La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha convocado este martes a los líderes de Comisiones Obreras, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez a una reunión en su departamento ministerial para tratar de cerrar un acuerdo sobre la subida del salario mínimo interprofesional.

Fuentes sindicales apuntan a que Díaz ha tomado esta decisión después de que la reunión de sus equipos, liderada por el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, y celebrada este mismo martes por la mañana, haya terminado sin la posibilidad de alcanzar un pacto. 

A esta reunión no ha acudido ningún representante de la CEOE, patronal que sí que habría enviado su propuesta por escrito. Esta es elevar un 4% el SMI, hasta alcanzar los 1.040 euros, a cambio de una rebaja del 20% por parte del Gobierno en las cotizaciones de los sectores agrarios y de empleadas del hogar, y de una modificación en la ley para indexar los contratos públicos a este aumento del SMI (con el objetivo d poder repercutirlo en los contratos vigentes).

Tampoco se espera que el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, acuda a la reunión que mantendrán la vicepresidenta segunda del Gobierno y los secretarios generales de las principales organizaciones sindicales. Junto a Díaz, Sordo y Álvarez también participan de la reunión en el Ministerio de Trabajo Pérez Rey, la secretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones, Mari Cruz Vicente, y el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján (negociadores de la mesa celebrada por la mañana que ha finalizado sin acuerdo).

El de este martes era el segundo encuentro que reunía a Gobierno y agentes sociales para hablar sobre el salario mínimo. La última reunión tuvo lugar el 21 de diciembre, cuando Trabajo dio traslado a sindicatos y patronales del informe de expertos elaborado en el seno del Ministerio que situaba la horquilla para subir el SMI entre 1.046 y 1.082 euros (cifra con la que se alcanza el 60% del salario medio, un compromiso del Ejecutivo de coalición que sigue la recomendación de la Carta Social Europea).

Desde las organizaciones sindicales se pidió que la subida se situara entre la horquilla alta del informe (1.082 euros) y los 1.100 euros, ya que cualquier otra cifra estaría, a su juicio, desconectada de la evolución de los precios y de la inflación que sufren España y el conjunto de países europeos, por la que las familias trabajadoras han perdido poder adquisitivo.

La patronal se borra de la negociación

Mientras que Trabajo era partidario de optar por la horquilla alta del informe, esos 1.082 euros. La ausencia de la patronal en la reunión de este martes fue criticada por el resto de agentes sociales y por el Ejecutivo, que señalaron a la "irresponsabilidad" de la CEOE antes de comenzar a negociar. 

"Me apena que la patronal española no esté sentada en la mesa. Una medida que afecta a millones de personas no puede tener a una patronal ausente, es una irresponsabilidad y les pido que vuelvan a las mesas del diálogo social", comentó el secretario de Estado de Empleo minutos antes de que la mesa iniciara las negociaciones.

"Nos parece que es una falta de responsabilidad. Hoy venimos a la segunda reunión del SMI y es cierto que (las patronales) mandaron una propuesta por escrito, pero las propuestas y la negociación se hacen en la mesa del diálogo social, no contestando individualmente a cada una de las partes. Esto demuestra que las organizaciones empresariales todo lo que se trata de incrementar salarios lo rehúyen", aseguró Mari Cruz Vicente, de CCOO.

Más allá de la posición de la patronal, desde el Ministerio de Economía se pidió que no se cerrase un acuerdo que no contase con el consenso de todas las partes, incluido el empresariado. Sin embargo, la ministra de Trabajo siempre ha dejado claro que no avanzar en las conversaciones cuando una de las partes no se mueve de su posición es dar "capacidad de veto" sobre la negociación a dicha parte, una máxima que, en principio, se mantendrá en esta mesa de diálogo.

En todo caso, aunque las subidas del salario mínimo siempre se han hecho con acuerdo (a veces tripartito y otras veces tripartito), la legislación establece que es una competencia exclusiva del Gobierno fijar la cuantía.