversas resoluciones judiciales y con ello "vulnerar la reparación de las víctimas y el principio constitucional de la dignidad de las personas".